Publicado en: Blog personal
Por: Ismael Pérez Vigil
Los temas políticos se amontonan, se agolpan y sobreponen: Los informes sobre derechos humanos, la “misión” enviada por Josep Borrell a Venezuela para hablar sobre elecciones, el retiro de los candidatos de Capriles, la amenaza de promulgación de una ley totalitaria antibloqueo, las protestas y disturbios populares… por solo mencionar algunos; pero como siempre hay que escoger, creo que lo relativo a las reacciones ante los informes sobre la violación de derechos humanos en Venezuela es el más apropiado.
En efecto, el mes de septiembre fue muy movido y muy intenso en materia noticiosa sobre Venezuela, particularmente en materia de derechos humanos (DDHH).
Como bien sabemos, por el despliegue noticioso internacional y nacional, el 16 de septiembre se dio a conocer el Informe, detallado, de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la violación de los DDHH en Venezuela –ese no es el nombre exacto, pero para tener claro de que se trata–; y el viernes 25, se conoció en Ginebra el Informe Oral, presentado por la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, sobre el mismo tema.
Esos informes se vienen a sumar a otros: los anteriores de Michelle Bachellet, el Informe de la Secretaría General de la OEA y el Panel de Expertos de 2018 –que ha tenido menos difusión que estos de septiembre de 2020– y algunos otros, que acompañan diversas demandas que descansan en la Corte Penal Internacional, que no ha tenido mayor actividad, pero que tampoco ha estado inactiva y en cualquier momento –por ejemplo cuando se produzca en pocas semanas el cambio de la Fiscal de la Corte, la inefable Fatou Bensouda– puede haber movimientos importantes, sobre todo porque algunos de sus órganos de investigación preliminar han estado documentando y recogiendo los casos sobre Venezuela.
Para muchos la presentación y divulgación de estos informes de septiembre son signos esperanzadores, otros son más escépticos; pero, al menos se puede decir que la situación de la violación de los derechos humanos en Venezuela ya es mucho más conocida mundialmente, y lo más importantes es que ha sido revelada por expertos independientes, ya no es solo lo que dice la oposición venezolana.
Además de la cruda descripción de los hechos –de lo detallado y minucioso de los casos que examinó y reporta, de la descripción de la sistemática represión, del horror que produce tan solo pensar en los daños causados a las víctimas y la indignación que produce saber que se trata de patrones de conducta–, es significativo destacar del informe de la Misión Internacional Independiente, que califica la actuación del régimen Venezolano de crímenes de lesa humanidad y responsabiliza de los mismos y de su planificación, a altas autoridades del gobierno de Nicolás Maduro y al propio Nicolás Maduro.
Por supuesto ha habido reacciones a dichos informes; el régimen ha tratado de desprestigiarlos, de desconocerlos, con sus voceros “calificados”, como el Ministro de Relaciones Exteriores y el ilegitimo Fiscal General, nombrado por el TSJ; incluso por declaraciones del propio Nicolás Maduro y por políticos supuestamente opositores –de la llamada “mesita”– y representantes de los países aliados y cómplices del régimen, que han calificado de “sesgados”, esos informes. El propio gobierno usurpador ha emitido un documento de cientos de páginas para decir “su verdad”, donde presenta fotos de algunos detenidos como si estuvieran recluidos en un lujoso Spa; curiosamente sin embargo, no son muy enfáticos en negar los hechos, sino más bien en exculpar o apartar a Nicolás Maduro de ellos, o afirmar su desconocimiento de lo ocurrido.
Pero la reacción más significativa y positiva fue el discurso del Presidente Juan Guaidó, en el contexto de la Asamblea General de la ONU; un discurso importante, impactante, y que entre sus elementos más significativos destaca lo que a muchos ha parecido una invocación al Principio de Responsabilidad de Proteger (R2P) de la ONU. Las preguntas que surgen tras los informes y el discurso de Juan Guaidó son: ¿Qué sigue ahora? ¿Qué efecto práctico pueden tener esos informes para resolver la crisis humanitaria, política, en Venezuela? ¿Fue realmente esa la intención del presidente Guaidó, invocar el R2P? Y si es así, ¿Podemos esperar que tenga alguna finalidad práctica la invocación de ese principio, R2P? y la pregunta más importante de todas, que la copio del título de un artículo de Adolfo Salgueiro del 26 de septiembre: “¿Quién nos va a proteger? (https://www.elnacional.com/opinion/r2p-quien-nos-va-a-proteger/)
En opinión de muchos expertos la aplicación del llamado Principio de la Responsabilidad de Proteger –el famoso (R2P)– que en la práctica implicaría una ayuda humanitaria apoyada por los cascos azules, es un instrumento novedoso, poco o nada utilizado por la ONU y que solo se activa por mandato del Consejo de Seguridad y en esa instancia, no lo olvidemos, tienen capacidad de veto dos importantes aliados del régimen: Rusia y China. Aunque algunos voceros opinan que esto no es así, que al haber sido solicitado por el Presidente Encargado, al que reconocen unos 60 países, no necesita pasar por la aprobación del Consejo de Seguridad. En cualquier caso, de resolverse esa primera dificultad, nos queda responder a la pregunta de Salgueiro: ¿Quién nos va a proteger?, pues hasta el momento los países que han anunciado su respaldo al gobierno interino de Venezuela y al presidente Juan Guaidó, han declarado no estar dispuestos a conformar ninguna fuerza para intervenir en Venezuela.
De manera que las preguntas formuladas no son de fácil respuesta y encierran un peligro latente de generar falsas expectativas.
Hay muchos que se escudan en la pureza de principios abstractos, en la lógica de los argumentos, en la interpretación lineal de la constitución y las leyes, en argumentos jurídicos prístinos y supuestamente contundentes. No se detienen a pensar que todos esos principios a los que aluden y argumentan, con conocimiento y razón, funcionan en el mundo del derecho abstracto, en un estado de derecho, constitucional, pero en Venezuela no vivimos en un estado de derecho y la constitución es solo un librito azul que sirve para blandirlo por TV y enseñarlo a los periodistas y corresponsales internacionales en las ruedas de prensa. Todos esos principios son para un mundo ideal, pero no para el mundo real; no darse cuenta de eso, ignorarlo, puede obnubilar y anular la necesaria acción de política eficaz que, en estos momentos, como nunca, debe ser con cabeza fría. A menos que se trate de simple demagogia, lo cual sería muy grave.
No basta con el saldo positivo mencionado más arriba, que la situación de Venezuela y los crímenes calificados como de lesa humanidad cometidos por el régimen estén debidamente documentados, recogidos y señalados por una fuente independiente y que no son meras denuncias de la oposición. Corresponde una tarea política doble, dar a conocer más esos informes en la población venezolana, que se filtre por todos los intersticios de la sociedad; y lo más importante, que nuestras organizaciones políticas –partidos y de la sociedad civil– se incorporen a la tarea de organizar al pueblo que sufre esta situación, para resistir y combatir estas violaciones.
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