Si Gandhi hubiese sido venezolano, el imperio y el poder no habrían
sucumbido ante la razón y la fuerza de una paz activa, sino que habría sido arrinconado, sacrificado y dejado morir ante la indiferencia de una población que, antes y ahora, todo lo olvida y reedita las páginas de la injusticia, de la persecución y de la intolerancia, como ocurrió con el caso Brito. Esta reflexión me la hacía una experta psicóloga social, perpleja ante la realidad que padecemos en Venezuela, tierra en la que toda contradicción tiene su asiento y todo puede ocurrir, contrariando las normas más elementales de la lógica y de la convivencia, de tal manera que hasta podemos cuestionar la ley de la gravedad o el principio evidente por el cual una proposición y su negación no pueden ser verdaderas a la vez y en el mismo sentido.
En Venezuela el derecho está al revés y en el campo de la justicia penal, termómetro de la vigencia efectiva del Estado de Derecho, por estar en juego la libertad del ciudadano, puede afirmarse sin temor a equivocación que quien delinque está a salvo de cualquier sanción y quien ha ejercido el derecho a disentir, solo por ello, se encuentra en grave riesgo de resultar procesado, condenado y penado.
Entre nosotros, un hombre que se atrevió a desafiar al poder para defender la propiedad de su fundo, adquirido conforme a la ley y obstaculizado su derecho arbitrariamente, habiéndose constituido él solo, sin partido político alguno, sin apoyo económico y con la sola fuerza de la razón, apelando como último recurso a la huelga de hambre y dispuesto a cesar en ella de ser atendido su reclamo legal, fue dejado a un lado, engañado con falsas promesas y, en definitiva, comprobado su estado de perfecta salud mental, recluido forzosamente en un hospital público por una acción penal promovida y resuelta por órganos incompetentes, conducido a la muerte con el pretexto de salvar su vida.
Resultaron vanos los esfuerzos, después de su sacrificio para tratar de que brillara un destello de justicia. La denuncia por los hechos de reclusión forzosa o de privación arbitraria de su libertad se estrellaron contra el muro de la “justicia revolucionaria” y, sin que se oyera en ninguna oportunidad a las víctimas del desafuero y atropello, sin atender la acción penal de su viuda y de sus hijos, sin investigación alguna, sencillamente, olímpicamente, descaradamente, ilegalmente, fue desestimada la denuncia por considerar que los hechos no revestían carácter penal y sin oír en ninguna instancia sus planteamientos, sin audiencia alguna, la sinrazón de la Fiscalía resultó confirmada por un juez de Control, por una Corte de Apelaciones y por el Tribunal Supremo de Justicia.
El caso Brito hoy y su clamor pacífico de protesta, quedaron silenciados por la complicidad de la cobardía y el olvido de una colectividad que se esconde tras su vergonzoso silencio, solo quedando un resquicio de esperanza, por lo que a la justicia terrenal se refiere, en la denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agotado este recurso procede apelar, como lo hacen las madres adoloridas ante el llanto por sus hijos asesinados, ante la justicia divina, que sí sabrá colocar en su sitio a quienes debiendo juzgar, merecen ser juzgados.
También hoy, los presos políticos, encarcelados sin razón jurídica alguna, atrapados en las redes de la injusticia, reclaman sin ser oídos y pareciera que nadie, nadie, en definitiva, deja en claro que su libertad no puede ser condicionada y que no basta para satisfacer la sed de justicia una casa por cárcel, la renuncia al castigo injusto de unos pocos o la vana promesa de un tribunal que asumirá la tarea de revisar sus casos convalidando años de esperanza y de vida encerrados en los sótanos de mazmorras que debieran ser sustituidas hace tiempo por “plazas de la Concordia” o, tal vez mejor, por museos que nos recordarán tiempos de miseria, de dictaduras y de violación de los derechos humanos.
