Publicado en: AlNavío.com
Por: Pedro Benítez
Durante la década de los 90 del siglo pasado, las críticas a los planes de ajuste económico pro mercado efectuados en América Latina apuntaban a sus costos sociales.
Dentro y fuera de la región se consolidó la opinión según la cual los recortes al gasto público, subir los impuestos y reducir los subsidios para equilibrar las cuentas fiscales, así como la apertura al comercio exterior y las privatizaciones de empresas públicas, entre otras políticas públicas liberales, sólo podrían traer un incremento de la pobreza y la ruina generalizada.
Pese a que desde aquellos años a esta parte la bibliografía que sostiene esta tesis es abundante, los hechos vienen demostrando lo contrario. De Chile a Panamá, pasando por el sorprendente desempeño de Perú, las evidencias indican que a los países que realizaron esos ajustes y sostuvieron en el tiempo políticas pro libre mercado les ha ido mejor que a aquellos que tomaron una vía contraria o se quedaron a medio camino.
De este último grupo, destaca Venezuela por ser el caso más dramático. Este es el ejemplo más claro de los costos sociales y humanos de haber evitado contra viento y marea un ajuste macroeconómico. No por no hacerlo a tiempo, en realidad por negarse a efectuarlo.
Este último es un matiz importante porque la situación de Venezuela es distinta a la de Argentina y Brasil por eso. En estos dos países las expresidentas Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner pospusieron los ajustes económicos por cálculos electorales. En el caso de Rousseff la crisis le explotó en su segundo mandato, pues no sinceró la economía para asegurarse la reelección. En el de Cristina Fernández de Kirchner el ajuste lo ha venido haciendo su sucesor Mauricio Macri.
En Venezuela, en el año 2012, para asegurar la reelección de una persona, Hugo Chávez, que, por razones de salud, se sospechaba no podría culminar su mandato presidencial, se creó un falso ambiente de auge económico por medio de un endeudamiento masivo para sostener una fiesta populista de importaciones y consumo, castigando de paso a la producción nacional y manteniendo un tipo de cambio artificialmente sobrevaluado.
Los detalles de esta gigantesca estratagema los detalló Jorge Giordani, exministro de Planificación del expresidente Hugo Chávez, en una carta firmada de su puño y letra que a modo de confesión y denuncia circuló en el país en 2014. “Se gastó al extremo”, admitió Giordani.
El encargado de administrar las consecuencias fue el sucesor de Chávez, el hoy presidente Nicolás Maduro. De hecho, Maduro llevó a cabo su primera devaluación del bolívar como presidente encargado en febrero de 2013, cuando el barril de petróleo venezolano se ubicaba en 114 dólares en los mercados mundiales. En esa ocasión el cambio oficial pasó de 4,30 a 6,30 bolívares por dólar, mientras el paralelo o negro se cotizaba entonces a ocho bolívares. Hoy este último se acerca a la barrera de los 40.000 y nada indica que pare de subir.
De entonces a esta parte Maduro se ha negado a realizar cualquier tipo de ajuste que recuerde a los realizados con apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Latinoamérica hace dos décadas. Se ha empeñado en continuar las mismas políticas heredadas de su predecesor, más por razones de tipo político orientadas a mantener la hegemonía chavista que por cualquier otro motivo.
El “ajuste” de Maduro
No obstante, esto no quiere decir que Maduro no haya hecho un ajuste a su manera, porque lo ha hecho. ¿Cómo? Mediante un draconiano recorte de las importaciones, en un país que en lo que va de siglo se hizo muy dependiente de estas.
Las consecuencias han sido cuatro años seguidos de contracción del PIB venezolano, en dos de los cuales la inflación ha sido de tres dígitos anuales y hoy el país está al borde de la hiperinflación. Este desastre económico ha tenido una inevitable consecuencia social, que a falta de estadísticas oficiales (que llevan casi los mismos años sin actualizarse) se puede medir por la emigración masiva de venezolanos.
Sin embargo, tres de las más prestigiosas universidades venezolanas, la Católica Andrés Bello (UCAB), la Central de Venezuela (UCV) y la Simón Bolívar (USB), han venido realizando por tres años seguidos estudios propios publicados en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI).
Los resultados de esos estudios son dramáticos y se pueden resumir en este índice: el 82% de los hogares venezolanos vivía a fines de 2016 por debajo de la línea de la pobreza. En 1998 ese guarismo, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) era 45%. La diferencia entre uno y otro dato son los años del mayor auge petrolero de la historia de la economía moderna, en los cuales el precio de exportación del barril de crudo venezolano pasó en una década de ocho a 110 dólares en promedio.
Además, 52 % de la población vive en pobreza extrema, es decir, pasa hambre y 9.600.000 venezolanos afirman comer dos o menos veces al día con la frecuente ausencia de proteínas en sus platos. 75% asegura haber perdido peso sin querer en un promedio de ocho kilos.
Pese a los 34 aumentos de salarios decretados por Maduro durante su mandato, el salario mínimo integral del venezolano (que es lo que gana la mayoría de los trabajadores) es de 325.000 bolívares al mes. Menos de 10 dólares.
Estos son sólo algunos datos que revelan que el país con las mayores reservas de hidrocarburos del mundo se ha transformado en el más pobre del hemisferio. En Venezuela el costo social de no hacer un ajuste a tiempo ha resultado muchísimo mayor que no haberlo hecho.
