Publicado en El Nacional
El derecho, garante de la paz ciudadana, se ha convertido, en manos de sus aplicadores, en instrumento de terror.
En particular, las normas penales que sancionan los hechos más graves que afectan las bases de la convivencia comunitaria, con la amenaza de penas que pretenden disuadir a los presuntos infractores, se ha erigido en instrumento de amedrentamiento para perseguir, no a los delincuentes, sino a cualquier ciudadano disidente que no responda a las exigencias de un régimen que demanda adhesión, obediencia y respeto absoluto a las normas que conforman la “moral socialista”.
Ha surgido un nuevo derecho penal no escrito que se pone en movimiento por actas policiales que recogen declaraciones de “fuentes vivas de información” cuyos nombres se ocultan; se detiene por “flagrancia” ante simples sospechas que solo revelan conductas perfectamente lícitas y permitidas en un sistema de libertades; se incriminan afirmaciones tan inocuas como llamar a “rescatar los valores democráticos”; se califica como traición a la patria ejercer recursos ante órganos internacionales consagrados en tratados que son leyes venezolanas; se sancionan como actos de pretendida desobediencia críticas legítimas y manifestaciones del derecho a la libre expresión del pensamiento y se llega hasta el colmo de formular “exhortos” para inhibir opiniones por las cuales nadie pueda ser molestado.
Se instiga al delito por llamar a la protesta; se incita a la desobediencia de las leyes por el cuestionamiento de instrumentos legales contrarios a la Constitución y se pretende identificar como discursos de odios la exposición de ideas, formulación de planes y elaboración de proyectos de cambio que aspiran a construir una nueva sociedad en las que, precisamente, se destierre el odio y la discriminación que se ha sembrado en décadas de terror.
Los abogados penalistas somos los instrumentos para reaccionar ante el miedo y el temor en lugar de representar el apoyo firme para afianzar los derechos ciudadanos e impedir el atropello de quienes deben garantizar el orden y la libertad.
La violencia cobra cada día nuevas víctimas y requiere la asistencia de profesionales que hagan valer sus derechos; la impunidad reclama el castigo justo y oportuno en un juicio con garantías y la reacción eficaz ante los abusos de quienes, prevalidos del poder, pretendiendo erigir en delictivas conductas amparadas en el ejercicio de los derechos ciudadanos; y la justicia demanda la actuación de verdaderos abogados penalistas que no inspiren temor y que puedan hacer valer la vigencia efectiva del derecho.
Llegará el día en que pueda decir que “estoy a la orden”, sin que mi ofrecimiento sea de mal augurio o equívoco compromiso de una persecución carente de todo fundamento que pueda amenazar la libertad personal o la paz de una familia.
aas@arteagasanchez.com
