Publicado en: Blog personal
Por: Ismael Pérez Vigil
La oposición democrática organiza un evento entre el 5 y el 12 de diciembre próximos, una “consulta popular”, en contraposición a lo poco democráticas e irritas elecciones convocadas para el 6 de diciembre (6D) por el igualmente ilegal y parcializado CNE.
Frente a estas elecciones del 6D, la oposición democrática ha decidido abstenerse; es una estrategia que no apoyé en el momento de su discusión, pero que he aceptado acatar –como siempre dije que haría cuando se tomara una posición definitiva– porque considero que es más importante mantener la unidad opositora que mantener una posición de principios frente a algo que, en definitiva, no es más que una estrategia política.
Con respecto a la “consulta popular” convocada, buena parte de las dudas que muchos tienen acerca de lo oportuno de realizarla provienen de que, para bien o para mal, todos tenemos en mente lo ocurrido con la exitosísima jornada de recolección de firmas o consulta igualmente popular, llevada a cabo el 16 de julio de 2017 (16J).
Para rechazar la consulta propuesta hoy, algunos preguntan que para qué otra consulta, si la del 16J no sirvió para nada, pues no se llevaron adelante algunas acciones que ellos suponen que se debieron realizar.
Al argumentar sus objeciones, comparando ambas situaciones, algunos aluden a que el 16J veníamos saliendo de una frustración porque nos habían eliminado el referendo revocatorio y que esa consulta fue algo así como el hijo directo de esa frustración. A lo mejor en octubre de 2016 eso de una consulta popular estaba “in pectore” o en la cabeza de algunos líderes políticos o ciudadanos, pero desde luego no era parte de la discusión política, pública, abierta, por lo que voy a disentir de esa conexión directa que se hace entre ambos eventos, la suspensión del revocatorio a finales de 2016 y la recolección de firmas del 16 de julio de 2017.
Soy de los que cree que es necesario tener en cuenta, al evaluar la actual consulta popular, que estamos en condiciones muy diferentes para realizar esa consulta, con relación al ambiente político que había el 16J; pero, hacer esa conexión directa, entre la suspensión del revocatorio y la recolección de firmas del 16J, me parece que es un intento de argumentar contra la consulta actual, haciendo una comparación de eventos, olvidando y soslayando algunos acontecimientos políticos importantes ocurridos entre octubre de 2016, cuando se cancela la posibilidad del revocatorio y el 16 de julio de 2017. Recordemos solo los más significativos.
− Se posponen, sin motivo justificado, las elecciones de gobernadores.
− Se detiene la recolección de firmas para el revocatorio, tras la decisión ilegal de varios jueces penales y se elimina de manera definitiva la posibilidad del referendo revocatorio.
− Fracasan los intentos de diálogo de Margarita, mediados por El Vaticano, Samper, Rodríguez Zapatero, Omar Torrijos y Leonel Fernández)
− El TSJ intenta quitarle atribuciones a la AN con dos decisiones, que después revocaron, pero que desencadenan una serie de eventos políticos.
− Como consecuencia de esas decisiones del TSJ se reinician protestas, marchas y manifestaciones que duraron varios meses y que dejaron más de 140 muertos.
− Se inhabilitó políticamente a Capriles Radonsky, en ese momento Gobernador, y se amenazaba y ponía presos a los alcaldes opositores, algunos de los cuales se vieron obligados a irse al exilio.
− El presidente Nicolas Maduro convoca inconstitucionalmente a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, a lo que el CNE responde perentoriamente fijando la fecha.
− La Fiscal General, Luisa Ortega Diaz, que había calificado de “ruptura del orden constitucional” las decisiones del TSJ para quitarle atribuciones a la Asamblea Nacional, AN, intenta, infructuosamente, acciones contra la convocatoria de la ANC.
− Las acciones de la Fiscal General conducen a su destitución, su exilio y nombramiento de Tarek William Saab como Fiscal General.
− El 27 de abril, Venezuela se retira de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las críticas a la situación venezolana por parte de su Secretario General y del propio organismo, que realiza dos intentos –el 31 de mayo y el 20 de junio– de censurar a Venezuela, sin lograr consenso suficiente.
− El 27 de junio Oscar Perez bombardea desde un helicóptero la sede del TSJ.
− El 3 de julio, el presidente de la AN, Julio Borges, en nombre de la coalición de partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), anuncia la convocatoria de un plebiscito o consulta popular, de la que se venía hablando hace algunas semanas.
− El 5 de julio la AN –a pesar de estar rodeada por violentos manifestantes oficialistas y ser invadida su sede– aprueba formalmente realizar la consulta popular y el 6 de julio se dan a conocer las preguntas y comienza, públicamente, el proceso de organización de la consulta del 16 de julio.
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Todos esos acontecimientos, sin que sea fácil privilegiar la mayor importancia de alguno de ellos, fueron el caldo de cultivo, el ambiente político que había en el país y que convocó a la participación de la consulta popular del 16 de julio de 2017 a más de 7 millones y medio de venezolanos, de los cuales 724 mil participantes lo hicieron en el exterior, repartidos en 556 ciudades de 90 países.
Hoy, que nos avocamos a una nueva consulta popular, a diferencia de esa efervescencia, vivimos un proceso político muy diferente, con una población desanimada, que ha transitado por varios procesos de abstención electoral, con la vía del voto totalmente satanizada, con una crisis económica y social que hace que la gente se concentre prioritariamente en resolver su situación para sobrevivir, con graves problemas de desplazamiento y movilidad por la pandemia y la falta de gasolina, sin conexión a internet y ni siquiera luz en buena parte del país, como para hacer la consulta de manera virtual. Incluso en el exterior habrá dificultades para recoger firmas presencialmente, por la pandemia y porque buena parte del hemisferio norte estará en pleno invierno.
A todo eso habrá que agregar los esfuerzos que desplegará el régimen para sabotear, intimidar y desconocer esa actividad. Debemos estar preparados, por ejemplo, para que el régimen compare los resultados de esa consulta popular con sus elecciones de la AN prevista para el 6D. Sin duda exagerarán la participación del 6D, sobre la cual dirán cualquier número, como hicieron con los resultados de la ANC, cuando simplemente lanzaron una cifra superior a la de la consulta del 16J; pero, como se recordará, nunca publicaron resultados por entidad ni por mesa, como era de esperarse de todo evento oficial del CNE, y nunca supimos realmente cuántos votantes concurrieron a ese proceso ni con cuántos votos fueron electos de manera individual los integrantes de la ANC.
Como quiera que la decisión de hacer la consulta está tomada, no tengo dudas en que se hará un gran esfuerzo para superar todas esas condiciones adversas y lograr una jornada lo más exitosa posible. De hecho, en las diferentes regiones del país y en algunas zonas de Caracas, eso está ocurriendo ya y se nota un entusiasmo muy superior al que se percibe en las discusiones de algunas redes sociales y grupos de WhatsApp.
Lo importante es que no nos formemos expectativas sin bases reales y no hagamos comparaciones inapropiadas con eventos anteriores o similares; que nadie esté pensando tampoco, por la forma en que están redactadas las preguntas, en que esa será la actividad que ponga al régimen contra la pared y lo obligará a renunciar e irse. Por muchas interpretaciones jurídicas en cuanto a lo vinculante o no de esa consulta, lo cierto es que el poder fáctico, el régimen, no está dispuesto a reconocer ninguno de sus resultados y, como siempre, sí está dispuesto a utilizar la fuerza para demostrarlo. A pesar de eso, la jornada, por sus características, ofrece una oportunidad para alcanzar mayores niveles ciudadanos de organización, que no debemos desaprovechar; es también una oportunidad para seguir demostrando a la comunidad internacional y a los países que han apoyado al gobierno interino, que la oposición venezolana sigue viva, aun cuando no participe en jornadas electorales organizadas por el régimen, porque éstas no reúnen condiciones mínimas de equidad, libertad y democracia.
En resumen, con relación a la consulta popular, creo que hay que deponer algunas actitudes de rechazo y desmoralización hacia los que han decidido asumir las dificultades, ya de por si importantes, de esta tarea y aprovechar la circunstancia de la posición unitaria asumida por la oposición democrática para convertir esta jornada de consulta popular en, al menos, un reinicio de la actividad política de calle por parte de los ciudadanos, muy adormecidos desde hace casi un año. Que la jornada se sume, sin otras pretensiones, a las diarias protestas del pueblo venezolano en contra del régimen, por los más variados y válidos motivos, ya es un logro importante.
Como dice Daniel Asuaje: “Hoy luce casi imposible salir de este laberinto y si solo un milagro puede sacarnos de él, entonces es tiempo de estar determinados a coproducirlo, no a obstaculizar a quienes buscan realizarlo.” (Los Milagros (a veces) existen. El Universal, 18 de noviembre de 2020)
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