Fallido 187.11, de Ismael Pérez Vigil

Durante las dos últimas semanas, afortunadamente, se ha dado una intensa discusión con relación al tema de la intervención militar, externa o foránea, en Venezuela. Pero en algunos casos, hay todavía una discusión un tanto confusa entre lo que plantea el artículo 187 numeral 11 de la Constitución Nacional y lo que llaman la responsabilidad de proteger o R2P.

Lo que plantea el artículo 187.11 es que la Asamblea Nacional (AN) puede autorizar una misión militar de Venezuela en el extranjero y, sobre todo, en el caso que nos ocupa, autorizar una misión militar extranjera en Venezuela.

Cuando se comenzó hablar de este tema, el mismo estaba conectado con la ayuda humanitaria que entraría al país a partir del 23 de febrero y que —como toda ayuda humanitaria— debería venir acompañada de algún tipo de fuerza militar para asegurar que la ayuda efectivamente entrara, que no fuera asaltada, que no fuera robada, es decir, que no ocurriera lo que en realidad ocurrió, que la ayuda humanitaria no puedo entrar y que algunos de los camiones que lograron hacerlo fueron incendiados y saqueados.

A partir de allí, de una misión militar conectada con la entrada de la ayuda humanitaria, creció la idea de que esa misión militar, autorizada por la AN, se convertiría en una fuerza extranjera de liberación del país y que pondría orden en la crisis que nos acogota. A esa idea de la misión militar convertida en fuerza liberadora —que hasta la dictadura ha “comprado”, pero ha utilizado como excusa para reprimir y aumentar su control hegemónico— se unió la idea que señalé de la responsabilidad de proteger. Este último concepto o idea se refiere a un compromiso político global, apoyado por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) en la Cumbre Mundial de 2005, con la finalidad de evitar cuatro preocupaciones clave: prevenir el genocidio, crímenes de guerra, limpiezas étnicas y crímenes de lesa humanidad. Dicho principio estaría por encima de otro concepto, también de Naciones Unidas como es el de soberanía.

De la fusión que han hecho algunos de esas dos ideas —la posibilidad de autorizar misiones militares en Venezuela y el concepto de la ONU de responsabilidad de proteger—- es que surge esa idea de que la AN y el presidente Juan Guaidó deberían aprobar o invocar ese artículo de la Constitución para que una misión militar entre en Venezuela y solvente o resuelva la crisis que venimos padeciendo, gestada desde hace 20 años.

No tengo ninguna duda con respecto a qué si una fuerza militar entrara en Venezuela resolvería el problema que nos agobia. Tampoco tengo duda respecto a que seguramente ocasionaría otros problemas, pero eso no es el punto en discusión; el punto en discusión y que a mucha gente se le olvida, no es si la AN y el presidente Juan Guaidó deben o tienen la capacidad de convocar a una fuerza militar y si ésta podría o no resolver los problemas del país o si la idea o el concepto de responsabilidad de proteger y de evitar cosas como crímenes de lesa humanidad y genocidio que estarían ocurriendo en el país —de lo que tampoco tengo dudas— está por encima del principio de soberanía. Creo que el problema, en este momento, es mucho más simple, el problema es: ¿Cuál es esa fuerza militar dispuesta a entrar a Venezuela a resolver lo que haya que resolver, una vez que haya sido convocada por el presidente Juan Guaidó y la AN?

La comunidad internacional con la que contamos, los países que nos apoyan, han dicho claramente que no son partidarios de una intervención militar para solucionar la crisis en Venezuela, al menos en lo inmediato (Y subrayo esto, en lo inmediato, lo que no significa que se cierre definitivamente esa posibilidad). Así lo han dicho la Unión Europea, los países representados en el llamado grupo de Lima y los Estados Unidos. La declaración de Elliott Abrams, esta semana, no deja de momento lugar a ninguna duda con respecto a los EEUU; hasta hace alusión directa a la inconveniencia de invocar, ahora, el artículo 187.11 de la Constitución. Dicho en pocas palabras: de ninguno de esos países saldría esa fuerza militar que intervendría en el país si es convocada por el presidente Juan Guaidó y la AN. Eso nos regresa al punto cero. De nada sirve la discusión teórica-filosófica-jurídica del 187.11 y del papel que juega el principio de responsabilidad de proteger, porque la cosa es mucho más elemental; es simplemente que nadie está dispuesto, hoy, a llevar a cabo una intervención militar en Venezuela. Al parecer la cosa no era tan simple como levantar la mano, pedir ayuda militar por WhatsApp o Twitter y que de inmediato acudirían al país tropas a granel para ejecutar ese pedido. En resumen, preguntas que no son retóricas, sino totalmente serias y dirigidas a quienes defienden contra todo razonamiento la intervención militar: ¿Quién va a llevar a cabo esta intervención militar?; más aún ¿Qué sentido tiene seguir elucubrando políticamente con la posibilidad de una intervención militar externa que no va a ocurrir en términos inmediatos?

Buena parte de la confusión en este problema se debe a esa famosa frase: “todas las opciones están sobre la mesa” que han repetido los voceros de varios países que nos apoyan y muchos dirigentes políticos en Venezuela. Que todas las opciones están sobre la mesa significa que la militar también es una opción y también está sobre la mesa, pero eso no quiere decir que sea la primera opción o la principal en la que estaban pensando los países que nos apoyan. Mas grave aún, creo que no estamos plenamente conscientes que estamos cayendo en la estrategia del régimen, que le hacemos el juego a la dictadura, que sí ha entendido que esa opción no estaba planteada y nos quiere hacer ver, con su manipulación de las redes sociales y de la información, que esa es la única salida posible, para que abandonemos cualquier otra opción de lucha contra la dictadura o que cometamos el error de solicitar una intervención militar internacional, que no se llevará a cabo, y la oposición tendría un fracaso que arrastraría consigo todos los esfuerzos recientes de Juan Guaidó y la AN, con lo cual se libra la dictadura de otro formidable enemigo y de otra victoria, estratégica, opositora.

No hay duda que el cansancio, la frustración y la desesperación tras 20 años de oprobioso régimen se acrecientan ahora, que estamos viviendo —literalmente— las horas y los días más oscuros, en el medio de una caótica y surrealista vida. Pero a pesar de eso, no podemos sucumbir, desistir, rendirnos, que es una tentación, o entregarnos a pedir soluciones mágicas que “resolverían” todo de un día para otro, aunque ya hemos padecido bastante y contemos por miles las víctimas inocentes de la dictadura. Debemos, sí, mantenernos en pie de lucha, persistir cada día con unidad y fuerza porque el régimen, sin duda, no lo está pasando mejor que nosotros, pero sigue manteniendo el poder por la fuerza de las armas, que es ya lo único que lo sostiene y no es algo despreciable, pues lo vuelve muy peligroso.

Conscientes que ellos tienen mucho que perder y nosotros mucho por ganar, debemos ser proactivos y sobre todo asertivos y nuestros dirigentes y líderes políticos deben estar más conscientes que nunca que los errores y precipitaciones en estos momentos, los pasos en falso –como un 187.11 que caiga en el vacío– se pagarán muy caro. El proceso de agitación popular debe intensificarse, para que se produzca lo que sí puede acabar con esta dictadura, que es el quiebre del bloque hegemónico que los mantiene en el poder. Y eso es lo que hay que lograr con un efecto de tenaza o de pinza: movilización popular interna –entre otras cosas– y apoyo internacional con sanciones que afecten a la dictadura, de manera directa y personal, a sus militares y enchufados corruptos y a los familiares de estos. Por supuesto las “otras cosas” en materia interna, no son motivo de discusión pública.

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