La reciente decisión de Nicolás Maduro, transfiriendo el control
total de la crisis humanitaria que vive Venezuela a la Fuerza Armada, en lo particular al ministro de la defensa, ha desatado una tormenta de murmuraciones y desencuentros en la opinión explicables.
Allí están, desde quienes a la chita callando se frotan las manos pues imaginan que así – ahora sí – se aproxima a su término el régimen imperante y su desenlace es arbitrio del sector castrense; por ser el primer interesado en que la desesperación por la hambruna, que recorre como corriente de alto voltaje sobre el espinazo de la nación, no se desborde o le obligue al ejercicio de la violencia institucional.
Otros pegan el grito al cielo, pues aprecian que tal medida refuerza la vocación pretoriana del gobierno, que aprieta las tuercas de su andamiaje de poder desvencijado para que no se le venga al suelo. No pocos hablan de la ocurrencia de un golpe de Estado al mejor estilo del Socialismo del siglo XXI, que le pone fin a la democracia usando de sus medios y cantándole loas.
Sean ciertas o no estas apreciaciones, lo constatable es el tácito reconocimiento por Maduro de que la escasez y carestía de alimentos y medicinas supera la capacidad de su gobierno o desnuda su propia incapacidad para sostener la gobernabilidad. No por azar, el general Padrino López afirma sobre su encargo que “el objetivo estratégico es gobernar”.
Siendo esta la circunstancia, cabe preguntarse si el tema en cuestión, siendo de urgencia y primerísimo orden, ¿cabe ya como cuestión objeto del diálogo zapatista? Me refiero, obviamente, al que promueve por la libre el ex presidente español J.L. Rodríguez Zapatero, bajo auspicios tanto de Maduro como de un sector de la oposición partidaria.
En efecto, si el asunto es de falta de gobernanza y ella la suplen los militares, ¿a qué viene entonces dialogar al respecto?
El otro tema que salta de suyo es el de la incongruencia que significa, por una parte, la intimación al diálogo que le hace el gobierno a los opositores, y por la otra, el sostenimiento por éste de un decreto de excepción constitucional o emergencia económica, que impone la suspensión general de determinadas garantías. Es esquizoide o esquizofrénico hablar de diálogo democrático mientras opera una verdadera dictadura constitucional.
De modo que, la sospecha que toma cuerpo y dice sobre el uso o la manipulación oportunista del instrumento democrático del diálogo, se acrecienta. Como parece y puede serlo, a pesar de que piensen lo contrario los presidentes Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, o de los propósitos que se hayan trazado, la tajada económica y social de la agenda se la ha engullido el sector militar venezolano por decisión de Maduro; convencido aquél, obviamente, de que las falencias en ese sector responden a un hecho veraz e inmediato: la ausencia de gobierno y no a la falta de diálogo.
Y si se trata de resolver sobre las graves alteraciones al orden constitucional y democrático denunciadas por la Asamblea Nacional y atentatorias de la Carta Democrática Interamericana, como lo pone de relieve el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, todas a una de ellas tienen nombre y apellido comunes, el referéndum revocatorio, la vuelta a la fuente de la soberanía para que decida sobre la normalización democrática. La oposición, no obstante, ha sido clara. Se trata de un derecho constitucional extraño a cualquier diálogo o negociación que faciliten los ex presidentes.
A fin de cuentas, por lo pronto, rige en Venezuela una dictadura constitucional y militar avalada por el Tribunal Supremo, bajo protesta del parlamento, y su mantenimiento conspira contra toda posibilidad de ejercicio democrático consensual. Y en cuanto al fortalecimiento o acrecentamiento del poder militar, cabe aclarar o decir a los incautos, que el mismo es ortodoxamente constitucional, pero raizalmente antidemocrático, por obra de un pecado original, la Constitución de 1999.
Su título sobre la seguridad de la Nación y su artículo 326, una vez como consagran la corresponsabilidad cívico-militar al respecto, disponen dentro de tal rubro, además de la vigencia de la democracia y los derechos humanos, “la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional.”
Este sí, dada la sensibilidad que suscita dentro de la mayoría del país el reciente empoderamiento miliciano, es un aspecto vertebral sobre el que cabe dialogar entre los venezolanos, durante la transición en curso y con vistas a un eventual gobierno de unidad nacional: ¿Mantendremos la máxima bolivariana del gendarme necesario, de la tutela del pueblo por las armas, o acaso es llegado el momento agonal de nuestra emancipación?
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