Por: Ismael Pérez Vigil
En Venezuela cada quien lee, ve, oye y entiende lo que quiere leer, ver, oír y entender y el tema de cómo interpretar el “mandato” del plebiscito del 16 de julio de 2017, no es una excepción.
El 16 de julio, en mi opinión, se dieron varios mensajes. El primero, ya lo he dicho, es que cuando se convocan eventos electorales o similares, la respuesta es masiva: millones de personas acudimos al llamado. Algo debería decir ese primer mensaje a nuestros líderes y la interpretación es que los venezolanos queremos enfrentar a la dictadura, que la rechazamos, pero no somos suicidas. Tras cuatro meses de enfrentamiento en las calles con la GNB/PNB/FANB y grupos paramilitares armados, no estamos dispuestos a seguir siendo acribillados y morir en las calles asesinados por los esbirros del régimen. Y no es una metáfora, lo hemos vivido. No somos soldados, somos ciudadanos, queremos elecciones, en las que podamos expresarnos y participar masivamente, además de votar.
El segundo mensaje, también fue claro en las respuestas a las tres preguntas del plebiscito, especialmente a la tercera, que reproduzco casi textualmente: queremos “la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución”, lo queremos en “elecciones libres y transparentes” y que se conforme “un Gobierno de Unidad Nacional para restituir el orden constitucional”. Esta ha tenido otra lectura por parte de algunos.
No hay en la tercera pregunta un lapso para hacerlo, una fecha para su ejecución, que además sería absurdo definirla frente a una dictadura que hemos visto dispuesta a mentir, reprimir y matar por mantener el poder. Pero sí hay en la pregunta un “modo”: renovando poderes, de acuerdo a la Constitución, mediante elecciones; y una finalidad, un “mandato”, para usar la palabra que les gusta a algunos: conformando un gobierno de unidad nacional. Es decir, que sea por decisión de la mayoría y que se incluya a todos en ese proceso.
Ahora bien, los poderes públicos se deben “renovar” de acuerdo con un procedimiento constitucional y legal, claramente establecido, porque de eso se trata, de “restablecer el orden constitucional” que ha sido violado, alterado, desconocido, por esta dictadura. Algunos, el Tribunal Supremo, CNE e integrantes del Poder Ciudadano, deben ser designados por la Asamblea Nacional (AN); otros –la propia AN y el Presidente de la Republica– deben ser electos por el pueblo en elecciones democráticas. Ya la AN desconoció al TSJ y nombró magistrados – casi todos hoy en el exilio– e inició el proceso para elegir rectores del CNE, que debió suspenderse cuando los candidatos retiraron sus nombres al ver lo que pasó con los magistrados del TSJ designados por la AN; además reconoció a la Fiscal General, también hoy en el exilio, y designó al Vice Fiscal. Pero la AN ha hecho mucho más: declaró la ausencia del cargo del Presidente de la República, desconoció la ANC, llamó a la FANB a restituir el orden democrático y desconocer a la dictadura, y llamó al pueblo a la desobediencia civil a través de los artículos 333 y 350 de la Constitución, organizando además un plebiscito popular, al margen del CNE, desconociendo en la práctica, a este organismo. Y varias cosas más, que sería largo enumerar.
¿Qué significa entonces cumplir el mandato del 16J? ¿Cómo lo hacemos? ¿Aplicamos una “caída y mesa limpia”? ¿Le pedimos a la AN que desconozca la Constitución y proceda a hacerlo de cualquier manera? ¿A la brava, como lo hace la dictadura, sabiendo, como sabemos, además, que la AN no tiene la “fuerza física” –léase bien, “fuerza física”– para hacer que se respeten sus decisiones?
Agradeceríamos a quienes sí han entendido “correctamente” el mandato del 16J que nos ilustraran acerca del Cómo y Cuándo, según ellos, se cumple el mandato del 16J y que ellos han entendido de una manera tan distinta y perentoria y que asuman la responsabilidad de lo que eso implica.
