Publicado en: El Nacional
Por: Alberto Arteaga
No hace falta invertir muchas palabras para dejar aclarado que en Venezuela no hay justicia y, como dice san Agustín, estamos en la tierra propicia para la bandas del crimen.
La violencia está a la orden del día, la impunidad es la regla, los órganos de administración de justicia se encuentran marginados y presionados por quienes ejercen el poder. A pesar de todo ello, se pretende mantener una “apariencia de legalidad” que confirma el autoritarismo, la anomia y el caos del sistema que tiene a su cargo resolver los conflictos societarios.
Por lo demás, el lenguaje oficial se ha empeñado en acuñar términos que pretenden cambiar las cosas o suministrar una imagen falsa del horror de la injusticia penal venezolana.
Se ha insistido en sustituir la expresión preso por “privado de libertad”, delator por “patriota cooperante” o “fuente viva de información”, ajuste de cuentas por “enfrentamiento”, uso criminal de la fuerza pública por “exceso en los medios utilizados por funcionarios policiales del orden”, pena de cárcel por “medida judicial de privación de libertad”, impunidad de crímenes atroces por “investigación exhaustiva”, presos políticos por “políticos presos”.
En definitiva, entre nosotros, la justicia recorre oscuros vericuetos de indignidad y se desenvuelve en escenarios improvisados o en los pasillos de los “palacios” destinados a su administración, en los cuales, sin más, se ordena “dejar pegado” al investigado y remitirlo a oscuras mazmorras, a la espera de una boleta de excarcelación que podría no ser acatada.
El proceso penal, camino “para establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho” (artículo 13 del COPP), ha sido desvirtuado totalmente para ser convertido en un instrumento del terror del Estado para hacer pagar por las condiciones de indigencia o por factores políticos que se resumen en la calificación de disidente.
Se apresa sin orden judicial y sin flagrancia, apelando en el mejor de los casos a una orden de captura sin los soportes de una medida judicial para privar de la libertad; se acusa por delitos graves que pretenden justificar la detención provisional, o se recurre a la imputación sin fundamento del delito de asociación para delinquir de la Ley contra la Delincuencia Organizada; se condena de una vez por la imposición de la prisión preventiva, más dura que una sentencia firme; se somete a nuestros presos al sufrimiento insoportable de la incertidumbre y de la humillación que se extiende a toda su familia; y se libera a un encarcelado el día menos pensado por una orden superior, sin que se reparen daños ocasionados ni se exija responsabilidad a quienes ordenaron y mantuvieron la injusta prisión.
La justicia brilla por su ausencia y la injusticia impone su dominio en la sociedad, con las impredecibles consecuencias del imperio de la venganza privada.
