Publicado en: Blog personal
Por: Ismael Pérez Vigil
A la memoria de José Ignacio Rey, S.J., fallecido el 14 de enero de 2022, para quien: “Ser cristiano es renunciar al egoísmo y morir a sí mismo, por amor a los demás”. Descansa en paz, amigo y maestro.
Las lecciones a aprender de lo ocurrido en Barinas son bastante obvias y han sido resaltadas por una buena cantidad de analistas políticos y periodistas. Resumiendo las más importantes, y no aspiro a ser original en esto, es que el pueblo barines demostró sobradamente tres cosas: una, que es posible la vía electoral para obtener victorias que ayuden a recuperar poder y debilitar al régimen; dos, que la abstención a quién beneficia es al régimen, sobre todo, esa “abstención boba”, que nadie organiza ni le da contenido político; y tres, lo más importante, que la unidad es esencial para lograr los objetivos políticos en contra de este régimen de oprobio. Las victorias más importantes contra este régimen siempre han sido por la vía electoral, cuando se participa masivamente y de manera unida.
Quizás lo que valga la pena es resaltar algunas de las reacciones de los analistas políticos y comentaristas, sobre el tema, y sobre todo los riesgos y los peligros que podrían estar implícitos en lo ocurrido.
Lo lamentable de algunas posiciones radicales −y otras menos extremas, pero también radicales− que minimizan la importancia de lo ocurrido en Barinas y su significado, es que −además de la mezquindad− en el fondo son posiciones elitistas, que muestran un profundo menosprecio, desprecio, en la capacidad del pueblo para entender lo que ocurre políticamente en el país y cuál es su mejor opción para superar las crisis. El pueblo no es infalible, se equivoca en sus decisiones políticas −23 años de chavismo y lo que observamos en otros países de América Latina, así lo demuestran−; pero, de allí a pensar que cualquier gesto por librarse de ese error y amenaza es ignorancia o ingenuidad, es −como dije− un profundo prejuicio y menosprecio acerca de la capacidad popular por encontrar la salida a una situación que nos afecta a todos. Pero dejemos hasta aquí este tema, lamentable, y veamos algunos de los peligros que enfrentamos en la oposición, tras el triunfo electoral en Barinas.
El peligro fundamental, que ya hemos confrontado en pasadas ocasiones es el triunfalismo y lo que los especialistas en “mercadotecnia”, denominan la “extensión de la línea”, que llevándolo a la política es esa tendencia de querer extrapolar éxitos, indudables, pero parciales −en este caso locales− a otras áreas e instancias del país. De esta manera, ante la perspectiva que luce insoportable −y lo es− de aguantar hasta que se cumpla el cuestionado periodo presidencial, en 2024, no hay ninguna duda de la necesidad de buscar una vía para una salida a esta profunda crisis en la que nos consumimos, a este proceso de destrucción del país.
Surgen, de lo ocurrido el 21N en el país y el 9E en Barinas, dos posibilidades, una ineludible y otra inmediata. La ineludible es la necesidad de renovar la dirigencia política, los partidos y construir una organización popular vigorosa para resistir a la tiranía que nos agobia. La inmediata, que puede contribuir a la primera, es la opción del Referendo Revocatorio; opción que se abrió a partir del 10 de enero de este año, válida, a la mano e inobjetablemente constitucional, prevista en el artículo 72 de la Constitución. Además, es una opción que permite unificar a todo el país opositor, en un propósito único y compartido, sin disputas de liderazgo o de poder, pues no hay −al menos en lo inmediato− ningún cargo en juego.
Además, de que, bajo las propias reglas de la Constitución promovida por el régimen, se abre la posibilidad de revocarlo, qué duda cabe que la legitimidad del proceso electoral del año 2018 está en entredicho y que Nicolás Maduro ejerce la presidencia de hecho, con el apoyo de la fuerza armada y de las instituciones que controla. Asentados esos hechos básicos, hay que reconocer que la discusión de este tema es compleja y aun no se ha dado a fondo y porque el tema escapa a los aspectos meramente formales y jurídicos y se hunde en los políticos y estratégicos.
No basta que el RR sea una opción “constitucional” o suponer que será exitosa porque las encuestas muestran que el gobierno ha perdido una buena parte del apoyo popular; es necesario analizar el tema desde el punto de vista de la eficacia política. Y allí es donde hay que afinar el análisis de riesgos y dificultades. Como preludio de lo que será esta discusión, hay que decir que lograr un referendo revocatorio no es una tarea sencilla, libre de dificultades; el régimen pondrá todo tipo de obstáculos para impedir que se realice, pues de llevarse a acabo no está en juego una alcaldía o una gobernación, sino el núcleo mismo del poder.
Bien sabemos por las dos experiencias anteriores, que el gobierno se empleará a fondo para impedirlo o retrasarlo lo suficiente para que sus efectos sean nulos. En 2004 lo retrasaron un año, mientras el populismo demagógico de las llamadas “Misiones” le permitió a Chávez Frías recuperarse de la baja popularidad que el fracaso de su gestión comenzaba a mostrar. En 2016, el régimen de Nicolás Maduro, a través del TSJ y el CNE, organismos que controlaba y controla hoy, puso todo tipo de obstáculos y requisitos absurdos −contra la propia Constitución que ellos promovieron− para impedir que tan siquiera se pudieran recoger las firmas para activarlo y una vez que se dieron cuenta que nada impediría que se recogieran esas firmas, apelaron en varios Estados a jueces penales, incompetentes en la materia electoral, sin atribuciones para ello, para que detuvieran el proceso, en complicidad con el CNE; nada augura que ahora será distinto, sobre todo, porque el régimen está consciente de su falta de popularidad, del agotamiento de su “modelo económico” y que está frente a un peligro real de ser revocado por vía popular.
Además de los impedimentos, triquiñuelas y trampas que interpondrá el régimen, veamos algunos obstáculos reales, organizativos, a los que nos enfrentamos para activar un RR. Lo primero es que para activarlo es necesario reunir 4 millones 300 mil firmas, que son el 20% del actual registro electoral. Teóricamente es posible, pues en el último proceso electoral, el del 21N, que fue el más participativo desde el del año 2015, los votos por candidatos no oficialistas −que teóricamente serian votos a favor de un referendo revocatorio− fueron unos 4 millones 800 mil. Habría un margen de unas 500 mil firmas.
Pero hay una dificultad adicional, y es que −si no hay cambio en la legislación en la materia, cosa que no se prevé− ese 20% de firmas se debe recoger por Estado, y según las cifras del último proceso electoral, hay ocho Estados (Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, La Guaira y Miranda) en donde el número de votos obtenidos por la opción no oficialista, fue inferior a ese 20%. Un solo ejemplo, en el Estado Barinas, con un proceso electoral reciente y exitoso, en donde participó más del 55% de los electores, es necesario recoger 121.528 firmas, lo que significa que el 70% de los que votaron por la oposición tendrían que firmar la solicitud del referendo. En esos ocho Estados donde la votación no oficialista no supera el 20% necesario para convocar el RR, ¿Estarían dispuestos los “chavistas” a firmar para lograrlo?, es de dudar.
Si no es fácil la tarea de recoger firmas para activar el revocatorio, después, lograr los votos suficientes para revocar el mandato, es también una tarea ciclópea. Si se logran superar todos los obstáculos que pondrán y reunir las firmas para activar el referendo, para que quede revocado el mandato implica reunir el día de la votación un voto más de los 6.245.862 que, según el CNE, obtuvo Nicolás Maduro en 2018 en su cuestionado proceso electoral.
Teóricamente, a favor de intentar el proceso está la alta votación opositora, en su evento más significativo, el de la elección de la AN de 2015, que superó los 7 millones de votos, por lo que se supone que habría votos suficientes para revocar el mandato presidencial; además porque el registro electoral, desde esa época hasta hoy, se ha incrementado en un 45%, y sabemos que esa cifra está subestimada, pues el proceso de inscripción solo se ha abierto en contadas y efímeras ocasiones; sin embargo, también desde esa época hemos tenido varios procesos electorales en donde la apatía electoral y la abstención han sido altas −en 2017, 2018, 2020 y 2021− y además tenemos una alta migración o éxodo hacia el exterior de venezolanos con derecho a voto, que algunos aseguran que pasa de los 4 millones, la mayoría opositores; en este momento quienes teóricamente podrían votar en el exterior, por estar inscritos, serían solo unos 107 mil electores. Lograr que se abra el registro en el exterior y que se habiliten centros de votación donde ejercer ese derecho, no será tarea sencilla y encontrará toda la resistencia del régimen, que es quien controla los recursos para hacerlo y que puede modificar la ley y el reglamento electoral para que sea posible.
Estamos frente a un verdadero dilema. Pedir a la población que espere al 2024 para sacar del poder al régimen de oprobio y seguir sufriendo las penurias actuales, es frustrante y desmoralizante; pero emprender la difícil vía del revocatorio, que de no lograr activarlo o de no conseguir la revocatoria del mandato, puede ser un revés político más frustrante y demoledor, sin especular acerca de la significación que pudiera tener sobre la “legitimación o deslegitimación” de Nicolás Maduro, el fracaso en un evento que pretendió revocarlo. De tomar la decisión de buscar la revocatoria del mandato, será necesario estar preparados para evitar frustraciones y decepciones en la población.
