Dos impotencias se balanceaban – Tulio Hernández

Por: Tulio Hernández

  Hay escasez. La gente hace larguísimas colas frente a los supermercados a la caza de los productos perdidos. Harina, papel tualé, leche, pollo. Por largos días nada llega. Pero al final algo aparece y hay consuelo. No hay hambruna, recuerda alguien, como las de África o de China.

El gobierno trata de imponer un “captahuellas biométrico” –así llaman el dispositivo– en tiendas y supermercados para regular qué y cuánto pueden comprar cada persona. Que es sólo una medida preventiva, advierten los rojos. No una tarjeta de racionamiento, como la de los países comunistas. Aún no.

  En una espiral que crece exponencialmente, los venezolanos por montones emigran del país. 1.600.000, 6% de la población se calcula, ya ha dicho adiós. Pero la mayoría lo hace por avión y pasaporte legal. No se ha visto a nadie escapando, como los cubanos, en una frágil balsa hecha con neumáticos, exponiendo la vida en la tétrica oscuridad de la noche en alta mar. Si se consiguen pasajes, se puede salir libremente. Todavía.

  El promedio de personas asesinadas por año, la mayoría con armas de fuego, supera desde 2011 el número de 20.000. Pero no hay una guerra civil. No nos estamos matando en dos ejércitos, como los sandinistas y la contra. Claro, comparando las cifra salimos perdiendo. En la guerra de Nicaragua, en unos 6 o 7 años, murieron poco más de 30.000 personas. En cambio, sólo el año pasado en Venezuela, asesinaron 23.763. Pero guerra, que se diga guerra oficialmente declarada, no hay.

  Tampoco estadios convertidos en campos de concentración, ni Caravanas de la muerte, como las de Pinochet. Pero en los tres meses que duraron las protestas populares conocidas como “La salida”, murieron 47 personas, una buena parte de de ellas abaleadas –así lo registraron las cámaras de los celulares– por miembros de los grupos paramilitares gubernamentales conocidos como “colectivos”. Según el Foro Penal, más de 3.000 venezolanos pasaron por los calabozos de cárceles comunes acusados de terrorismo, de los cuales 1948 fueron puestos en libertad pero con medidas cautelares, 117 siguen detenidos y, según Provea, al menos 135 fueron torturados en los centros de detención.

  La Constitución garantiza la libre actividad de los partidos políticos, pero el gobierno le declaró una guerra de extinción a Voluntad Popular. Su sede central es allanada con frecuencia. Leopoldo López, su líder máximo está preso, declarado culpable públicamente antes del juicio por el presidente espurio. Dos de sus dirigentes más importantes han tenido que huir del país para no correr la misma suerte. Igual que lo han hecho una centenar de activistas y dirigentes de otras organizaciones de la alternativa democrática. Pero, en términos legales, no hay partidos proscritos. Todavía no.