¿Un CNE de Guaidó?, de Ismael Pérez Vigil

La pregunta del título se debe a que esta semana ha comenzado a insistirse en la designación de un nuevo CNE. Hasta ahora esto no había pasado de ser un tema de redes sociales, pero ahora voceros de algunos partidos lo plantean como una propuesta concreta y real que se debe adoptar cuánto antes.

Esta semana se rumoró incluso que la Asamblea Nacional (AN) procedería a designar el Comité de Postulaciones Electorales (CPE), primer paso en la dirección de nombrar un CNE; afortunadamente no fue así, pues si lo fuera podríamos estar ante el primer error grave de esta nueva oleada opositora, que se origina a partir de la designación de la directiva de la AN el pasado 5 de enero.

Aun cuando no pasó de un rumor lo de la designación del CPE, vale la pena adelantar unas reflexiones al respecto, tanto para los diputados, como para todos los venezolanos, en especial para algunos impacientes opositores.

La ruta esbozada por la AN y el presidente Guaidó –y que ahora recoge el denominado Estatuto para la Transición– es clara: poner fin a la usurpación, nombrar un gobierno de transición y convocar elecciones libres. Ese es ni más ni menos el orden y no es casual que sea así. Es probable que haya caminos más cortos, nadie lo sabe con certeza, pero pretender invertir ese orden es precipitar acontecimientos que no tienen sentido y que llevarán a nuevas frustraciones.

Desde luego nadie puede pensar en realizar elecciones con el actual CNE. Sin mencionar otros factores que lo ilegitiman, para empezar, todos sus integrantes, sin excepción, son ilegítimos, fueron designados de manera irregular por el TSJ, siendo que es una función de la Asamblea Nacional. TSJ, que a su vez es también ilegítimo, nombrado entre gallos y medianoche un 23 de diciembre de 2015 y que además inconstitucionalmente desconoció a la propia AN, despojándola de diputados y declarando ilegales todas sus decisiones, actos y leyes aprobadas.

Por tanto, primero habría que poner remedio a la situación institucional del país; para que, entre otras cosas, sea la AN, con plenas funciones y su mayoría de 2/3, la que proceda con el mecanismo previsto en la constitución para designar un nuevo CNE. Pero además es necesario designar el resto de los poderes públicos, irregularmente constituidos: terminar de designar al TSJ, pues en 2017 solo fueron designados 13 de sus 32 magistrados; designar el Fiscal General, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo. ¿Es posible hacer esto en las condiciones actuales? Es decir, ¿Es posible hacerlo de manera que estas instituciones o funcionarios tengan la posibilidad real de ejercer sus funciones de manera eficaz?, desde luego que no. Por eso es imprescindible que primero cese la usurpación, que después se constituya el gobierno de transición para que paralelamente la AN vaya poniendo orden legal e institucional en el país.

Por ejemplo, para designar el CNE hay que comenzar por modificar la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) –aprobada por la AN pro régimen del periodo 2010-2015– pues no olvidemos que sus artículos 19 y 20, precisamente los que prevén como se constituye el CPE, son inconstitucionales, pues establecen que dicho Comité está integrado por una mayoría de miembros (11 de 21) que son diputados –miembros de una institución política del estado– y no integrantes de la sociedad, como establece el artículo 295 de la Constitución. Elegir un CNE a partir de un CPE conformado de acuerdo con la LOPE vigente no solo es arrancar de manera inconstitucional, sino también con mal pie, al continuar despojando a la sociedad civil de uno de sus derechos y atribuciones.

Una vez modificada la LOPE y constituido el CPE –como ordena la Constitución y que se refleje adecuadamente en la ley– se inicia un proceso de postulación, selección y designación de candidatos, cuya duración –de acuerdo a los lapsos establecidos actualmente en la ley– no es menor de dos o tres meses. Desde luego que son lapsos que siempre se pueden modificar, recortar o simplificar. Pero debe haber un tiempo, por mínimo que sea, para que el CPE reciba y seleccione los candidatos que propondría a la AN para su designación.

Pero, a pesar de que lo descrito es muy importante, no es lo más importante. Lo más importante es que ese CNE que surja de la actual AN pueda en verdad ejercer sus funciones y que cuente con las condiciones materiales, físicas, para hacerlo. Eso, claramente, no es posible que se pueda hacer en este momento, sin que se haya despojado al país de la rémora que supone este régimen dictatorial. Ese CNE sería inmediatamente perseguido y acosado por el régimen –que espera cualquier error u oportunidad– y probablemente correría la suerte de los integrantes del TSJ designados por la actual AN en 2017 y que se han visto precisados a irse al exterior. Que ocurra lo mismo con los rectores del CNE marcaría más que una victoria un fracaso y un retroceso en el nuevo escenario político de la oposición.

Con relación al tema electoral, surgen una serie de interrogantes que es imprescindible despejar: ¿Puede un CNE sesionar desde el exilio? ¿Puede depurar el Registro Electoral desde la distancia u organizar y supervisar el registro de varios millones de electores que están en el exterior? ¿Podría revisar y actualizar el sistema automatizado de votación, para que sea confiable para los venezolanos? ¿Puede emprender una agresiva campaña para rescatar la confianza en el voto que los venezolanos han perdido? ¿Podría conducir y organizar el proceso de legitimación y fortalecimiento de los partidos políticos y la restitución de sus derechos políticos a los candidatos ilegalmente inhabilitados? Por último, ¿Podría, tan siquiera, ejecutar un “presupuesto” que le asignara, hipotéticamente, la AN? Desde luego que no. En este momento, ni en lo inmediato, podría cumplir con las tareas señaladas y otras indispensables, para organizar unas elecciones libres, que es lo que aspiramos todos los venezolanos y alienta la comunidad internacional que nos apoya.

No tiene, entonces, ningún sentido designar un organismo que no va a poder cumplir cabalmente con sus funciones. Como hemos dicho, ya hemos vivido esa experiencia con los 13 funcionarios del TSJ, designados por la AN en 2017, y que hoy están en el exilio. Ya tuvimos, además, en 2017 una experiencia fallida en designar un CNE por parte de la AN, no vale la pena repetirla por complacer al impaciente público de galería y managers de tribuna. Es que hasta parece una maniobra de la dictadura para desprestigiar nuevamente a la oposición y a Juan Guaidó, buscando que se estrelle con una medida precipitada.

Puede ser idílico hablar de nombrar desde ahora un CNE; sin duda es una propuesta “agresiva”, que trasluce “determinación”, “radicalismo”, que seguro es lo que muchos venezolanos quieren escuchar –y por eso algunos lo proponen–, pero aparte de ser una idea romántica, “radical”, es utópica, irreal e imprudente y la impaciencia nos conduciría a enormes frustraciones que terminarían de minar la credibilidad que queda en el venezolano en los procesos electorales, que ya está bastante deteriorada. Por eso a la pregunta del título, ¿Un CNE de Guaidó?, respondo tajantemente, no creo que sea idea de Guaidó.

Hay muchos más puntos por hablar sobre este tema, pero por esta vez con los esbozados es suficiente para recordar que, en materia electoral, se deben dar pasos muy seguros y firmes pues se trata de restituir la fe y confianza de los venezolanos en un mecanismo –el voto– que es la base para reconstruir nuestra democracia y sistema de libertades.

Lea también: “La negociación y la amnistía de Guaidó“, de Ismael Pérez Vigil