Por: Asdrúbal Aguiar
El mayor y más profundo daño que se le haya irrogado a la experiencia de la democracia en Occidente ha sido la judicialización política.
Las sanciones personales e internacionales aplicadas en nombre de la ley doméstica o la internacional, arguyéndose sus violaciones, han desdoblado perversamente sus efectos, según sea. Unas forjan víctimas de violaciones de derechos humanos en nombre del Derecho, otras purifican comportamientos criminales, trucándoles como acciones de bien común y democrático.
Dos referencias me vienen a la mente sin que agoten a este fenómeno deconstructivo de las bases éticas de nuestras sociedades, para sumar a esas identidades que al detal propician los mismos gobiernos a fin de favorecer clientelas políticas y turbios negociados, o para vaciar el contenido patrio de sus Estados.
Desde hace 30 años, tal fenómeno que padece Occidente – que no discierne entre el bien y la maldad absoluta, cuyos límites son flexibles según ánimos digitales o los enconos e intereses de las élites políticas o mediáticas coludidas y de circunstancia – bien lo han codificado Rusia y China en los acuerdos recién firmados, en vísperas de la guerra.
Las cuestiones de la democracia y sobre derechos humanos, de suyo sobre las leyes que les aseguran, serán en lo adelante asuntos morales y del fuero interno de cada nación, a la discreción de sus dictadores posdemocráticos y de nuevo cuño, rezan los dictados de Beijing.
Sergio García Ramírez, ilustre jurista mexicano, decía bien que “para favorecer sus excesos, las tiranías clásicas que abrumaron a muchos países de nuestro hemisferio invocaron motivos de seguridad nacional, soberanía, paz pública… Otras formas de autoritarismo, más de esta hora, invocan la seguridad pública, la lucha contra la delincuencia, para imponer restricciones a los derechos y justificar el menoscabo de la libertad. Con un discurso sesgado, atribuyen la inseguridad a las garantías constitucionales y, en suma, al propio Estado de Derecho, a la democracia y la libertad”, añade.
El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador es el paradigma. Tras desmontar y modelar a su gusto al Poder Judicial y las altas cortes, a diario lleva tras las rejas a miles de “delincuentes”, que considera son tales. Miles, no uno ni diez, tampoco cien. Son miles de seres humanos quienes, incluso habiendo delinquido, habrían de contar con el debido proceso y la tutela judicial efectiva de un juez imparcial y no arrodillada.
En la Venezuela de 1999 se destituyeron a los jueces supremos y demás miembros del Poder Judicial sin fórmula de juicio. Se nombraron a otros, cultores de la realidad política socialista y revolucionaria emergente. El régimen, desde entonces, judicializa a sus adversarios mientras éstos le denuncian como corporación criminal.
Piero Calamandrei, jurista italiano de reputado prestigio, habiendo sufrido los rigores del fascismo describiría lo anterior como el régimen de la mentira, Il regime de la menzogna: Bajo tal sistema “ocurre “algo más profundo y complicado que una torva ilegalidad”. Es “simulación de la legalidad, es el fraude legalmente organizado de la ilegalidad … las palabras de la ley no tienen más el significado registrado en el vocabulario jurídico, sino un significado diverso. Hay un ordenamiento oficial que se expresa en las leyes, y otro oficioso que se concreta en la práctica política sistemáticamente contraria a las leyes… La mentira política, en suma, como la corrupción o su degeneración, en el caso… se asume como el instrumento normal y fisiológico del gobierno”, finaliza.
La cuestión, cabe recordarlo, tiene su origen actual en enseñanzas que llevan treinta años, que vacían en odre nuevo viejas prácticas de las viudas del marxismo soviético en América Latina, a partir de 1989. De manos del procónsul cubano en las Américas, Fidel Castro, mantenían lazos con el negocio transnacional de la droga. Desde el Foro de Sao Paulo, curándose en salud, arguyen este y su socio, Lula Da Silva, que sus enemigos perseguirían y acusarían a sus militantes de narcos, pero por razones políticas.
Pasadas tres décadas, el Grupo de Puebla, su causahabiente, obviando lo anterior remoza la fórmula. La llama guerra híbrida o law fare. Afirma que es obra de la derecha imperial. ¡Y es que acusa el golpe del escándalo global de la Odebrecht, que lleva tras las rejas a varios exgobernantes y uno se suicida en Perú! Mas uno de los padres de la criatura o diabólico leviatán que ha venido usando de la ley para corromper o ajustar cuentas políticas o dinerarias, luego de beber de su medicina ahora renace, purificado de manos de los jueces. Lula podrá ser presidente, otra vez.
La cuestión es que, desde Occidente, USA y Europa occidental, quienes en teoría aún preservan sus raíces intelectuales y sostienen los valores éticos de la democracia, entendiéndolos como universales atados a la finalidad protectora de la dignidad humana y a su garantía, a través de la ley, después de haber impuesto sanciones – ¿medidas de retorsión o represalias no armadas? – por crímenes de lesa humanidad y actos propios de la delincuencia organizada trasnacional a distintos gobernantes y a sus élites políticas coludidas, ahora deciden relajarlas. Las moderan por razones de oportunidad, a costa de los elementos esenciales de la democracia, relativizando el valor de la ley, e indiferenciando la decencia del delito.
Al cabo, tirios y troyanos, todos a uno ahora usan instrumentos de apariencia jurídica para posicionar intereses subalternos y partidarios, con grave detrimento de las seguridades que demanda toda vida en sociedad. Son cultores de la mentira. Nadie se libra de la liquidez. Ni las izquierdas ni las derechas, tampoco los géneros X a los que da lugar este pandemonio de golondrinas petroleras, bancarias, comerciales, digitales, hijas del Covid-19.
Ojalá que tras la guerra de Rusia [que es también de China] contra Ucrania, en el parto del orden global posbélico, Occidente alcance a calibrar que ha destruido sus raíces. Si no las restablece habrá perdido la guerra, incluso ganándola militarmente.
