Rectificación vs ratificación – Giovanna De Michele

El pasado 3 de marzo se pudo conocer el contenido de una carta enviada por el presidente Barack Obama a la Cámara de Representantes y al Senado de su país, en la cual, expresó la necesidad de “continuar la emergencia nacional declarada en la orden ejecutiva 13692 con respecto a la situación en Venezuela”; agregando que en el país latinoamericano “no ha mejorado”.

Sin duda alguna un duro golpe para el gobierno del presidente Nicolás Maduro que en la actualidad enfrenta la peor crisis económica de la historia venezolana, en medio de un clima político signado por la incertidumbre, a raíz de la incontrovertible pugna entre los poderes públicos y el mayor rechazo popular que haya debido cabalgar presidente alguno en nuestro país.

En tal sentido es necesario recordar que la polémica orden ejecutiva señala que lo que constituye una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos” es  “la erosión de las garantías de derechos humanos, la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones y abusos de los derechos humanos en respuesta a las protestas contra el gobierno, y el arresto arbitrario y la detención de manifestantes que están en contra del gobierno, así como la presencia exacerbada de corrupción pública significativa”.

A continuación, el polémico instrumento  legal, especifica una serie de restricciones a siete funcionarios del Gobierno venezolano, en función de las leyes internas de Estados Unidos de América; lo cual no plantea forma alguna de  injerencia en los asuntos internos venezolanos; por cuanto las medidas anunciadas son de aplicación exclusiva en el territorio de los Estados Unidos de América.

En ningún caso, se menciona la posibilidad de utilización de fuerzas armadas extranjeras en contra del territorio nacional, así como tampoco se prevé el bloqueo de las costas venezolanas o el embargo de ninguno de nuestros productos de comercialización con el exterior. Al respecto, es indiscutible la existencia de un gran consenso dentro y fuera del territorio venezolano, en torno  a las claras y manifiestas limitaciones de la República Bolivariana de Venezuela para ser considerada una amenaza para la mayor potencia militar del mundo.

Ya en el año 2015, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro generó toda una matriz de opinión según la cual, el llamado “Decreto Obama”, constituía la antesala para una acción militar estadounidense en tierras venezolanas, por lo que se requería el apoyo irrestricto de la comunidad internacional, básicamente de los latinoamericanos para expresar el contundente rechazo a lo que desde el Palacio de Miraflores fue calificado como una “violación a la soberanía nacional”.

En tal sentido, se recogieron firmas y se promovió una campaña publicitaria bajo el slogan “Obama, deroga el decreto YA”, que profundizó aún más la polarización social y política dentro de la nación venezolana, dividiendo a la población entre quienes apoyaban el decreto intervencionista y quienes se sumaban a la defensa de la Patria.

En esta oportunidad, un año más tarde, todo parece reeditarse con la misma partitura y el mismo propósito, pero con un nuevo fin, el cual parece estar orientado a resaltar la estrategia de la “victimización” que ha venido implementando el Gobierno venezolano, en la búsqueda de agentes externos e internos, ajenos a las funciones de gobierno, sobre quienes endosar las culpas por los fracasos de las políticas públicas y de la consecuente crisis que agobia a las autoridades, mientras deteriora de manera creciente y sostenida la calidad de vida de quienes residimos en la República Bolivariana de Venezuela.

Lo anterior, permite sin duda, preservar la revolución bolivariana y eximir de responsabilidades a sus dirigentes, quienes parecieran prepararse para una retirada histórica que consagraría al proyecto y a sus líderes como mártires de su propio proceso, en una región que en los términos revolucionarios “aún sigue bajo la influencia del imperio norteamericano”.

Pocos probablemente se habrán percatado de los efectos perniciosos de la reacción del Gobierno bolivariano frente al contenido de la acción estadounidense; la cual se orienta a cuestionar y sancionar “la erosión de las garantías de derechos humanos, la persecución de opositores políticos, restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones y abusos de los derechos humanos en respuesta a las protestas contra el gobierno, y el arresto arbitrario y la detención de manifestantes que están en contra del gobierno, así como la presencia exacerbada de corrupción pública significativa”.

Esta omisión, será indudablemente interpretada por algunos representantes de la comunidad internacional como un claro desprecio hacia los compromisos asumidos por nuestro país, en la promoción y defensa de la democracia. De hecho, tan lamentables circunstancias coinciden con la solicitud formulada por la Asamblea Nacional venezolana, al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, para que evalúe la posibilidad de aplicar a Venezuela las sanciones estipuladas en la Carta Democrática Interamericana, por acciones tendentes a violentar el orden democrático, en la medida en que atentan contra los elementos que tal documento define, como manifestaciones de la legitimidad de desempeño democrático.

Independientemente de las posibilidades reales de materialización de la solicitud del Poder Legislativo venezolano; su mero enunciado y su acompañamiento por parte de instancias homólogas en la región, así como de otras organizaciones nacionales e internacionales; pone de relieve el grave deterioro del posicionamiento del Estado venezolano en el ámbito mundial, donde es percibido con mucha desconfianza e incertidumbre a pesar del apoyo de Gobiernos regionales, inmersos en sus propias crisis internas.

Huelga destacar que lejos de “rectificar”; el presidente Barack Obama ha “ratificado” sus posición con relación a la República Bolivariana de Venezuela; logrando además satisfacer a una audiencia interna en Estados Unidos de América, que espera vigilante y expectante las últimas maniobras del partido demócrata, antes de decidir su voto para la contienda presidencial del venidero mes de noviembre.

Giovanna De Michele

Internacionalista