Gobernabilidad y Negociación, de Ismael Pérez Vigil

Cuando vemos que desde hace algún tiempo conspicuos voceros del régimen están negociando con los Estados Unidos, se supone que alguna salida –individual o general– a la crisis venezolana, es inevitable traer a la memoria la frase de Sir Winston Churchill, cuando en 1945 se le preguntó si estaría dispuesto a negociar la paz con Hitler y dijo que hasta sería capaz de “negociar con el diablo”; eso dirían hoy los EEUU.

No es de extrañar que el régimen emprenda esa y cualquier otra negociación, pues la búsqueda de la “gobernabilidad” es uno de los objetivos que persigue desde que aceptó negociar directamente con la oposición y ahora con los EEUU.

Ese objetivo, la búsqueda de la gobernabilidad, es lo que hace que el régimen persista en negociar con la oposición y persiga en las negociaciones el levantamiento de las sanciones internacionales a las que está sometido, especialmente contra PDVSA y el BCV. La dictadura está, desesperadamente, en la búsqueda de recursos.

Actualmente la proyección anual de ingresos del régimen no llega ni siquiera a 15 mil millones de dólares y esos ingresos se verán disminuidos por la aplicación de las sanciones. La dictadura sabe que con esos recursos no tiene para mantener las cosas que le importan, es decir: los “negocios”, demandas y exigencias de la coalición de poder –militares, “hombres de negocios”, altos funcionarios y jueces– que lo apoya y sostiene. Tampoco esos ingresos alcanzan para proseguir su proselitismo populista y mucho menos para cubrir el gasto normal del estado, por lo que se le hará mucho más difícil al gobierno usurpador mantener la gobernabilidad en el país. Solo le quedará, como está ocurriendo, sustentarse en la aplicación de la fuerza y la represión. Pero, cualquier libro de texto elemental de política nos dice que la única manera de gobernar, no solo la mejor, es aquella que cuenta con el consentimiento de los gobernados, no con el “temor” de los mismos, que parece que es el empeño de esta dictadura.

La gobernabilidad, la capacidad de gobernar, es un objetivo que persigue cualquier gobierno para garantizarse su existencia. Pero la gobernabilidad es el resultado de la combinación de dos factores; uno es la legitimidad de sus actos frente a los ciudadanos y el otro es la eficacia del gobierno en el desempeño de sus funciones; legitimidad y eficacia son pues las dos caras de la gobernabilidad.

¿Es este gobierno legítimo? Desde luego que no. La llamada legitimidad de origen no existe; lo ocurrido en mayo de 2018 es un acto ilegal, irrito e ilegítimo, desconocido por la mayoría del pueblo venezolano – al tenor de todas las encuestas– y por buena parte de la comunidad internacional; y por si fuera poco, a este gobierno –al tenor de la crisis económica– le resta muy poco de esa legitimidad que llaman de desempeño, que es aquella que se logra durante el ejercicio del poder, para fortalecer la legitimidad de origen obtenida en un proceso electoral, que como sabemos éste no es además el caso.

La continuación y exacerbación, violenta, de la crisis política por parte del gobierno y sus seguidores nos hace vislumbrar una creciente pérdida de la legitimidad y gobernabilidad, que por los cientos de manifestaciones diarias de protestas, por los más variados temas, hacen cada día más difícil la continuidad del régimen por vía pacífica.

Veamos ahora el segundo aspecto: ¿Es este gobierno eficaz?, sin duda tampoco, pues la eficacia es la capacidad de cumplir objetivos y no cabe duda que la ineficacia es una de las características fundamentales del chavismo/madurismo; en el país se ha dilapidado la friolera de más de 900 mil millones de dólares desde 1999 sin que se vean resultados y efectos significativos; todo lo contrario, lo que se ve es devastación, que han hundido y condenado al país a la peor crisis económica de su historia, perdiendo la oportunidad de los increíblemente altos precios petroleros que disfrutó este régimen, para impulsar al país a la modernidad y el crecimiento sustentable.

Todos los valores con los que pudiéramos medir la eficacia de un gobierno, en Venezuela están alterados; no hace falta enumerar los indicadores e índices que demuestran la total ineficacia del régimen que tenemos desde 1999, los resultados están a la vista de todos, hasta de ellos mismos. La dictadura no tiene forma de compensar la caída de ingresos que ha ocasionado en el país con su pésimo desempeño económico, por eso se concentra en buscar y tratar de lograr que se retiren las sanciones aplicadas por los EEUU y la Unión Europea, pues con la limitación de recursos en divisas y otras limitaciones financieras, económicas y comerciales que las sanciones acarrean, la posibilidad de “gobernar”, de mantener un cierto “orden”, un cierto apoyo popular sin acudir a la represión masiva, se vuelve cada vez más complejo.

Por lo pronto, la crisis económica desmiente la capacidad del régimen de alcanzar cualquier objetivo convirtiéndolo en el más ineficaz gobierno desde 1830. La ilegitimidad la “compensa” el régimen con represión y violencia; pero la ineficacia no es posible hacerlo con políticas económicas socialistas que han sido un fracaso en todo el mundo a lo largo de toda la historia y sin recursos económicos para hacer populismo, mucho menos; de allí el empeño de eliminar las sanciones para intentar paliar los efectos de la violencia que la dictadura se ve obligada a desplegar y de allí que ahora deban buscar una fórmula para regresar cuanto antes a la mesa de negociación de Barbados.

Pero hay un aspecto más a tomar en cuenta en este tema. Lo que tenemos a la vista, la crisis humanitaria y la hiperinflación, basta para conformar el cuadro de ineficacia que nos explicaría la pérdida de legitimidad de cualquier gobierno; pero tener conciencia de esto no es un proceso automático. La conciencia de la ineficacia es un problema de expectativas y de percepción subjetiva de cuál es la causa y raíz de un problema. Si no hay unaconexión contundente entre la grave situación y la responsabilidad directa del régimen, no se producirá un cuestionamiento que lleve a continuar deslegitimando al régimen en los escasos sectores populares que aún lo apoyan.

Por lo tanto, dos son las tareas políticas del momento que la oposición al régimen debe emprender y continuar sin dilación: primero, lograr que los sectores populares, en general y sobre todo los que aún lo apoyan, hagan la conexión entre los problemas que nos aquejan y su responsable: la dictadura que usurpa el poder en el país; y segundo, comenzar a divulgar, masivamente, entre la población, cuáles son las propuestas de políticas y planes que tiene la oposición democrática para superar la aguda crisis en la que está sumido el país.

La organización o líder político que por el inmediatismo de asumir el liderazgo opositor, o por mezquindad en no reconocer el liderazgo de otros, no se concentre en las actividades mencionadas y en procurar que los responsables de ellas, la dictadura, sean señalados y paguen el precio político, está cometiendo un grave error político, del cual el pueblo –a él o a ellos– les pasará factura.

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