Por: Asdrúbal Aguiar
26 ex presidentes iberoamericanos, sin más ataduras que sus
deberes como demócratas quienes abandonan el poder al término de sus mandatos, sin propósitos de perpetuarse, denuncian el grave deterioro democrático que sufre Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. Como conciencia real que son de sus pueblos dicen lo que los actuales gobernantes, reunidos en la VII Cumbre de las Américas, evitan decir, por privilegiar el poder a costa de la libertad.
En el documento que suscriben – Declaración de Panamá sobre Venezuela – bajo los auspicios de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), reivindican los estándares de toda democracia que se respete: elecciones justas, libres y competitivas; Estado de Derecho, respeto de los derechos humanos, separación de poderes, prensa libre y opinión plural, y gobierno civil independiente.
Constatan que la denuncia por Maduro de la Convención Americana de Derechos Humanos y su desacato reiterado de las decisiones de los organismos universales y regionales de protección, es un hecho muy grave; por lo que a la sazón piden se liberen los presos políticos, respeto por la autonomía de los jueces, cese en las torturas y la agresión de manifestantes, desarme de los grupos paraestatales del oficialismo, y dejar de criminalizar a la oposición democrática.
Consideran que el apresamiento del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, autoridad de elección popular, por firmar junto a Leopoldo López y María Corina Machado un manifiesto que denuncia al régimen por antidemocrático y pedir soluciones constitucionales y democráticas para la crisis venezolana, es arbitrario e ilegítimo.
A los ex presidentes les resulta inaceptable la hegemonía comunicacional de Estado instalada en Venezuela y verificada por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA; lo que lleva al cierre de medios de comunicación privados, la dosificación de papel periódico para provocar la autocensura, el encarcelamiento de twitteros, y la estigmatización por funcionarios del Estado y los medios oficiales de toda persona que disienta del credo y las políticas gubernamentales.
En lo particular, la Declaración señala que “la alteración constitucional y democrática que sufre Venezuela se profundiza, asimismo, en el plano de lo económico y social, en razón, por una parte, de los señalamientos y evidencias que suministran gobiernos e instituciones financieras internacionales sobre actos de corrupción y lavado de dineros agravados, que comprometerían a altos funcionarios y jerarcas militares venezolanos y, por otra parte, al constatarse el derrumbe de la economía venezolana, en la que si bien influye la caída internacional de los precios del crudo, sus dimensiones se explican en la ausencia de políticas públicas propias de una economía sana y moderna, que ha contribuido al señalado clima de corrupción y la dilapidación gubernamental de la riqueza nacional”.
Aprecian de criminal, así, reducir la apreciación de la crisis venezolana a la diatriba entre Maduro y el gobierno norteamericano por las violaciones de derechos humanos y lavado de dineros procedentes del delito en que incurren funcionarios del primero.
Advierten, antes bien, que la planteada realización de elecciones parlamentarias en los meses venideros ocurrirá en medio de un clima de persecución política de los opositores y ausencia de separación de poderes, lo que reclama de una observación internacional autorizada, técnicamente calificada e imparcial. Urgen a la “corrección de los múltiples desequilibrios macroeconómicos existentes” en el país, proponen ayudar en la negociación de la crisis democrática venezolana, que reclama de amplitud pero “exige un liderazgo capaz de producir consensos democráticos, movilizar y asegurar un amplio apoyo político por la población”.
En fin, se muestran convencidos los expresidentes iberoamericanos “que la única posibilidad de restablecimiento de la democracia en Venezuela…, pasa por el rescate del principio y sistema de separación de poderes, mediante la designación de sus titulares respetando las garantías… establecidas en la Constitución,… comenzando por el Poder Electoral y a fin de que puedan asegurarse con imparcialidad, el desarrollo de elecciones libres y justas”.
Al demandar una solución a la grave crisis que sufre Venezuela y exigir la puesta en libertad de quienes sufren prisión por sus ideas y actividades políticas, los ex mandatarios, desde Panamá, han hecho el milagro de renovar lo postergado en pleno siglo XXI, a saber, que la democracia y el respeto de los derechos humanos no son una cuestión de derechas o de izquierdas. No por azar la firman Felipe González y José María Aznar, agua y el aceite dentro de la vida política española.
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