Por: Pedro Pablo Peñaloza
El debate sobre la presencia en el país de una Misión de Observación Electoral (MOE) y las declaraciones del alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, han generado mayor tensión y división en la oposición. Y en esto tienen responsabilidad tanto los defensores como los detractores de la MOE.
Primero, debe señalarse que la aprobación de la MOE no significa ni debe interpretarse como un espaldarazo al sistema electoral venezolana. Es decir: no es que le pusieron 20 puntos en conducta, es que ahora es cuando lo van a evaluar en el terreno y puede salir raspado.
Sirve de ejemplo lo ocurrido en Bolivia y el propio caso venezolano. La observación internacional jamás acusó a Hugo Chávez de cometer fraude masivo ni de robarse los votos. Sin embargo, eran tantas las críticas, que los informes empañaban su triunfo y daban razones a quienes cuestionaban la transparencia del sistema y la salud de la democracia venezolana.
La preocupación que puede generar la MOE en un sector es que aunque puede esperarse un informe crítico, muy probablemente señalará que no se ejecutó un fraude masivo. Advertirá fallas, pero dirá que el sistema automatizado es seguro, auditable y que respeta la voluntad del elector porque gana el que obtiene más votos.
Ahora, al margen de lo que ese día vean los observadores, hay un contexto que ya pone en entredicho todo el proceso. La UE sabe -y así lo ha declarado- que Venezuela está sometida por un régimen autoritario, con partidos intervenidos, políticos inhabilitados, en el exilio o presos, medios censurados y violaciones de Derechos Humanos.
Si hay alguna duda, están el caso del general Raúl Baduel, último preso político muerto en las mazmorras del régimen, los informes de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet y de la Misión de Determinación de los Hechos, y las sanciones de la propia UE. Allí debe ponerse el acento. Bajo estas condiciones, no puede haber elecciones libres.
Tampoco este proceso tiene nada que ver con la legitimidad de Nicolás Maduro. Su cuestionamiento surgió luego de que la comunidad internacional democrática calificara como fraudulenta la elección de 2018. En este caso, la legitimidad solo podría resolverse con otra elección presidencial justa.
El enfrentamiento interno se da porque así como hay un sector de la oposición que levanta la bandera de la falta de condiciones, otro deja ese discurso a un lado y se empeña en destacar los avances que se han registrado en el terreno electoral: Dos rectores de cinco, la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el levantamiento de algunas inhabilitaciones y la aprobación de la MOE.
En el CNE no parece haber mayor disenso -por ahora-, los cinco rectores firman los comunicados y el organismo es un oasis institucional en medio del caos. Este planteamiento debe llevarse con cuidado, pues claramente Maduro busca utilizar la elección para lavarse la cara. Entonces, se vuelve al punto clave: cualquier avance debe analizarse a la luz de un régimen dentro del cual no es posible tener una elección enteramente democrática.
Esto ha dado pie a otra discusión: ¿Deben denunciarse los vicios del sistema o minimizarlos para no desanimar a los votantes? La respuesta se dio en 2015: se denunciaban las irregularidades y, en paralelo, se llamaba a la gente a movilizarse contra el ventajismo para derrotar al oficialismo.
Antes de Borrell, ya sabíamos que nosotros no somos suizos. El detalle está en que según los indicadores globales, estamos peor que Cuba y Nicaragua. Más específicamente entre Camerún y Yibuti, considerado un régimen autoritario en el puesto 143 de la lista de The Economist.
Para un sector, la elección regional es clave. Otro disminuye su importancia. Pero en algo todos parecen coincidir: las regionales no son “el objetivo” ni “la solución”. Así que bien se haría en evitar confusiones que atenten contra la verdadera meta: la transición democrática.
