Publicado en: Polítika UCAB
Por: Trino Márquez
El socialismo del siglo XXI promovido por Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha privatizado y dolarizado gran parte de los servicios públicos, solo que lo ha hecho de manera dañina y perversa. La mayoría de los servicios que el Estado democrático y social previsto en la Constitución contempla para crear igualdad de oportunidades, capitalizar el recurso humano y mejorar la calidad de vida de los venezolanos, pasaron a ser suministrados por organismos particulares.
Si un ciudadano o una comunidad necesitan mantener el fluido eléctrico, tienen que ir al mercado a comprar una planta eléctrica porque Corpoelec no lo suministra o lo hace de una manera precaria y ocasional. Adquirido el bien, las víctimas tendrán que tratar de conseguir gasolina, gasoil o diésel a través de algún revendedor que mantiene contactos con un empleado de Pdvsa, quien por los caminos verdes obtiene el combustible. Si lo que falta es agua, esa familia o esa colectividad deberán contratar los servicios de un chófer de un camión cisterna, quien por la módica suma de varios centenares de dólares provee el agua que Hidrocapital es incapaz de proporcionar. Si lo que demanda un hogar son bombonas de gas, habrá que pagarle a un intermediario o al presidente del consejo comunal cinco o seis veces el costo de la bombona. Si el déficit es de internet porque el ABA de Cantv solo llega de manera intermitente y ocasional, hay que contratar alguna de las compañías que ahora prestan el servicio con tarifas internacionales, o por encima de ellas, poniendo cuidado en que no sean unos estafadores. Que los hay. Si alguien mantiene un contrato con Movilnet, lo más recomendable es que se mude a una de las otras empresas privadas de telecomunicaciones. La del gobierno funciona cada vez peor.
Las empresas que el socialismo bolivariano no privatizó por la vía de los hechos, sino que mantuvo bajo su control, también han sufrido un daño irreparable. El Metro de Caracas, orgullo de los capitalinos en el pasado, fue arrasado. Pudo resistir durante décadas que en sus trenes circularan millones de personas cada día, pero no pudo aguantar el peso de la ineficiencia populista. El régimen dejó de cobrar tarifas razonables, lo convirtió en un transporte gratuito, y al mismo tiempo acabó con él. No se puede decir que lo privatizó, porque el Metro no tiene sucedáneos. Simplemente lo destruyó. Dejó a los ciudadanos más humildes con la alternativa de movilizarse en busetas destartaladas y peligrosas, pues también decapitó al Metro Bus.
En el interior del país prohibieron los peajes en las autopistas. Los recursos producidos estaban dirigidos a las gobernaciones. Desde hace años esas vías de comunicación se parecen a la superficie lunar: están llenas de cráteres.
Algunos sectores del chavismo originario acusan a Maduro de ‘neoliberal’. Ya quisiera el gobierno tener la coherencia y globalidad que en el pasado tuvieron los programas de ajuste neoliberal. Estamos es en presencia de un esquema basado en la piratería, el saqueo de los fondos púbicos, la improvisación y la desidia más irresponsable.
El gobierno ha dejado ‘privatizar’ de forma perversa los servicios públicos porque su ineptitud es infinita. Ha ido abandonando o cediendo espacios para que la iniciativa particular atienda los requerimientos que el gobierno no puede satisfacer. Esa concesión la hace de forma desordenada, sin atender a ningún plan coherente. Domina la ley de la selva. Estamos en presencia de una especie de darwinismo social, sin que aparezca el más apto por ningún lado. El que emerge es el más pícaro y enchufado.
El lado más tétrico de este drama estamos viéndolo con las vacunas contra la COVID-19. Aparte de una fracción de los trabajadores de la salud, que tienen todo el derecho a inocularse, quienes se han vacunado son los avispados que se encuentran en los círculos concéntricos del poder. Maduro se ha ufanado varias veces de haberse inyectado. Los rumores muy bien fundados señalan que la nomenclatura madurista se inoculó y de forma ostentosa e insolente. Sin el menor pudor ni recato. Hasta en países nada ejemplares como Perú, la cúpula dominante ha tenido el cuidado de preservar las formas. El expresidente Martín Vizcaya fue objeto de un juicio público por haber abusado de su posición. Los diputados oficialistas se han sujetado a las normas y a las prelaciones. Venezuela, convertido en el país más miserable de la Tierra, de acuerdo con el Índice Anual de Miseria de Hanke (HAMI), es tal vez la única nación en el mundo donde los gobernantes y sus adláteres actúan con tanta impudicia.
El hospital de Los Magallanes de Catia es un símbolo del abuso y el caos rojo. Humildes ciudadanos son sometidos a vejámenes porque el gobierno, en su infinita ineptitud, es incapaz de organizar un plan nacional, universal y transparente de vacunación. La OMS se lo acaba de decir a Maduro.
Hasta las vacunas contra la COVID-19 fueron privatizadas.
