La más grande de las imposturas

Por: Colette Capriles

  Ya desde el repudio de la reforma de 2007, el régimen ha ido construyendo por vía legal e inconsulta su propio modelo de poder a través del monstruoso entramado de las inconstitucionales leyes asociadas al Estado comunal. Su análisis requiere un trabajo minuciosísimo como el emprendido por varios abogados en el volumen Leyes orgánicas sobre el poder popular y el Estado comunal, 2011, N° 50 de la Colección de Textos Legislativos. Pero la manera en que se introduce todo ello en el discurso político es lo que me interesa aquí. En definitiva, el instrumento legal tiene que legitimizarse políticamente, por así decirlo. Evidentemente, el resultado de las elecciones es el fundamento de esa legitimidad (lo que no supuso ningún tipo de deliberación pública sobre el modelo, por cierto), pero la pretensión de hegemonía política y de consentimiento exige algo más: el asunto no es tanto aplicar las leyes sino delinear y hacer circular, para naturalizarlo, el modelo de dominación que ellas hacen posible.

  Un modelo de dominación que va dirigido a materializar la unidad absoluta del poder, pero que en la manera en que está siendo circulado por Chávez, viene discursivamente travestido para que esa consecuencia esencial pase desapercibida. El poder popular no aparece como una conquista ideológica o política: aparece como una solución técnica a la ineficiencia de la “burocracia” que intermedia entre el gendarme y el pueblo. El lamento “autocrítico”, que era la antesala de toda purga en los regímenes comunistas, funciona en este caso como vía para el rebanamiento de cualquier contrapeso interno al poder de la cúspide; pero no es esto lo que se pregona. Es el discurso de la eficiencia el que enmascara y justifica la nueva verticalidad del poder. El Estado comunal sería no una fórmula política sino un dispositivo de gestión pública más eficiente. La discusión política no cabe.

  Que un régimen comunista pueda ser eficiente es un oxímoron: sometido al imperativo de la redistribución (llamada “reinversión social del excedente”), sin propiedad privada, no hay eficiencia posible en el sistema productivo. Lo interesante es que la promesa de aumento de la eficiencia mediante la eliminación de la intermediación constitucional y la apelación al ejercicio directo de la soberanía popular termina traicionada por la estructura burocrática de “vocerías” que, derivadas de un poder asambleario, no son elegidas por sufragio sino controladas por el Estado mismo y no serán otra cosa que los tradicionales comisarios del pueblo.

  Pero el asunto de la “eficiencia” es a la vez parte de un diálogo con el cadáver de la revolución. La eliminación de la política (reglas y condiciones para el ejercicio competitivo del poder) conduce a una primacía del discurso de la “administración de los recursos”. Así ocurrió en la URSS a partir de Stalin. La formulación del plan quinquenal agotaba toda la política y las constantes elecciones lo eran sólo para nombrar un funcionario que exaltaba las bondades del único plan, sin ningún tipo de deliberación acerca de sus peculiaridades u opciones. En el imaginario post mórtem, la longevidad de la URSS proviene de la potencia represiva; pero ello no es enteramente cierto puesto que mucha de la coerción fue ejercida a través de la “gerencia del bienestar”, es decir, de la administración de privilegios de consumo para premiar la lealtad. El colapso del sistema soviético se debió no a una masiva reconciliación del pueblo con los valores de la libertad y de la autonomía, sino por la absoluta imposibilidad de cumplir la promesa redistributiva, creando en cambio, a fin de cuentas, privaciones gigantescas para el pueblo y lujo asiático para la nomenklatura. La redistribución comunal nuestra vendrá del petróleo, no del excedente socialmente trabajado, pero lleva el mismo curso.