Por: Luis Pedro España
El cierre de los medios de comunicación no solo ha significado bajarle el
volumen a la oposición sino que, más importante aún, le ha tapado la boca a la realidad.
El gobierno ha logrado esconder por los rincones una de las más gigantescas e injustas depresiones sociales que hayamos vivido. El ciudadano común, al carecer de referentes y fuentes de información libres, trata de explicarse la totalidad desde sus vivencias personales y hasta donde le alcanza la mirada. No entiende cómo el país se le vino al piso sin que medie una caída del petróleo, un colapso financiero o alguna otra desgracia.
Ve con cierto asombro la multiplicación de personas pidiendo en las calles o niños ocupados en servicios de mendicidad, situación que, aunque distante, no puede dejar de asociar con la depresión que vive diariamente por sus propias cuentas y necesidades mensuales no cubiertas.
Vivimos una crisis social que no debimos padecer. Si los mezquinos intereses políticos no hubiesen privado por sobre los sociales o económicos, no tendríamos que ver las distintas caras de la depresión. Una, la del empobrecimiento generalizado de todos los venezolanos, y otra, la del aumento de la pobreza.
Cuando existe una política social para enfrentar la crisis, lo que obviamente no es nuestro caso, el esfuerzo se concentra en los pobres. El resto, los grupos medios, están en mejor posición para defenderse y seguramente serán los primeros en salir de la crisis cuando las cambien las condiciones. Actuar de cualquier otra manera es contrario a la equidad y la justicia.
Pero nada de lo anterior está entre las preocupaciones del gobierno. Viven pendientes de los síntomas, para tratar de taparlos o para perseguir a quienes los exponen a la luz pública. Enfrentan al pueblo contra el pueblo, en forma de colectivos o frentes de defensa de sus propios intereses, para que ninguna de las evidencias de este barranco social se comente en el barrio, la camionetica, las oficinas, dependencias o empresas del Estado.
De la lógica de terror comunicacional no quedan libres ni los propios centros de atención social. La escuela pública lleva rato siendo un espacio de persecución política, así como hoy es notorio en los centros de salud. Allí denunciar u ofrecer declaraciones pueden costar el despido, la jubilación anticipada o, cuando no, una boleta de citación en la fiscalía.
Es por ello que el trabajo de la oposición, ahora coordinada por un experto en esto de desenterrar realidades sociales que el poder trata de ocultar, debe consistir en convertirse en una ventana abierta a la realidad. Debe diseñar indicadores permanentes y sencillos a través de los cuales el venezolano común pueda hacer la conexión entre lo que vive y lo que son las verdaderas causas de la injusta crisis que nos ha tocado padecer.
Toca a la Mesa de la Unidad Democrática un doble trabajo, hacer lo que hasta ahora, alianzas y acuerdos para aglutinar votos, junto con el seguimiento y la difusión de la realidad que el gobierno pretende esconder. Tareas complementarias y únicas que son las que permitirán, Dios mediante, cambiar las cosas.
