Han hablado expertos en leyes, curtidos en el reconocimiento de los subterfugios que se han atravesado en la carrera del republicanismo desde la antigüedad clásica, profesores que quieren cumplir con su deber dejando de lado la petulancia de las torres de marfil. Ha sido tan digno de respeto su Acuerdo, y tan cargado de verdades, que el Consejo Universitario de la UCV lo acogió como suyo cuando fue leído en sesión formal. Ante el descontento popular, los padecimientos por la pandemia, la presión internacional y las fisuras en la cúpula del régimen, sugiere el documento: ¿No podemos estar también ante una posibilidad de restaurar los derechos conculcados, de rescatar la sofocada soberanía popular que es esencia del sistema republicano?
Publicado en: La Gran Aldea
Por: Elías Pino Iturrieta
Supongo que los principistas, los moralistas, los bienaventurados y legitimistas a quienes dediqué mi artículo la semana anterior, coincidirán conmigo en el reconocimiento de las cualidades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en materias relacionadas con el bien común. Es uno de los foros más antiguos y esclarecidos de la sociedad venezolana, con merecimientos que datan del período colonial y con aportes primordiales en la construcción de la República. Dependiente de los intereses de las dictaduras en períodos de autoritarismo, como los de Guzmán, Gómez y Pérez Jiménez, la fábrica de la convivencia liberal y de las instituciones que la apuntalaron en el siglo XIX y en nuestros días, encontró y encuentra en sus directivos y catedráticos luz potente para superar tropiezos y para permanecer como esencia de la vida civilizada que nos ha enorgullecido como sociedad. De esa tradición apenas interrumpida en los mencionados lapsos de servidumbre, mana el Acuerdo aprobado por los miembros de su Consejo de Facultad, el pasado 18 de mayo, que comentaré de seguidas
Antes recuerdo que los Consejos de Facultad de las universidades públicas están presididos por decanos electos por la comunidad, por los directores de las Escuelas y de los Institutos que desarrollan y administran la actividad académica, y por representantes profesorales y estudiantiles seleccionados mediante voto por sus electores, de acuerdo con las disposiciones de la autonomía que orienta la rutina de las altas casas de estudios desde los inicios de la democracia representativa. La selección de sus integrantes depende, en general, de credenciales intelectuales, aunque también los intereses políticos pueden influir en la escogencia. Los partidos habitualmente tratan de ubicarse en esos espacios fundamentales de decisión, pero casi siempre evitan el rubor de presentarse con activistas descarados y con analfabetas disimulados. El decano de la Facultad que nos ocupa no solo tiene la obligación, junto con sus directores, de velar por la institucionalidad de la República, no en balde la explican y apuntalan ellos en sus aulas y en profesores, sino también de las regulaciones que incumben la misma universidad. La cabeza de la Facultad se sienta cerca de las autoridades rectorales en las sesiones del Consejo Universitario, de primero en la fila de los decanos, para estar a mano frente a problemas y dudas. El comentario de un documento salido del seno de su Consejo de Facultad, que se intentará ahora, quiere prevenirse de opiniones pueriles y sectarias mediante la referencia a tales peculiaridades.
“Para profundizar la lucha por el restablecimiento de la legalidad electoral y, además, por el rescate del republicanismo en el borde del precipicio”
El Acuerdo es breve y ha circulado en las redes sociales. Si no lo han leído, les será fácil encontrarlo. Por consiguiente, ahorro las citas textuales para resumir lo que me parece fundamental de su contenido. Parte de una condena de la dictadura que impera en Venezuela, a la cual atribuye la manipulación de la legalidad, la carencia de legitimidad de origen y de desempeño y la entrega a intereses extranjeros. De esta afirmación panorámica pasa al asunto de la convocatoria electoral, llevada a cabo después del nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) con dos representantes de la oposición, y a considerar el problema que realmente significa. Es una designación sin fundamento legal, afirman las autoridades de la Facultad, una decisión nacida de un organismo espurio y unilateral; pero se puede juzgar, a la vez, como el salvavidas que busca un autoritarismo en aprietos ante los cuales se puede procurar ganancia. El descontento popular, los padecimientos masivos de la pandemia, la presión internacional y las fisuras en la cúpula del régimen, han conducido hasta un recurso de pescar sufragios que no forma parte de las fórmulas predilectas para la renovación de las élites en los sistemas dictatoriales, pero al cual acuden por razones urgentes de refrescamiento o de subsistencia. Así las cosas, sugiere el documento, ¿no podemos estar también ante una posibilidad de restaurar los derechos conculcados, de rescatar la sofocada soberanía popular que es esencia del sistema republicano?
Cuando responden la pregunta, los miembros del Consejo de la Facultad se detienen en un punto que no goza de popularidad entre quienes consideran que votar en los próximos comicios es como una especie de entrega de la virginidad ante la violencia de un ogro lascivo y omnipotente: La buena fe de muchos líderes de la oposición. Parten no solo de considerar como importantes, sino también como transparentes, las conductas de los dirigentes que han buscado avenimientos para lograr la inclusión de dos rectores de oposición en el comando del CNE, y consideran que se debe aprovechar ese punto de partida, no ideal ni aceptable con tranquilidad, no ancho sino estrecho, no seguro sino dudoso, para profundizar la lucha por el restablecimiento de la legalidad electoral y, además, por el rescate del republicanismo en el borde del precipicio. Los miembros del Consejo de la Facultad consideran que se trata de una tarea colmada de desafíos que solo se pueden superar en términos paulatinos, pero también de una coyuntura excepcional que debe enfrentar la oposición desde una plataforma unificada y desde un entendimiento novedoso de las urgencias de la sociedad y de su propio rol en lugares de vanguardia.
Nada nuevo, dirán los arcángeles del purismo, otro entreguismo ante las fortalezas de la tiranía, añadirán, pero un rechazo de tal naturaleza olvida la calidad de la fuente de la cual mana el razonamiento. No estamos ante un papel de los partidos políticos, ni ante la comparsa de un líder, ni frente a una declaración oportunista. No pusimos la vista en una extravagancia. Han hablado expertos en leyes, curtidos en el reconocimiento de los subterfugios que se han atravesado en la carrera del republicanismo desde la antigüedad clásica, profesores que quieren cumplir con su deber dejando de lado la petulancia de las torres de marfil. Ha sido tan digno de respeto su Acuerdo, y tan cargado de verdades, que el Consejo Universitario de la UCV lo acogió como suyo cuando fue leído en sesión formal. No sé cómo podrán descalificarlo los adalides de la abstención, sin valerse de zancadillas ni caer en boberías dogmáticas.
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