Cuando esporádicamente se conocen los estimados del índice
nacional de precios al consumidor, INPC, calculado por el BCV y por el Instituto Nacional de Estadística, INE, no tardan en manifestarse los disentimientos de múltiples consumidores, quienes sostienen que la intensidad con que verdaderamente aumentan los precios es muy superior a la que indican las variaciones de ese índice. Eso se debe a que los cálculos oficiales del INPC adolecen de distorsiones que se traducen en subestimaciones de los verdaderos incrementos de los precios.
Así, el peso del tipo de cambio paralelo o del mercado negro en la determinación de los precios no es tomado en consideración en los estimados del BCV y del INE, a pesar de que la escasez crónica de divisas preferenciales hace que los precios se establezcan cada vez más basados en los costos esperados de reposición, los cuales están altamente influidos por aquella tasa cambiaria libre, al punto de que alrededor de 40% de la economía venezolana está atada a ese tipo de cambio. Adicionalmente, aquellos cálculos oficiales le dan un peso mayor al que realmente tienen las redes gubernamentales de comercialización de productos subsidiados, tales como Mercal, Bicentenario y Pdval, pero no toman en consideración los altos precios que tienen que pagar muchos consumidores en el mercado negro o informal, al no tener acceso a los productos regulados debido a la crónica escasez que de ellos existe. Es sabido que, después de hacer interminables colas, muchos consumidores no encuentran los productos básicos que necesitan, y se ven obligados a acudir a los vendedores informales, también conocidos como “bachaqueros”, para adquirirlos, pero a un precio sustancialmente mayor al fijado por el regulador, y es una realidad que, a mayor escasez de productos, mayor es el margen especulativo que esos vendedores informales aplican a los productos que ellos acaparan.
En vista de que más de la mitad de la canasta usada para medir la inflación oficial está sujeta a controles de precios, e ignora los problemas asociados a la escasez, al desabastecimiento y a la existencia del mercado negro, se hace necesario calcular otros indicadores que busquen corregir aquellas falencias. De allí que en Ecoanalítica nos hayamos impuesto la tarea de calcular, por una parte, el INPC que insólitamente el BCV se niega a publicar, siguiendo su metodología y ponderaciones y, por la otra, la inflación subyacente, que refleja el valor de los productos no regulados, y los efectos que sobre los precios tienen la escasez, la distorsión cambiaria y la especulación en el mercado negro. Al comparar ambos índices afloran las grandes diferencias que entre ellos existen. Si bien los estimados del INPC nos dicen que la inflación en lo que va de 2016 se ha acelerado con respecto a igual período del año pasado, su aumento intermensual promedio en el primer cuatrimestre se calcula en 11,8%, que al anualizarse, es decir, al aplicar esa tasa mensual a lo largo de los 12 meses del año, nos daría una inflación de 281%. Un cuadro muy distinto se observa en el índice de inflación subyacente, el cual ha experimentado un aumento intermensual de 28,2% en los primeros 4 meses de 2016, lo que equivale a una inflación anualizada de 1.865%.
¿Cuál de esas inflaciones es más realista? Creemos que ninguna de las dos, pues aún la economía sigue siendo muy contralada y los precios de muchos productos importados se establecen con base en un tipo de cambio artificialmente bajo y altamente subsidiado. Pero lo que nos dice la inflación subyacente es que existen grandes presiones que están elevando intensamente los precios, y que puede caerse en la hiperinflación si no se toman las medidas para paliarlas. Dado que la brecha entre las dos mediciones se amplía de forma alarmante, las acciones decididas para abatir la inflación, que las hemos identificado en artículos anteriores, son de urgente e impostergable implementación.
