Publicado en: Noticiero Digital
Por: Mario Villegas
Ya es rutinario el doble rasero en las actuaciones de la jerarquía oficialista. Es lugar común escucharlos pontificar una cosa y hacer todo lo contrario. Son como aquel jugador de dominó cuya prédica hacia su compañero parece regirse por el contradictorio y desconcertante lema “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”. Solo que en el dominó esta incoherencia apenas afecta a la pareja de juego.
No pocas veces hemos dicho que la cúpula gubernamental tiene doble moral y que tener doble moral equivale a no tener ninguna. Pero si en alguna materia se hace escandalosamente visible esa ausencia de moral es en el tratamiento a sus adversarios políticos, especialmente a aquellos que la “revolución bonita” mantiene en condición de detenidos o presos.
Viene a la mente la triste imagen de Antonio López Acosta y Haydee Castillo de López, dos socialcristianos de muy avanzada edad, detenidos en su residencia y esposados públicamente cual peligrosos delincuentes, cuando aún lloraban a su hijo recién muerto en un presunto o real enfrentamiento con la policía.
El régimen se deleita con la humillación a quienes lo adversan.
Así se ha corroborado una vez más en el caso del diputado Juan Requesens, cuya inmunidad parlamentaria no solo fue pisoteada al violentar los procedimientos constitucionales para su allanamiento y enjuiciamiento, sino que además fue objeto de tratos crueles y degradantes, proscritos expresamente por la Carta Magna.
Para quienes argumentan que Requesens no muestra signos materiales de tortura es recomendable que lean el significado que el diccionario de la Real Academia Española da a la palabra tortura: “Grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, con métodos y utensilios diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como medio de castigo”.
¿Duda alguien que en Venezuela los cuerpos represivos rojo-rojitos infligen grave dolor físico o psicológico a sus presos, especialmente a los políticos?
¿Cuántos de esos presos no han atentado contra sus propias vidas precisamente como consecuencia de los suplicios materiales o psicológicos a que han sido sometidos? ¿Cuántos han salido de la cárcel con delicados trastornos de salud física y mental?
Independientemente de la naturaleza de las acusaciones y la culpabilidad o no de Requesens, se trata de un ciudadano venezolano que merece cuando menos un tratamiento parecido al que recibió el comandante Hugo Chávez Frías tras el magnicidio frustrado que éste encabezó contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez y su familia en 1992, a consecuencia del cual fallecieron numerosas personas, como está perfectamente probado.
Jamás se supo que Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Diosdado Cabello u otro de sus socios haya sido sometido a torturas y tratos degradantes. Nunca sus captores mostraron a alguno de ellos por televisión en calzoncillos, menos aún embadurnado de excremento propio o ajeno, como acostumbran ahora los esbirros del PSUV humillar a sus prisioneros políticos.
La ministra de Prisiones, Iris Varela, habla linduras del nuevo régimen penitenciario venezolano. Y deben ser tan buenas las cárceles en el país que, en medio de la miseria y la hambrazón que reina en todo el territorio nacional, a cualquiera podría provocarle estar recluido en uno de esos espectaculares presidios de “Iris en el país de las Maravillas”.
Que se dé un paseíto por los calabozos del SEBIN y demás centros de reclusión de presos políticos para que constate o desmienta las graves denuncias que de estos emanan diariamente sobre torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos.
¿Será que hay un trato VIP para los delincuentes comunes y otro absolutamente infernal para los presos políticos?
La misma recomendación va para el Fiscal General designado por la ANC, Tarek William Saab, quien todavía le debe al país una declaración sobre la carnicería de El Junquito, de la cual se cumplen siete meses, donde el ex policía Oscar Pérez y otros alzados en armas fueron, una vez rendidos, masacrados en vivo y directo con armamento de guerra de poderoso calibre.
Desde una posición democrática y pacifista, muy distante de quienes promueven salidas de corte violento y extraconstitucional, no puede sino condenarse a todo evento las prácticas aberrantes que caracterizan la actuación de los cuerpos represivos del estado, los cuales cuentan con el aval y la impunidad que les garantiza un régimen que embarra con su excremento las garantías y derechos plasmados en la Constitución.
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