Publicado en: Polítika UCAB
Por: Trino Márquez
Venezuela ha vivido a partir de 2013 un proceso de empobrecimiento que se ha vuelto crónico y, de acuerdo con todas las evidencias, irreversible mientras la claque dominante continúe en el poder. Dos expresiones inapelables de la ruina son la contracción económica continua y la indetenible diáspora.
En 2012 los precios del petróleo ya habían descendido de la cumbre alcanzada en la década anterior, cuando su crecimiento parecía indetenible, y comenzaban a deslizarse por una pendiente que pocos años más tarde los llevaría a estar a menos de la cuarta parte de donde se encontraban pocos años antes. Veinticinco dólares por barril. Chávez había desatendido todos los sanos consejos de los especialistas que le advertían que los valores del crudo siempre son oscilantes e inestables. Embarcó a la nación, sobre todo a su socialismo del siglo XXI, en un modelo que exacerbaba la dependencia de los ingresos petroleros. Su legado en el plano económico fue dejar una nación con una economía altamente estatizada, dependiente de la factura petrolera, ineficiente y carcomida por la corrupción. La cúspide de ese esquema fueron las elecciones de 2012, cuando el gobierno derrochó recursos con la finalidad de mantener una imagen de prosperidad que le garantizara el triunfo al comandante, aunque fuese a costa de dejar a Venezuela al borde de la quiebra, como luego confesó su asesor económico más importante, el profesor Jorge Giordani, para entonces ministro de Planificación.
Nicolás Maduro no se atrevió a desmontar el Estado elefantiásico edificado por el jefe de la revolución bolivariana. Maduro, de convicciones marxistas por su formación cubana, creyó que su gobierno sería capaz de preservar la herencia de su predecesor. Para lograr tal fin, el flujo de petrodólares habría tenido que ser permanente y creciente. No ocurrió tal vaticinio. Los precios se desplomaron, como era previsible. Maduro no introdujo ningún cambio que corrigiera los entuertos dejados por Chávez. Al contrario, aunque disminuyó el ritmo de las expropiaciones, continuó manteniendo los controles de precio y de cambio. La intervención económica se tornó más punitiva y confiscatoria. La inseguridad jurídica fue mayor.
El retroceso de los ingresos provenientes del crudo y la hostilidad del entorno económico endógeno condujeron a la contracción de la economía y al inicio del éxodo masivo y constante de venezolanos, que se han esparcido por Latinoamérica y buena parte del mundo.
Estos dos fenómenos están siendo estudiados con detalles por distintas instituciones y centros de investigación privados. El gobierno lo ignora o lo atenúa. En un vano intento de ocultarlo, no suministra cifras confiables ni oportunas.
En el campo económico, un rápido recorrido obliga a revisar los informes periódicos de Fedecamaras, Conindustria y Consecomercio, las investigaciones del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, los hallazgos de Ecoanalítica y las investigaciones del sociólogo Juan Luis Hernández, entre los especialistas más sólidos en el área agrícola. Con relación a la diáspora, resulta indispensable conocer los informes de Acnur y las mediciones de Consultores 21, Datanálisis y el Observatorio Venezolano de Migración (OVM); y el enfoque internacional de Tomás Páez, convertido en una autoridad internacional en relación con el tema de la diáspora venezolana.
Del recorrido por esta variedad de fuentes se constata que el tamaño de la economía venezolana representa alrededor de 25% ciento de lo que era hace una década. El PIB anda alrededor de 40.000 millones de dólares, cuando hace diez llegamos a superar los 350.000 millones de dólares. El número de industrias que operan apenas representan un poco más de un cuarto de las que teníamos en 1999. La capacidad ociosa de la industria nacional, en promedio, se encuentra por encima de 50%. El caso de la construcción, factor fundamental para dinamizar la economía, es dramático. Su capacidad ociosa se ubica por encima de 80% y el desempleo se acerca a 90%. Al leer estos reportes quedamos con la impresión de que estamos frente a actas de defunción. Nos encontramos con un país devastado por el intervencionismo económico y el estatismo, fórmulas fracasadas en todas las sociedades con gobiernos que optaron por esa vía.
Con relación al éxodo venezolano, se aprecia que se fueron del país, sobre todo en la etapa inicial de la emigración, durante los primeros años de la segunda década del siglo XXI, una amplia franja de profesionales, especialistas y técnicos en diversas áreas productivas. En un informe reciente del gobierno peruano se señala que 50% de los inmigrantes venezolanos tienen estudios profesionales o técnicos. Estamos hablando de más de 800.000 compatriotas que se encuentran en esa nación. Este rasgo se observa en los grupos de venezolanos que se desplazaron a Chile, Argentina, Ecuador, España y Estados Unidos. La industria petrolera colombiana se desarrolló en gran medida gracias al aporte de ingenieros y técnicos petroleros, geólogos y licenciados en química venezolanos que se instalaron en ese país.
Ese capital humano que han ganado las naciones receptoras de emigrantes lo ha perdido Venezuela. Detener el doble empobrecimiento al cual me he referido e iniciar la recuperación sostenida de la economía nacional tendrá entre sus mayores retos, formar de nuevo personal calificado en cada uno de esos sectores, y atraer a las manos y cerebros que se han ido de Venezuela huyendo de la incompetencia socialista.