Publicado en: Blog personal
Por: Ismael Pérez Vigil
Vamos a suponer que ha cesado la usurpación y que estamos bajo un gobierno de transición –omitiendo especulaciones sobre “tiempos” y composición de ese gobierno– y que está previsto un proceso electoral para elegir presidente de la República. Es momento, entonces, de preguntarse: ¿Qué son elecciones libres?, en el contexto de la Venezuela que hoy vivimos, similares a las que tuvimos hasta 1988.
Para tener unas elecciones libres, tras 20 años de régimen autoritario, militarista y dictatorial hay algunos requisitos políticos previos. En primer término, la legalización de todos los partidos políticos, que han sido ilegalizados, no reconocidos por el CNE, y la habilitación de los candidatos que han sido inhabilitados o sancionados ilegalmente por organismos como la Contraloría General de la Republica; y en segundo lugar, la libertad de los presos políticos –encarcelados muchos de ellos sin habérseles formulado cargos, con acusaciones absurdas, sin permitírseles una justa defensa– y el cese de la violencia y persecución indiscriminada contra la población por parte de los organismos represivos del estado: FAES y SEBIN.
Resueltos esos ineludibles puntos previos, podemos examinar los requisitos electorales: la designación de un nuevo CNE, una revisión y actualización del Registro Electoral, garantía de observación nacional e internacional, escrupuloso cumplimiento de las leyes electorales para impedir el uso de los recursos del estado en la campaña electoral y un largo etcétera; temas a los que me referiré en otro momento, pues ahora me quiero concentrar en un punto específico.
Al nuevo CNE le corresponderá una tarea crucial e importante: la incorporación de jóvenes, nuevos votantes, rezagados en el registro electoral y la definición de los mecanismos para garantizar el voto de varios millones de venezolanos que están en el exterior.
Cuando hablamos de rezagados, hablamos de unos dos millones de jóvenes, que, de acuerdo al censo de 2013, habrían cumplido los 18 años de edad y que no están incorporados en el registro electoral, pues no se han realizado suficientes o eficaces jornadas de actualización del registro en los últimos años, por evidente negligencia del actual CNE, en acuerdo con el régimen, que sabe perfectamente que la gran mayoría de estos jóvenes no serían precisamente partidarios o votantes de la dictadura.
Con respecto a los venezolanos en el exterior, el registro electoral apenas cuenta con poco más de cien mil venezolanos inscritos para votar en el exterior. Aun cuando es muy difícil estimar la cifra de venezolanos que han emigrado, por falta de estadísticas oficiales y registros adecuados, todos los análisis de especialistas en esta materia estiman en más de cuatro millones los venezolanos que han abandonado el país. Si a esta cifra le aplicamos los criterios de distribución etaria de la población venezolana, podríamos establecer, conservadoramente y sin equivocarnos mucho, en dos millones y medio el número de venezolanos mayores de 18 años que están residiendo en el exterior, que tendrían derecho al voto, y que no lo pueden ejercer, entre otras cosas por los requisitos inconstitucionales de exigencia de residencia “legal” en el exterior que contempla la legislación electoral vigente, por la falta de jornadas de actualización del registro electoral y por carecer de estructuras físicas –menos de 300 puntos en todo el mundo, entre embajadas y consulados– para registrarse y ejercer el derecho al voto en el exterior.
Resolver el tema de los “rezagados” no requiere ninguna modificación electoral, basta con habilitar días, centros de inscripción electoral y una campaña de información adecuada; pero el segundo punto, garantizar el derecho al voto de los venezolanos en el exterior, implicará hacer modificaciones legales y reglamentarias para que esos venezolanos puedan ejercer su derecho a votar, independientemente de su condición migratoria en el país donde residen.
Exigir a quienes están en el exterior una constancia de residencia “legal” o un documento de residencia legal, emitido por otro país, para actualizar su registro en el exterior y para votar, es una clara violación a la Constitución nacional y a las leyes del país, que establecen que todo venezolano mayor de 18 años de edad y con una cédula de identidad, aun vencida, tiene derecho al voto.
De igual manera, habría que modificar la ley para que en el exterior se pueda ejercer el voto también con el pasaporte, vigente o no, pues todos sabemos las dificultades del estado venezolano para proveer de cedula o pasaporte en Venezuela y mucho más en el exterior.
Una de las tareas para garantizar el derecho al voto a estos venezolanos será realizar jornadas de “actualización o modificación del registro” para venezolanos en el exterior, que no es tarea fácil dado el escaso número de estructuras –embajadas y consulados– con relación al gran número de electores; será necesario además, conformar “centros electorales”, con mesas suficientes para cubrir el número de electores en donde corresponda, donde haya un número significativo de venezolanos con derecho a voto, además de corregir otras anomalías, como por ejemplo el retraso en el escrutinio de los votos en el exterior.
Una de las formas de lograr una rápida actualización de los venezolanos en el exterior, sería permitir un “registro preliminar especial”, de venezolanos en el exterior, que se podría hacer electrónicamente. De esa manera en un corto tiempo tendríamos una idea más aproximada del número de votantes en el exterior, su ubicación y cuantos centros de votación y mesas electorales se deberían constituir, para garantizarles el derecho al voto.
Para lograr esto y al mismo tiempo mejorar la participación ciudadana, una vez conocido de manera aproximada el número de venezolanos en el exterior, a través del mencionado “registro preliminar especial”, el CNE podría constituir “organismos subalternos” (Mesas Electorales) en el exterior, designando de una vez a sus miembros que podrían ayudar además a organizar el registro electoral, verificando la documentación de los registrados preliminarmente; cumplida esa tarea, la designación de esos “organismos subalternos” o mesas electorales, sin duda contribuirán a la masificación del voto de los venezolanos.
Pero, por último, a pesar de lo significativo y el impacto en los resultados de estos dos puntos, pues hablamos de casi cinco millones de votos, entre votantes rezagados y votantes en el exterior, que deciden cualquier elección, la tarea verdaderamente importante no tiene que ver con el registro electoral de los rezagados, ni con establecer las estructuras en el exterior, para garantizar el voto de los venezolanos; la tarea importantes es la tarea política, insoslayable, que se debe comenzar cuanto antes: romper la resistencia de los votantes y convencer a los venezolanos, rezagados o no, en Venezuela y en el exterior, de la importancia de inscribirse en el registro electoral y sobre todo de votar como vía de solución a la crítica situación política de nuestro país.
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