Sólo un “esclavo del Derecho” – con una narrativa ética o
cosmovisión fundante – que se exige a sí apelar a la racionalidad profunda al evaluar las circunstancias del presente, y sobre todo a fin de mirar las deudas de éste para con las generaciones futuras, pudo ser capaz de provocar el terremoto que ha lugar hoy dentro de la OEA y resucitarla.
El Informe del Secretario General, Luis Almagro, a propósito de las alteraciones graves del orden constitucional y democrático que ocurren en Venezuela, víctima de una hambruna generalizada, le llevan a invocar la actuación del Consejo Permanente con base en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Ello marca un parteaguas, sin lugar a dudas.
Con independencia de los primeros escarceos que provoca el petitorio – la indignación del dictador Nicolás Maduro o el auxilio coludido que le brinda a éste la canciller argentina – o las medianías que se hacen presentes para forjar transacciones morganáticas entre las víctimas de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos y los violadores, lo cierto es que llega al seno de la OEA la hora de la verdad.
En el fondo pugnan, agonalmente, tras manipulaciones o interpretaciones a conveniencia de la citada Carta Democrática, dos perspectivas irreconciliables acerca del hecho democrático, una cesarista y otra libertaria, humana a secas.
Los corto circuitos que provoca el Informe Almagro van, así, más allá de un cuestionamiento a un régimen de oprobio, el de Nicolás Maduro, que trastoca la totalidad de los elementos esenciales de la democracia – irrespeto sistemático a los derechos humanos, ejercicio del poder de espaldas al Estado de Derecho, desconocimiento de la soberanía popular y del ejercicio de la participación ciudadana, negación del pluralismo político, ausencia de separación de poderes – y de los componentes fundamentales de su ejercicio: la narco-corrupción y la falta de acceso a la información pública, la negación de los derechos a la alimentación y la salud, la hegemonía comunicacional del Estado. Su informe y el informe anterior de la CIDH de 2009, son palmarios al respecto.
¿Cómo es eso, entonces, que al pedir Almagro de los Estados miembros que cumplan con sus obligaciones de seguridad colectiva de la democracia a tenor de la citada Carta de 2001 – interpretación auténtica y renovación de la Carta de Bogotá de 1948 – sus gobiernos deciden por la dictadura de Caracas, le alivian sus cargas y ponen de lado sus “crímenes multifrontales”?
La propuesta de México, sincrética y de laboratorio, acogida por la mayoría del Consejo Permanente el pasado 1ro de junio, mediante su resolución 63, pide, en efecto, un diálogo directo – sin observación institucional interamericana – entre la ley y el delito, entre el secuestrador y sus secuestrados junto a los aliados del primero. Nada menos.
Puede argüirse que es propio de la diplomacia resolver melifluamente e imponer al final un fingimiento, que mejor evoca las prácticas mussolinianas de la mentira para satisfacción de todos: “Las palabras de la ley no tienen más el significado registrado en el vocabulario jurídico, sino un significado diverso… Hay un ordenamiento oficial que se expresa en las leyes, y otro oficioso, que se concreta en la práctica política sistemáticamente contraria a las leyes…”, recuerda Calamandrei.
La Carta Democrática, antes bien, es la OEA del siglo XXI. Es el abandono de la organización del mundo bipolar. Y a diferencia de lo que afirma Susana Malcorra, no es sancionatoria – salvo en los casos de contumacia – sino fuente de procesos de acompañamiento y diálogo, de buenos oficios y mediaciones hasta superar las alteraciones democráticas en donde tengan lugar. Pero no cabe el diálogo sobre la nada o falaz. El diálogo democrático, para ser tal, ha de servir a la verdad como su justificación y límite, y de allí el valor del Informe Almagro.
La cuestión es que parte de nuestros actores “democráticos” – incluidos algunos opositores venezolanos – aún creen que la democracia es cosa de los gobiernos. Por ello la queja del gobierno de Venezuela que sensibiliza a Argentina y México. Mas, la democracia que predica la Carta – he ahí la ruptura epistemológica – es derecho de los pueblos, derecho humano a la democracia que los gobiernos deben respetar. Así reza el artículo 1.
La cuestión, en suma, es que unos – como Ernesto Samper o J.L. Rodríguez Zapatero – apuestan por el Príncipe y su estabilidad; reniegan de la regla pro homine et libertatis, propia de las sociedades emancipadas. Es un problema escolástico que vuelve por sus fueros y mal perciben, obviamente, los déspotas iletrados, los albaceas de ese parque jurásico posdemocrático y digital que llaman Socialismo del siglo XXI.
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