Son 40 los muertos que ya causa la “masacre de Tibisay” en 
Venezuela desde este abril luctuoso, que trae a la memoria el otro abril, el del 11, el de la “masacre de Miraflores” de 2002.
No olvido el llamamiento que entonces hacen a sus paramilitares [mal llamados colectivos] el ministro de la defensa, José Vicente Rangel, y el diputado Juan Barreto, al grito de “no pasarán” los opositores. Quedan a la vera 20 muertos y un centenar de heridos quienes intentan pasar. Los hemos olvidado tras el debate bizantino sobre un “golpe de micrófonos” entre militares al que sigue la razzia que monta el propio Hugo Chávez días antes, en comandita con Julián Isaías Rodríguez Díaz, a la sazón Fiscal General de la República y embajador de la dictadura de Nicolás Maduro en Roma.
Isaías, antes que conservar el silencio de un arrepentido, se solaza con su participación en el rito funerario del año citado. Y ahora vuelve para participar de otra treta que entierre la memoria de los caídos por culpa del Poder Electoral y por acción coludida de militares, paramilitares y presos a las órdenes de la ministra Iris Varela. Me refiero a la calificada “prostituyente” y la confiscación previa del derecho al voto de los venezolanos.
La inconstitucional convocatoria por Nicolás Maduro de una asamblea comunal bajo el nombre de constituyente, para que le ponga final a la república democrática, a sus elecciones universales, y asegure la instalación de un esquema en Venezuela que, réplica del cubano, haga perpetua su revolución asesina, busca, al cabo, acallar el llanto de los padres y hermanos de las víctimas de sus masacres.
La consigna que otrora lleva hasta la boca de un Ejército de felones el mismo Chávez – Patria, socialismo o muerte – se hace realidad cruda y muda, como lo fue en 2014 con la “masacre del día de la Juventud”. Llega la muerte porque los causahabientes de éste pierden los votos. Les quedan en herencia las balas.
Así se explica, no de otra manera, la operación de desconocimiento y secuestro paulatino de la soberanía popular y del sagrado principio democrático: una persona, un voto, que se monta a partir del 6 de diciembre de 2015, cuando es electa una Asamblea Nacional de mayoría calificada opositora. Son la razón de las inconstitucionales negativas del referéndum revocatorio y la moratoria de las elecciones de gobernadores y de alcaldes, en las que ayudan los ex presidentes Zapatero, Fernández, Torrijos y Samper, observadores electorales al servicio de la Lucena y, sucesivamente, sicarios de la dictadura para enterrar a la libertad.
Balas y no votos es el parte aguas que se hace agonal. A partir de él pueden discernirse las responsabilidades por los crímenes de lesa humanidad – masacres generalizadas, hijas de la discriminación política, obras de una política de Estado – acometidos hoy y en el curso de los últimos 17 años.
Chávez usurpa la soberanía y se sitúa por encima de la Constitución dando lugar al 11 de abril. Después usa la mano de Tibisay Lucena para ocultar el fraude del referendo revocatorio que le habría expulsado del poder en 2004, y así se agita aún más la llama de la protesta social. Luego Maduro persigue judicialmente a quienes cuestionan su elección – con vicios de todo orden – y arde la pradera hacia el 2014. Derrotado políticamente en 2015, desconoce al parlamento y he allí los resultados. El saldo está a la vista. Muertos, heridos, encarcelados por miles, por demandar votos y rechazar las balas.
El cinismo criminal de quien se presta y dispone de los poderes que le otorga la Constitución para desviarlos, permitiendo que se mancille el sagrado derecho al sufragio y con ello se desate la violencia en todo el país, tiene una lápida lapidaria escrita por la Lucena: “La constituyente nos dará la paz que todos nos merecemos”, a saber, la paz de los sepulcros.
Venezuela nace y amanta su historia patria de desencuentros, entre intersticios de paz verdadera, a partir del primer predicado existencial que nos damos los venezolanos antes de que las espadas se impongan durante el siglo XIX y parte del siglo XX: “La soberanía es por su naturaleza… indivisible [y] todo individuo, corporación o ciudad, que usurpe la soberanía, incurrirá en el delito de lesa Nación”, declara el 1° de julio de 1811 nuestro primer Congreso. Más tarde, sobre el reclamo popular del voto universal, directo y secreto en 1945, vuelven esas espadas con la saña de Caín, para hacer caricatura del sufragio ciudadano.
Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D’Amelio, rectoras electorales, al permitir la confiscación de los votos por la dictadura, han regado de gasolina el suelo patrio. Son las madres desnaturalizadas de la masacre. Habrán de responder, Dios mediante, por los asesinatos de nuestros muchachos, que ejecutan bajo sus estímulos “colectivos armados y uniformados” según la enjundiosa investigación del periodista Francisco Olivares.
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