Por: Luis Ugalde
Es curioso, el Presidente de la Asamblea Nacional, desde el foro
democrático creado para debatir y aportar propuestas diversas a la solución de los problemas del país, fue quien primero saltó diciendo que la Conferencia Episcopal no tiene derecho a opinar sobre la situación nacional hasta que no se inscriba como partido político. Fue el mismo quien llevó a prohibir que los partidos no controlados y sumisos presidan una comisión parlamentaria, y que se inhabilite a los diputados que no le agradan y a todo partido que no esté de acuerdo con las políticas gubernamentales lo acusan de subversivo y de estar a las órdenes del imperio, solo por el hecho de no creer que el gobierno que tenemos lo está haciendo muy bien dentro de un modelo envidia del mundo. Los obispos no tienen derecho a decir, como lo han hecho:
-Que “la violencia social es cada vez peor” y que la “crisis de inseguridad es intolerable”.
-Que tenemos “una deuda externa gigantesca”, “inflación desbordada”, “desabastecimiento de productos básicos”, “empobrecimiento de amplios sectores de la población”, “corrupción administrativa” e “ineficacia de las medidas y planes que está aplicando el Gobierno Nacional para enfrentarla”.
-Que “la causa de esta crisis general es la decisión del Gobierno Nacional de imponer un sistema totalitario y centralista” que “atenta contra la libertad y los derechos de las personas y asociaciones”.
Los obispos mientras no se inscriban como partido no pueden decir que “el diálogo es la vía indispensable para lograr la concertación y resolver los graves problemas de nuestro país”, ni que “ los “líderes de los diversos sectores políticos, empresariales, laborales y culturales deben participar en la solución de dichos graves problemas”. Les está prohibido decir que “los líderes de la oposición están en la obligación de presentar un proyecto común de país y trabajar por el bien de Venezuela, superando las tentaciones del personalismo”, que “el estamento militar debe actuar con la imparcialidad postulada en la Constitución” y “que cada uno de nosotros, como ciudadanos, tiene responsabilidades políticas que no puede delegar”. Que “el sistema económico que está imponiendo el Gobierno Nacional es, a todas luces, ineficaz” y que “Venezuela necesita un nuevo espíritu emprendedor con audacia y creatividad y que es urgente estimular la laboriosidad y la producción dando seguridad jurídica y fomentando empresas eficientes, tanto públicas como privadas”. No están autorizados los obispos para decir que “esta crisis nacional no será resuelta en su totalidad sin una renovación moral y espiritual que lleve a líneas concretas de acción”, ni a pedirnos que “rechacemos la injusticia, la corrupción y la violencia como males morales que hunden al país, y que vivamos de acuerdo al proyecto del Reino de Dios predicado por nuestro Señor Jesucristo”.
Los obispos que se callen esas y otras opiniones y orientaciones sobre el país, pues no se inscribieron como partido político. Y que los partidos políticos también guarden silencio, pues si no están de acuerdo es porque son agentes golpistas del imperio.
Ya sabíamos que a las dictaduras de derecha y de izquierda, desde Franco y Pinochet hasta Stalin les gusta que la Iglesia los bendiga y alabe o se someta y calle. O si no los callarán ellos asesinándolos, como ocurrió con Monseñor Romero por pedir a los militares en nombre de Dios que dejen de matar campesinos.
Defender la vida y la dignidad de los venezolanos y sus derechos humanos es una obligación de todo seguidor de Jesús de Nazaret. No es una opción, sino una obligación llamar a la conciencia de los venezolanos a “defender activa y firmemente” “nuestros derechos y los derechos de los demás y exigir el respeto a las condiciones necesarias para una convivencia nacional justa, pacífica y provechosa para todos”. Parece que todo eso es fácil de entender. ¿Será que el Presidente de la Asamblea Nacional confunde la República con un cuartel?
No es necesario preguntarse por qué la inmensa mayoría de los venezolanos aplaude y agradece la valentía y claridad de los obispos, justamente porque no están inscritos en un partido político para defender al gobierno, ni para atacarlo. La palabra de Dios no es para formar serviles ante los poderes, sino para despertar conciencias en defensa de la vida y una convivencia política y social de justicia, de paz y de amor.
