El título que encabeza este artículo es propio del Día de los Inocentes, 28 de diciembre, fecha en la cual oímos y
leemos noticias que quisiéramos ciertas y que, lamentablemente, nada tienen que ver con la realidad.
Entre gallos y medianoche, no de la Buena Nueva del pesebre, la Asamblea moribunda, en franco atentado contra la voluntad popular, eligió 13 nuevos magistrados del TSJ, después de haber forzado y anticipado jubilaciones y habiéndose colocado al margen de las exigencias legales y constitucionales de transparencia, objetividad, participación, publicidad y, de manera particular, con manifiesta parcialidad en la elección o, más bien, con absoluta sujeción a criterios político-partidistas, cubriendo, con estrategias leguleyescas, una apariencia de legalidad que hace más grave la violación de la propia ley, muestra inequívoca del carácter alevoso de la acción.
Con la maniobra llevada a cabo, simplemente, se pretende conservar el dominio político del TSJ, poder detrás del poder, garante de las decisiones del Ejecutivo y árbitro parcializado de los conflictos ciudadanos en los cuales solo verá luz el gobierno, como ha ocurrido en los últimos años.
Sin duda alguna, esta triste fecha de la designación de los nuevos magistrados, cuyo currículum vitae nadie conoce y cuya competencia y honorabilidad se infiere, al parecer, de su cercanía y lealtad a la “revolución”, independientemente de que puedan tener conocimientos jurídicos y virtudes ciudadanas para el desempeño de tan elevados cargos.
Sencillamente, con esta “jugada” política, con la apariencia de legalidad –lo que hace más reprochable la acción– se ha vulnerado uno de los principios más preciados del sistema democrático, como es el principio del respeto a la soberanía del pueblo que, en forma inequívoca, se expresó y votó por una nueva Asamblea, a la que correspondía conocer de estas designaciones para llenar vacantes que fueron anticipadas por jubilaciones inducidas, con el fin de que los nombramientos no se llevaran a cabo en 2016, como lo imponía la estricta legalidad.
Violando lapsos legales, sin discusión pública, sin transparencia alguna, una Asamblea deslegitimada por el voto popular, con el más franco desparpajo, procedió a juramentar a los nuevos magistrados “de reconocida honorabilidad”, “de buena reputación”, “juristas de reconocida competencia” o “jueces de reconocido prestigio”, todos atributos sin elementos de prueba conocidos y evaluados por la colectividad.
Ha sido, evidentemente, un triste y desalentador espectáculo, que coloca, una vez más, a la justicia venezolana al servicio de los intereses del poder.
Después de la lección magistral del pueblo el 6-D, una Asamblea en etapa terminal y deslegitimada, cuando solo debía llevar a cabo los actos de la rutina parlamentaria y, fundamentalmente, la preparación de la transición democrática, desafió la soberanía popular y escogió de las filas del oficialismo a los jueces encargados de resolver los asuntos de interés del propio oficialismo.
Lo ocurrido en el Parlamento nada tiene que ver con lo que quiere el pueblo en materia de justicia y de sus jueces supremos. Durante estos últimos años, en particular a partir de 2004, fecha de la penúltima reforma de la Ley del TSJ, el gobierno decidió que no se producirían más decisiones que pudiesen afectar al régimen, como la del sobreseimiento por los hechos del 11-A y, por ello, optó por garantizarse un tribunal al servicio de la “revolución”. Así ha ocurrido y, efectivamente, en el actual TSJ, en asuntos que conciernen al gobierno, solo este gana.
Con la instalación de la nueva Asamblea, cuyos diputados ya están proclamados, una de las tareas prioritarias debe ser el rescate del Poder Judicial de las garras de la política.
Los votos del 6-D, de un pueblo sin pan, enfermo y asediado por la inseguridad, han sido también por la justicia; y los nuevos diputados deben haber captado que se impone el compromiso serio, ineludible e irrevocable de sentar las bases, mediante un pacto sagrado, de un Poder Judicial autónomo e independiente, escogido a la luz pública, entre los más honorables y honestos juristas, cuya trayectoria haga incompatible su actuación con órdenes que puedan impartirse desde el poder y que, como lección práctica de civismo y democracia, podamos vivir en una sociedad en la cual los jueces, con verdadera AUCTORITAS, dicten sentencias solo apegadas a su conciencia y al derecho, sin vehículos blindados y sin guardaespaldas, con las leyes a la altura del corazón, impartiendo lecciones de justicia, de prudencia y de ratificación de los principios que conforman la convivencia democrática, ajustados a la dignidad del hombre y en defensa incondicional de sus derechos.
Solo entonces tendremos un nuevo TSJ que no será la ilusión de un engaño amargo del Día de los Inocentes.
Razón le sobra al Dr. Arteaga. La opinión publica SE PREGUNTA: ¿quienes son los nuevos magistrados..?, ¿Son o no simples abogados o Doctores en Ciencias Juridicas, como expresa la Ley? ¿Tienen los años necesarios de desempeño profesional y la experiencia como jueces? ¿Son realmente independientes? ¿Cuales son sus curricula? ¿Se llenaron a cabalidad los requerimientos procedimentales expresados en la Constitucion…? El librito azul no puede levantarse asi como así…!