Para sobrevivir su ineficiencia a la hora de satisfacer las necesidades básicas de los habitantes, los regímenes comunistas siempre han optado por erigir muros que los separen de la -según ellos-, decadente realidad de Occidente.
El primero y más famoso por su duración en el tiempo fue la llamada cortina de hierro, ideada por Stalin e impuesta a todas las naciones controladas por los soviéticos. Ese muro tuvo su expresión física más notoria en Berlín y también resultó, al ser derribado en 1989, la expresión visual más impactante del final de un régimen político negador de las libertades individuales y que se sustentaba en la articulación de un sofisticado mecanismo de vigilancia y represión.
Si bien posteriores regímenes comunistas del planeta no crearon muros físicos, sí lograron aislar a su población de la realidad internacional, haciendo prácticamente imposible que sus ciudadanos pudiesen viajar libremente a otros países y así constatar que el resto del mundo no era la fantasía negra que le inculcaban en la mente sus dirigentes.
En el caso más cercano a nosotros, el de Cuba, ya sabemos cómo muchos de sus habitantes escogieron enfrentar los peligros del mar para encontrar la libertad que en la isla les negaba una satrapía familiar.
En nuestro país, a pesar de los denodados esfuerzos de la nomenclatura comunista y militar, no han logrado tener éxito erigiendo el muro de contención con el que podrían impedir que los ciudadanos comparasen la realidad interna con la externa.
El primero de septiembre de 2016 es la respuesta contundente de la población venezolana, que no está dispuesta a que la sigan aislando del resto del mundo u obligando, por múltiples razones de todos ya conocidas, a que muchos de sus ciudadanos se vean forzados a emigrar para poder vivir en paz.
Si el gobierno no termina de entender que su única oportunidad de salir mejor librado es facilitar la realización del referéndum revocatorio este año, lo ocurrido en Villa Rosa puede ser la chispa que encienda la pradera y entonces lo que pudo haber sido resuelto pacíficamente y constitucionalmente se convierta en algo incontrolable y perjudicial, no sólo para el gobierno, sino para todo el país .