Publicado en: Yahoo Noticias
Por: Pedro Pablo Peñaloza
Son las 9 de la mañana de este caluroso miércoles 29 de agosto y la mayoría de las tiendas del mercado municipal de San Martín, ubicado en el oeste de Caracas, permanecen cerradas. Una señora con su hija en brazos recorre los desolados y oscuros pasillos del establecimiento, tratando de completar la compra del día.
- “¿Tiene harina de trigo?”, pregunta la dama de cabello largo y canoso.
- “¡Nada de eso! Tú sabes que todo lo que tiene precio regulado desaparece de inmediato”, le responden desde un pequeño almacén.
Una pareja atiende el local. “Estábamos de vacaciones y no tenemos mucho que ofrecer, pero abrimos porque tenemos miedo”, confiesan. “Si no venimos, de repente llega la policía, rompe los candados y nos obliga a vender a la fuerza. Los funcionarios siempre hacen lo que les da la gana”, advierten los esposos con una mezcla de temor e indignación.
El régimen chavista ha emprendido –otra vez- una cacería contra los comerciantes y gerentes de supermercados, en el marco del nuevo plan económico lanzado el lunes 20 de agosto por el presidente Nicolás Maduro. En apenas 72 horas, medios locales reseñaron que al menos 200 personas fueron detenidas en las inspecciones ejecutadas por funcionarios para combatir la “especulación” y el “acaparamiento” de los productos básicos.
Aunque la propaganda oficial afirma que el gobierno aplica un programa de “recuperación económica, crecimiento y prosperidad”, los expertos denuncian que Maduro está tratando de apagar un incendio con gasolina. El paquete de medidas incluye quitarle 5 ceros al bolívar, la devaluación de 95% de la moneda local ante el dólar, el incremento del IVA hasta 16% y un aumento del salario mínimo de 3.000%, que ha puesto a temblar a todos en un país ya martirizado por la hiperinflación y la escasez de alimentos y medicinas.
El “paquetazo” chavista ha cumplido los peores augurios. Paralizó la actividad comercial, vació los anaqueles y subió unos precios que ahora el gobierno intenta bajar a la fuerza. Policías, militares y fuerzas paramilitares afines a la revolución toman los supermercados y abastos, organizan ventas “controladas” y sacan esposados a los gerentes y administradores que acusan de impulsar una supuesta “guerra económica” para desestabilizar al régimen.
“Los funcionarios son agresivos, te humillan y eso da mucha impotencia”, expresa otro comerciante del mercado de San Martín. “Aquí la mayoría de los dueños de los locales son personas mayores que ahora padecen de hipertensión y algunos hasta han sufrido accidentes cerebrovasculares (ACV) porque estamos sometidos a mucha presión”, admite este hombre de 46 años.
El vendedor cuenta que “cuando me llega harina precocida de maíz –utilizada para preparar las típicas arepas- no puedo ni dormir, porque empeoran las fiscalizaciones y debo colaborar con los Clap (comités locales de abastecimiento y producción)”, programa oficial que reparte bolsas de comida subsidiada a la población.
Luces, cámara…
Es lo que tiene la revolución. Una labor absolutamente rutinaria y corriente, se ha convertido en un oficio de alto riesgo. “Nunca pensamos que podíamos llegar a estos niveles de despotismo. Sales de tu casa a la oficina y no sabes si después podrás volver con tu familia”, expone el gerente de una cadena de supermercados con 15 años de experiencia en este negocio.
Junto con líderes de partidos, diputados y dirigentes sociales contrarios al gobierno, la ONG Foro Penal Venezolano ha registrado en su lista de presos políticos a dueños y responsables de supermercados y farmacias. Los defensores de Derechos Humanos sostienen que el chavismo los detiene para evadir su culpa en la peor crisis que ha afligido a Venezuela y sustentar el discurso oficial que habla de una “guerra económica” perpetrada por el “imperialismo” y la “oligarquía”.
El gerente recuerda que en una oportunidad les visitó un supervisor “muy poderoso, que públicamente había sido respaldado por Maduro”, y que los saludó diciendo: “tú eres un ladrón, que escondes los productos y sube los precios”. A pesar de las descalificaciones, la fiscalización culminó en paz, los papeles estaban en regla y el agresivo funcionario dio media vuelta para marcharse. Sin embargo, allí ocurrió lo inesperado.
“En ese preciso instante llegaron unas cámaras de televisión y el funcionario decidió regresar para apresar a uno de nuestros trabajadores. Todo frente a las cámaras para hacer el show de la detención”, apunta el gerente, harto de los vejámenes y la discrecionalidad que atenta contra su actividad. “No se trata de perder el empleo, sino también la libertad. La gente no quiere trabajar, no importa el salario que le pagues”, lamenta.
Peor que nunca
Encabezada por el propio Maduro, quien ha pedido “mano de hierro” contra supermercados y farmacias, la cúpula chavista azuza a sus militantes para que hagan respetar la política de control de precios que ya suma 15 años de vigencia en un país que, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), terminará este año con una hiperinflación por encima de 1.000.000%.
“Compatriotas, está claro que la burguesía se resiste, quiere sabotear, depende de nosotros, vamos a denunciar a los especuladores, que se aplique todo el peso de la ley, como ellos no entienden de multas, entonces que se entiendan con la justicia”, escribió en Twitter Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidente de la Asamblea Constituyente que instaló el oficialismo para anular al Parlamento de mayoría opositora.
Un gerente que trabajó durante 46 años en una de las cadenas más importantes del país asevera que jamás vivió una situación tan difícil como la actual. Ni siquiera en febrero de 1989, cuando estuvo encerrado durante tres días en una tienda de Chacaíto, centro-este de la capital, mientras estallaba en las calles “el Caracazo”, ola de saqueos en protesta contra las medidas económicas del gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez.
El chavismo penetró el sindicato de la empresa y la directiva tuvo que adaptarse a la nueva realidad. Cedían ante el chantaje de los militares, a quienes entregaban comida a cambio de seguridad. Grupos paramilitares afines a la revolución imponían el orden en las largas colas frente a los supermercados. “Cuando el gerente trataba de intervenir, una pistola de por medio ponía en claro cómo proceder”, indica el administrador.
“Uno siente vértigo e incertidumbre. Yo siempre he visto que la situación de nuestro sector es muy arriesgada ante un gobierno que lo quiere dominar todo”, resume este profesional de 38 años, que ha tenido que soportar amenazas de militantes chavistas, gritos de clientes, insultos de revendedores y el acoso de los funcionarios.
En el mercado de San Martín, la dueña de una carnicería abre nuevamente su negocio después de pasar semana y media cerrado. Las neveras están vacías. Mientras conversa, le toma la foto a un “sapo”, un joven de chaleco rojo –color del chavismo- que camina por los pasillos vigilando el desempeño de los comerciantes.
- ¿Vale la pena trabajar bajo estas condiciones?
- “Hay que subsistir. Esta es una guerra de sobrevivencia, simple y llanamente”, contesta empinándose desde su frío mostrador.
¿Su "delito"? ¿Ser hombre de trabajo, prestar servicios, generar empleos? ¿Es eso pecado en el país donde el gobierno reparte dinero inorgánico con el Carnet de la Miseria? Gobierno apresa como delincuente al Gerente del mercado Plan Suarez, El Cafetal. ¡Comunismo! pic.twitter.com/Zr0WIfBRJ4
— Jesus Chuo Torrealba (@ChuoTorrealba) August 22, 2018
