Publicado en Tal Cual
La Constituyente es el subterfugio que encontraron las mafias políticas chavistas para evadir la contraloría ciudadana y no asumir el costo político de sus excesos administrativos y sus desafueros frente a la ley. La historia se encargará de colocar en su lugar a este espacio legislativo de carácter apócrifo, electo de forma cuestionable, que está administrando la legalidad de facto y está tomando decisiones para las cuales no tiene derecho.
Es un foro político que no encarna la voluntad nacional, que fue convocado de forma completamente adulterada, y en cuya gestación se acumularon la suficiente cantidad de equívocos y cuestionamientos como para dudar por completo de su matriz y la legitimidad de su composición. El hundimiento del prestigio internacional de Nicolás Maduro, el poco que le podría haber quedado, tiene hoy nombre y apellido: la Asamblea Constituyente, una instancia que no es reconocida en el mundo por nadie.
El asunto rebasa, incluso, las, de suyo, escandalosas declaraciones de Smartmatic cuestionando la limpieza de todo el proceso técnico adelantado por el CNE: en este momento, hay Constituyentistas que ni siquiera saben cuántos votos obtuvieron para estar sentados donde están.
¿Pudo acaso el país meditar y votar sobre la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente? ¿Era eso lo que querían los venezolanos? ¿Qué habría pasado si la iniciativa se somete, como debió haber ocurrido, a un Referéndum consultivo? El “bypass” constituyente está diseñado, sobre todo, para infartar el flujo institucional del país, los acuerdos políticos que alimentan el ideal republicano, y el nicho natural de la legalidad, que es el Poder Legislativo.
Detrás de la Constituyente hay una decisión concebida para disolver, de hecho, la Asamblea Nacional, y colocarle encima una nueva. Con la Constituyente, los mandos chavistas están haciendo al parlamento venezolano lo mismo que le hacen a las gobernaciones cuando las pierden: crearles una instancia paralela; un “protectorado” leal a sus objetivos, que esconda las máculas, que no está consagrado en ninguna parte pero que se impone por la fuerza de los hechos. Si Elías Jaua fue “protector” de Miranda; la Constituyente funge como un cuerpo “protector” legislativo paralelo.
El Poder Legislativo venezolano ha quedado anulado con una peregrina maniobra judicial diseñada para burlarse de la voluntad popular: el famoso “desacato”. Un parche interpretativo gestado por bucaneros de la política, a través del cual se pretende que unos Magistrados electos apuradamente por la Asamblea Natural del período constitucional anterior debían tener preeminencia y tutela sobre un cuerpo legislativo recién electo, con un mandato natural inalienable y soberano. Todo lo anterior, a partir de una denuncia, la del presunto fraude del estado Amazonas, que ni el chavismo mismo se ha creído, y que jamás ha sido investigada por los jueces que controla.
Desde la precaria perspectiva política de algunos jerarcas chavistas, perder la Asamblea Nacional era perderlo todo. Como toda persona sin ilustración, formada en la cultura del abuso, los dirigentes chavistas piensan que es natural exigirle a los adversarios que se sometan a leyes que ellos no van a cumplir.
Los chavistas no están dispuestos a asumir el cariz constitucional de la derrota. No creen en la alternabilidad; están dispuestos violar la misma Constitución que han promovido. Parte importante de los cuadros del PSUV tienen muy asumido que el país y el poder les pertenecen como un derecho adquirido. Se trata de dirigentes sin estudios ni escrúpulos, expresión ambulante de la incultura cívica imperante en nuestro país.
Una Asamblea Nacional soberana, respetada por políticos civilizados, habría tenido soplo para nombrar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, a los Magistrados del TSJ y a todos los miembros del Poder Ciudadano. Habría podido interpelar ministros; formar comisiones mixtas para investigar temas delicados; aprobar o improbar presupuestos y rendiciones de cuentas; mejorar leyes o crear otras nuevas. Una Asamblea Nacional soberana habría hecho mucho para acabar con el sabor a complot tribal que, enfundado bajo la idea de la “lealtad”, a diario ofrece la política venezolana. Habría aproximado posiciones a favor de la búsqueda de la verdad y habría hecho valer el interés general. Ahora, que perdieron poder, son estas obligaciones constitucionales, sino trivialidades de la legalidad burguesa.
El asunto más relevante de la Constituyente radica en la composición de sus integrantes. No sólo ocurre que se trata de cuerpo colegiado que se ha encomendado a sí mismo una delicada misión política promoviendo una elección unilateral y amañada, que ha dejado afuera a más de la mitad de los venezolanos, con el concurso desprofesionalizado de las Fuerzas Armadas y el CNE.
Ocurre que muchos de los Constituyentistas electos por el chavismo tienen una responsabilidad directa sobre las decisiones económicas y las medidas administrativas que tienen a Venezuela metida en el holocausto actual de escasez e hiperinflación. Es la clase política que administró las arcas de una Venezuela millonaria. Se trata de personas que conocen los vericuetos de la crisis cambiaria nacional; el estado de abandono de las fincas expropiadas; el rezago en la entrega de dividas, el aumento del endeudamiento, le crisis de Pdvsa, la burocratización de la economía; el tráfico de productos en la frontera; la sangría de recursos gastados en futilidades; los miles de negocios matizados en cada encomienda de gobierno que gestaron militares y civiles para lucrarse.
El tenor de las leyes aprobadas por la ANC, su orientación y titulado, revela no solamente que muchos de estos dirigentes no han comprendido en absoluto dónde es que se han equivocado, sino que, además, se sienten con completo derecho a redefinir por cuenta propia las normas de convivencia en Venezuela para seguir ejerciendo el poder. Para seguir lloviendo sobre lo equivocado.
