Publicado en: El Espectador
Por: Andrés Hoyos
El tratado de extradición colombiano con Estados Unidos se firmó en 1979. Desde entonces, el tema está metido en una olla a presión y últimamente una de las principales objeciones de Duque a la Ley Estatutaria de la JEP dizque busca evitar que delincuentes comunes y exguerrilleros usen esta jurisdicción para eludir la extradición.
La historia correspondiente es dramática. Belisario Betancur no quería aplicar el tratado, pero asesinaron a Rodrigo Lara, su ministro de Justicia, y cambió de opinión. Aceptó entregar a los delincuentes a Estados Unidos para que allá “se les castigue de manera ejemplar”. Los autodenominados extraditables emprendieron entonces la guerra a muerte contra el Estado colombiano porque preferían “una tumba en Colombia a un calabozo en Estados Unidos”. La posterior Asamblea Constituyente prohibió la extradición de colombianos y luego debió cambiar de opinión.
¿Algo nuevo al respecto? Sí, la historia ha dado un giro dramático que permite cuestionar todo el esquema. Pese a que hay dos o tres presos colombianos viejos en Estados Unidos, en particular Simón Trinidad, es raro que pase un mes sin que regrese al país un extraditado, tras pagar allá una condena muy baja, cuando no orrisoria. En los casos de los mafiosos, el hombre llega con una hoja de vida casi limpia – los exparamilitares sí suelen tener procesos abiertos ante la justicia colombiana –, lo que no quiere decir que haya dejado atrás su vocación criminal. La mayoría no sabe hacer otra cosa que traficar y delinquir, y con frecuencia matan para lograr sus objetivos. Me comería tres o cuatro columnas como está haciendo la lista de los que han regresado. En internet se encuentran los nombres.
Se sabe de muchos extraditados que llegan a sus antiguas zonas de influencia a reclamar propiedades – ilegítimas las más – y a cobrar venganza. Sospecho que parte muy considerable de los asesinatos de líderes sociales se debe a ellos. ¿Qué pasó con los tales castigos ejemplares de los que habla Betancur? Que los gringos se lavaron las manos, según su costumbre. Allá andan en otra cosa, diga usted legalizando la marihuana en varios estados, preludio de una legalización nacional muy posible una vez Trump salga del poder.
Una cosa es que un país, como la Colombia casi fallida de los años 80 y 90, quiera quitarse de encima al orangután que la asfixia, y otra que una nación recientemente pacificada y más sólida pretenda que otra le solucione sus problemas criminales. Esta cocción pasa por la prohibición y la consecuente guerra contra las drogas, parientes cercanas de la extradición. Despenalizar las drogas desde luego no implica perdonar a quienes hayan asesinado, masacrado y corrompido por su causa. Se trata de castigarlos, pero en el país.
Mi conclusión es que la extradición a Estados Unidos ya no sirve para nada, si es que alguna vez cumplió un papel distinto del de incendiar a Colombia. No soy ingenuo. Mientras el negocio del narcotráfico siga siendo tan grande como es, habrá delitos múltiples cometidos bajo su amparo, que cualquier país con algo de dignidad debe castigar en su territorio. Se llama soberanía. Dicho de otro modo, suspender la extradición de nacionales implica también quitarles el negocio y las razones fundamentales para matar y corromper, despenalizando las drogas. Para eso, sin embargo, tenemos que dejar de ser acomplejados. No veo al presidente Duque en esas.
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