Por: Elsa Cardozo
Hoy es un día muy importante para Colombia, sus vecinos y, más
allá, para el registro histórico sobre las posibilidades de la negociación de conflictos cuando quienes crean las condiciones para que sea posible no pierden de vista su propósito ni el balance entre sus costos y beneficios. La consulta de este domingo coloca en manos de los colombianos la decisión final sobre un compromiso muy complejo, arduamente negociado en cada uno de sus aspectos y que deja muy bien definido el compromiso de todos con una hoja de ruta que debe ser cuidadosamente seguida.
Para los académicos, analistas y consultores es este un caso de obligado estudio sobre por qué y cómo desde la confrontación existencial se abre paso la posibilidad y necesidad de negociar su final; sobre la elección del lugar, los garantes y acompañantes de la negociación, para sumarle apoyos y neutralizar adversarios; sobre la definición misma de la agenda y el orden de los temas a ir acordando; sobre el papel de la presión y las operaciones militares gubernamentales antes y durante las negociaciones con las que se corroboró una y otra vez la debilidad material y política de las FARC; sobre la búsqueda simultánea de recursos para financiar la transición, y entre muchos otros aspectos, sobre los muy críticos y socialmente sensibles temas de la justicia para el tránsito a la paz.
Así es, todo un caso que visto desde Venezuela obliga a mucha reflexión sobre lo que significa para nosotros. Por supuesto que lo anotado sobre el “caso de estudio” nos es de enorme interés, pero en términos muy diferentes. Aquí hay que comenzar por precisar que es el gobierno mismo el que se ha alejado de la legalidad y desde donde se alienta y ejerce materialmente una temible escalada de violencia. Pero hay otros aspectos de mucho interés en lo que hoy se decide en Colombia: por sus efectos en la relación bilateral y en los movimientos recientes en el mapa regional.
La extensión del control del Estado colombiano sobre su territorio y el desarrollo de las conversaciones de paz ha propiciado y seguirá alentando la mudanza hacia territorio venezolano de irregulares no pacificables y de todas las actividades ilegales y criminales que los acompañan. Un gobierno genuinamente preocupado por la seguridad del Estado y sus ciudadanos, aparte de contar con la política de fronteras correspondiente, debería haber aprovechado su cercanía a la negociación para acordar sistemas de coordinación y control mutuamente beneficiosos, con apoyo y posibles incentivos y financiamiento internacional. Pero eso no lo tenemos en Venezuela y, entre todos los vecinos de Colombia, somos el país más vulnerable.
Si por décadas se dijo, con toda razón, que la paz en Colombia era la paz para Venezuela, desde hace unos años la fórmula se fue invirtiendo a medida que se conjugaban la estrategia militar y política de los colombianos para alcanzar su paz y la del gobierno venezolano de alentar sus alianzas insólitas y la confrontación interior. Es curioso que incluso de eso el gobierno de Juan Manuel Santos supo sacar partido y, al dar a Venezuela un papel en la negociación, hizo buen uso de los vínculos del gobierno con la guerrilla y, a la vez, desalentó –participación de Cuba mediante– la posibilidad del saboteo.
En estos días el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, planteó ante la Asamblea General de de las Naciones Unidas la necesidad de inmediata atención a la crisis venezolana por un grupo de apoyo, y precisó en días sucesivos el papel que en él debería tener Colombia.
Lo cierto es que en el movido mapa político latinoamericano la paz abre a nuestro vecino nuevas posibilidades y responsabilidades. En cuanto a Venezuela, urge una relación atendida desde referencias de seguridad y humanas más integrales que las impuestas por la prioridad de las negociaciones de paz que, para el bien de todos, esperamos ver refrendada hoy. Así sea.
