Publicado en: El Nacional
Por: Trino Márquez
La tiranía impuesta por Daniel Ortega ha seguido desde 2006, cuando ganó las últimas elecciones competitivas que hubo en Nicaragua, gracias a la inexplicable división de los liberales, un camino que tuvo sus antecedentes más cercanos en el modelo diseñado por Hugo Chávez.
A partir de esa fecha fue asumiendo el control de todas las instituciones del Estado. Se entronizó en la Asamblea Nacional, tomó el Poder Judicial, ha ido cercando a los medios de comunicación independientes y acorralando a la oposición. En el plano económico, él y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo -a quienes muchos entendidos en la materia consideran el verdadero centro de poder, la lady Macbeth del país- crearon su propia burguesía. El nepotismo de los Ortega Murillo se extiende por toda la economía. La red va desde las pocas industrias existentes, hasta el comercio, el turismo y la banca. La generosa ayuda que le ha otorgado el régimen venezolano a Nicaragua ha ido a parar a las acaudaladas cuentas de la pareja y sus vástagos, quienes viven en la opulencia, en una nación donde la gente se muere de hambre.
Los quince años que Ortega lleva ejerciendo el mando le parecen insuficientes. En diciembre del año pasado obligó a la Asamblea a aprobar la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz”. No sé si les parece familiar esa monserga. Esa ley es una de las armas que le ha servido para decapitar a la oposición y avanzar sin obstáculos a la reelección en los comicios presidenciales del próximo 7 de noviembre.
La primera víctima de esa escabechina fue Cristiana Chamorro, hija de la mujer que le infligió la derrota electoral a Daniel Ortega en 1990, tras una década de haber estado destruyendo lo poco que había dejado Anastasio Somoza. Hasta el momento que la detuvieron y encerraron en su domicilio, Cristiana aparecía liderando las encuestas de opinión, con altas posibilidades de triunfar en los comicios de noviembre. Luego fueron cayendo uno a uno los otros aspirantes a la presidencia y líderes opositores.
De esas capturas, hay dos que me parecen reveladoras del carácter despótico del régimen de Ortega. Una es la de Dora María Téllez, excomandante guerrillera del Frente Sandinista, quien a sus veintitantos años participó en el célebre asalto al Palacio Nacional en 1978, espectacular episodio que logró la liberación de un importante grupo de guerrilleros presos, entre ellos el propio Ortega. Téllez desempeñó algunos cargos relevantes durante la gestión del dictador, hasta que finalmente se distanció de él. El otro caso significativo es el de Víctor Hugo Tinoco, también guerrillero al igual que Dora María, quien fue vicecanciller y participó en la ronda de negociaciones que hubo en la década de los ochenta entre el gobierno sandinista y la «Contra», comandada por Edén Pastora.
La excusa para detener a los dirigentes opuestos a las fechorías del dúo Ortega-Murillo es que propician actos que «menoscaban la independencia de Nicaragua». El patrioterismo cerril convertido en instrumento de persecución y aniquilamiento de los adversarios.
Hasta hora, Daniel Ortega ha actuado sin contrapesos internos ni internacionales significativos. Salvo algunas declaraciones genéricas de Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea y algunos otros países, llamando a respetar la democracia y el Estado de Derecho, las violaciones del tándem Ortega-Murillo no han recibido la contundente respuesta internacional que debieron haberse producido. La respuesta del régimen ha sido la típica de las dictaduras: se trata de un asunto interno y rechaza cualquier tipo de injerencia o intervención externa en nombre de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Con esa patraña, las tiranías cercan a los partidos y organizaciones democráticas y acaban con la libertad.
La arremetida contra la oposición está produciéndose en una situación en la cual el volumen de nicaragüenses que huye hacia Estados Unidos ha venido aumentando, porque la covid-19 terminó por erosionar aún más la débil economía de ese país. El descalabro ha impactado a los sectores más pobres. Los círculos que rodean a Ortega y a su mujer han preservado los privilegios de siempre. Los que han acumulado desde hace más de tres lustros. En el ambiente de miseria que envuelve a ese país, Ortega se las arregla para comprarles a los órganos de seguridad que lo mantienen en la casa de gobierno, camionetas último modelo, sofisticadas armas y equipos de protección a la policía que reprime las pocas manifestaciones de protesta contra los abusos del déspota.
La campaña de Ortega contra la democracia debería ser respondida por las democracias del planeta. Ese ejemplo resulta nefasto en una etapa en la cual América Latina gira hacia el autoritarismo. La conducta de Bukele y Bolsonaro; el triunfo casi inevitable de Pedro Castillo; lo que ocurre en Colombia, donde Gustavo Petro puede convertirse en presidente; y lo que sucede en Cuba y Venezuela desde hace décadas, son demasiadas alarmas encendidas para convencerse de que hay que actuar contra el tirano de Nicaragua.
