Por: Alberto Barrera Tyszka
No solo la calle: también la verdad, nuevamente, se ha llenado de humo,
de disparos, de muerte. ¿Qué puede pensar cualquier ciudadano ante lo ocurrido este miércoles? ¿Cómo puede leer la realidad? ¿A quién le cree? La imagen de Maduro, vestido de gala, entre la pompa militar y los acordes del binomio de oro de Abreu y Dudamel, mientras los colectivos armados sembraban violencia en Chacao, parece sacada de una película sobre la mafia. No necesitamos a Oliver Stone sino a Francis Ford Coppola. Los gánsteres están en el poder.
Se puede compartir o no la estrategia de Leopoldo López y María Corina Machado; se puede criticar esa invocación a “la salida”, ese intento de relanzar el espejismo de una solución fácil y rápida; se puede creer que es un enorme error darle al gobierno justo lo que el gobierno necesita… Pero no por eso se les puede negar el derecho de pensar de esa manera y de actuar en consecuencia. Ninguna protesta, amparada dentro del marco de la Constitución, es un delito. Ni nosotros podemos renunciar a la diversidad y a la indignación, ni el gobierno tiene que darnos permiso para ser democráticos.
Desde hace años, desde el Estado y las instituciones, y desde los medios controlados por el oficialismo, se viene promoviendo y consolidando la idea de que cualquier protesta encubre la secreta intención de tumbar al gobierno. No puede haber reclamo social sino terrorismo. Eso, en un país con la inflación más alta del mundo y con 28% de desabastecimiento, es una forma brutal de sometimiento. Pero en Venezuela la rebeldía solo puede ser oficial.
Por eso marcharon los estudiantes este 12 de febrero: para decir que la rebeldía no es un cargo público. Para pedir la liberación de unos compañeros que, de manera anticonstitucional, fueron detenidos y juzgados, encarcelados en un lugar lejano. El discurso oficial los acusa de desestabilizadores, de ser un grupúsculo fascistoide, de estar manipulados por intereses extranjeros… Nada muy distinto de las justificaciones que siempre ha usado la violencia institucional. Con esa misma lógica, por cierto, detuvieron y asesinaron en 1976 a Jorge Antonio Rodríguez.
Lamentablemente para todos, al finalizar la marcha, se produjo otra vez un conflicto armado. Irracional y confuso. Con muertos, heridos, detenidos. Con disparos, videos y fotos de todo tipo, testimonios de lado y lado. Muy rápido saltaron las voces oficiales con condenas y amenazas. Comenzaron a hervir las miles de versiones, conjeturas, especulaciones… el alimento para lo peor de la polarización.
Lo más sorprendente, sin embargo, es la naturalidad con la que se ejerce ya la violencia oficial. Una crónica de AFP narra cómo un colectivo armado golpea a estudiantes y luego roba la cámara del corresponsal extranjero, bajo la presencia impasible de un coronel que solo le dice al periodista: “Ustedes tenían que saber a qué se estaban exponiendo cuando venían para acá”. Es natural que grupos paramilitares actúen con la protección de los militares. Es natural que los canales públicos no transmitan ni una sola imagen de la marcha y tergiversen todas las imágenes del conflicto. Es natural que el gobierno imponga censura mediática. Es natural que haya estudiantes golpeados, baleados, y encima detenidos con acusaciones exprés por insurrección y sabotaje. “No vengan a declararse ahora perseguidos políticos –dijo el adelantadísimo Maduro, cuando todavía no habían terminado los sucesos–. Tengo las fotos, los videos y la investigación está muy avanzada”.
Así es. La oposición está condenada aun antes de actuar. El oficialismo ha hecho de su propia subjetividad una ley. Se niega a aceptar a la oposición. Rechaza su identidad y continuamente la despoja de cualquier legitimidad. Decreta que la oposición es enemiga, ya no del Estado, sino de la nación. Y la combate como si estuviera en una guerra civil. Esa es la primera violencia que hay que desactivar. Mientras el poder siga considerando que la mitad del país es ilegal, jamás tendremos paz.
