Del canal humanitario – Antonio Pasquali

Por: Antonio Pasquali

El escuálido y deteriorado régimen que nos gobierna, matón y corrupto, abusivamente aferrado al poder y en bancarrota, ha llegado hace tiempo –es importante aclararlo– al más bajo y peligroso peldaño del humano envilecimiento, el de la pérdida de toda conciencia moral, individualmente y como grupo de poder. No es un detalle marginal como pudiera pensarse, sino una importante clave interpretativa del drama que vivimos. Lo que no se usa en el cerebro –más exactamente en su corteza prefrontal ventromedial, precisan los neurólogos– se pierde, y muchos de nuestros principales gobernantes evidencian una disfunción terminal en esa misma corteza que es el asiento físico de nuestra espiritual conciencia moral, la encargada del tic-tac bonus/malus, de discriminar entre praxis e intención, elegir entre normas y acciones, generar vivencias de íntima satisfacción, remordimiento o vergüenza. Hacerse sordos a ese tic-tac moral valorador de toda praxis no es un desvarío menor porque la Moral es la prístina y fecundadora matriz foro interiore de todas las normas posteriormente codificadas por el hombre y sancionadas foro exteriore, las políticas y las sociales, las mercantiles, de navegación, los derechos humanos, civiles, penales y demás. Toda infracción a cualquier norma codificada es primariamente una inmoralidad y secundariamente un delito sancionable. Perder el uso del propio asidero moral, del péndulo axiológico fundamental reprimiendo a la subconsciente vergüenza, escrúpulos y sentido de culpabilidad, conduce fatalmente a relativizar y violar sin más miramientos la totalidad de la normativa que regula la convivencia humana. El deshonesto roba, el libertino seduce y abandona, el narco despacha droga, pero el amoral absoluto, ya capaz de todo, se vuelve el miembro más cínico y peligroso de la sociedad. Si además ocupa posiciones de poder, el efecto-demostración que produce en la sociedad puede resultar catastrófico.

Los regímenes que nos gobiernan desde finales del pasado milenio exhiben una entera panoplia de comportamientos nefastos que pudiesen ilustrar su viaje a la amoralidad absoluta: amarrar tramposamente un país vivo al cadáver de una ideología muerta, sustraer centenares de millardos, narcotráfico, violaciones seriales de la Constitución y de la Justicia, devastadoras incompetencias, impresentables alianzas, ruina económica, hambre, inseguridad, totalitarismos y hegemonías por doquier. Pero hay una conducta chavista particularísimamente aberrante en lo moral y odiosamente delictiva en lo jurídico que radiografía más que ninguna otra la esterilización de su conciencia moral convertida en política de estado. Se trata de su obstinada y cruel negativa a la apertura, propia o de terceros, de canales humanitarios que pudiesen aliviar la crónica y mortal falta de medicamentos (hasta del 80%) padecida por el país desde hace demasiado tiempo. Una emblemática crueldad que deteriora peligrosamente la calidad de vida del enfermo, siega prematuramente a diario la vida de decenas de venezolanos (de ellos, al menos siete recién nacidos) o los condena a morir entre atroces sufrimientos sin que el régimen dé atisbos de la menor vergüenza, remordimiento o propósitos de enmienda, síntomas de una conciencia moral ya apagada, incapaz de ponderar los terribles dramas humanos que su crueldad engendra.

En cuando a los aspectos jurídicos de tal obstinación: una negativa de esa naturaleza, en nuestro caso escandalosamente motivada por meros y ruines criterios ideológicos, configura un caso macro de un delito de lesa humanidad que códigos internacionales y de muchas naciones definen como “no prestación de auxilio a persona en peligro”; macro, y bien macro, porque no se trata de un conductor que atropella a un transeúnte y lo abandona dándose a la fuga, sino de una cúpula gubernamental que por auto-conferido y feudal jus vitae deja sin cruciales remedios durante meses y años a treinta millones de conciudadanos. La Corte Penal Internacional administradora de los Estatutos de Roma (cuya segunda suscripción y ratificación de las más de 140 recibidas fue la de… Hugo Chávez el 07.06.2000), está en la obligación de intervenir, conforme a su Art. 7k, ante “cualquier acto inhumano que cause intencionalmente graves sufrimientos y atente contra la integridad física o la salud mental de quien lo sufre”, y no se entiende como las víctimas nacionales de los “graves sufrimientos” generados por la falta de remedios no hayan solicitado la intervención de dicha Corte conforme a un facilitador principio operativo establecido por el propio comandante eterno, quien estampó en su Constitución de 1.999 un Art. 23 que citaremos in extenso: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”. El Código Penal italiano (que entendemos inspiró en su momento el nacional) califica en su Art. 593 la ayuda solidaria como “un deber aunque resulte penoso o peligroso prestarla” y su específica ley llamada “del buen samaritano” castiga el “delitto di omessa solidarietá” con penas que “pasan al doble si la no prestación de socorro causa el fallecimiento de la persona a socorrer”. Francia condena desde 1934 la “non assistence à personne en danger” y el Art. 223-6 de su más reciente versión del Código Penal extiende sus pesadas penas también a quien impide la prestación de socorro por terceros (como sería la no-aceptación de ayuda foránea). Otro corpus jurídico que aparentemente nadie fue a consultar, nuestro propio Código Penal, ¡oh sorpresa! también califica como delito la “omisión del deber de socorro”, y su Art. 438 establece penas para quien “habiendo encontrado persona…en situación peligrosa…haya omitido la prestación de su ayuda a dicha persona” por considerar que esa no-prestación humanitaria infringe aquel deber de socorrer, mientras que el Art. 195 recoge el antes citado criterio francés condenando de 3 a 12 meses de prisión también el “no solicitar auxilio ajeno con urgencia” (como efectiva y documentadamente ha hecho en múltiples oportunidades el régimen actual). Así que tanto la Corte de La Haya como las Penales venezolanas (para cuando vuelvan la Justicia y jueces impolutos al país) aseguran sólido basamento jurídico para enjuiciar al actual Gobierno venezolano por a) incumplir los Art. 83 (“La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado que lo garantizará como parte del derecho a la vida”) y 29 de la Constitución “El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por las autoridades”), b) omitir masivamente una prestación de ayuda a personas en situación peligrosa, c) adoptar decisiones que atentan contra la integridad física de la población y d) no solicitar con urgencia, y más bien impedir, auxilio ajeno. ¿O será acaso todo, o parte de esto, suficiente notitia criminis para la Fiscalía?

Pero volvamos a la raíz moral del drama. En estos meses en que se han multiplicado las muertes causadas por falta de medicamentos e insumos mientras iba en aumento el culposo silencio informativo del gobierno (Sanidad no publicaba desde 2014 los boletines epidemiológicos, desobedeciendo el compromiso internacional de señalar al país y al mundo las llamadas “enfermedades de notificación obligatoria”), mientras eso sucedía, la Venezuela que ve menguar y morir a diario familiares y conocidos por falta de medicamentos, tratamientos y alimentos, ha asistido atónita a los implacables esfuerzos del régimen por negar, con su inmensa capacidad de mentir, la existencia de un problema humanitario; esfuerzos destinados a “no perder la cara” ante la opinión pública mundial por temor a que el hecho sea leído como un fracaso más del “socialismo del siglo XXI”. En noviembre del pasado año, el gobierno declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, que Venezuela no pedirá a ningún organismo internacional ayuda para superar la actual escasez de medicinas, ya que muchas de esas ayudas “pueden prestarse a confusión dado que contienen una fuerte orientación politizada y negativa”. Como es su costumbre, el Presidente Maduro anunció a la ligera, hace un par de meses, que había resuelto el problema con… las Naciones Unidas (¡!); a la Ministra de Sanidad se le sacó del cargo a las 72 horas de publicar, tras años de silencio, estadísticas epidemiológicas, y ha sido remplazada por quien lleva todo un prontuario de despidos y jubilaciones de médicos por motivos políticos; envíos de medicamentos por venezolanos residenciados en el extranjero han sido secuestrados so pretexto que parecían confeccionados para “guarimberos”; en regiones del país hay una verdadera cacería de brujas, con despidos, retiros, jubilaciones obligadas y hasta detenciones para médicos no chavistas que desfilan para pedir insumos o por aceptar remedios donados por personeros de la oposición; una manifestación de médicos y paramédicos que pensaba presentar un pliego de solicitudes al ministerio fue brutalmente dispersada con gases; importantes ofertas internacionales de medicamentos han sido sistemáticamente rechazadas, entre ellas una del actual gobierno de Brasil (que probablemente hubiera sido aceptada de ser el amigo Lula su remitente), nuestro representante en Naciones Unidas tuvo la desvergüenza de declarar en Asamblea General que en Venezuela no había ni crisis humanitaria ni falta de medicamentos, puras malévolas imaginaciones de los medios…

Comprobados hechos desmienten esa cruel sarta de mentiras, ocultamiento de información y persecuciones. El boletín que le costó el cargo a la Ministra revelaba datos probatorios desastrosos, que envían Venezuela a la cola de los más desvalidos países africanos: entre 2015 y 2016 las muertes por maternidad aumentaron del 65%, la mortalidad infantil se incrementó en un 29,5 (lo que motivó una airada denuncia de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría del 17.05.2017), la malaria creció del 76%. Una diligente ONG “Médicos por la Salud” (en ella actúan, entre otros, los galenos José Manuel Olivares y Julio Simón Castro Méndez) fue a averiguar en todos los Hospitales Públicos de 42 ciudades lo que el ministerio no averigua, y en su “Encuesta Hospitales 2017” reveló al país los siguientes espantosos datos: la radiología resultó en todos ellos inoperativa o con fallas severas en un 89%, ecografías en un 71%, TAC en un 94% y laboratorios en un 97%; una falta del 78% de los medicamentos habituales en hospitales, un colapso del 75% en sus capacidades quirúrgicas y una carencia del 76% en catéteres y sondas; 6.332 camas fuera de uso, el 39% de las 16.238 antes existentes; eliminación, en un 64% de los casos, de la nutrición hospitalaria y uso de fórmulas lácteas pediátricas. Ingresar hoy a un hospital público puede representar un serio peligro para la salud pese a los heroicos esfuerzos de los médicos residentes; la capacidad gubernamental de mentir y de poner la ciudadanía a sufrir y morir por salvarse políticamente la cara supera la más sádica imaginación.

¿Están realmente enterados los jerarcas del régimen que hasta 2016 pudieran haber muerto hasta 9.700 entre neonatos y menores de un año por aguas contaminadas, incubadoras no esterilizadas, quirófanos infectados, falta de oxígeno e inyectadoras, de antibióticos y fórmulas; que el viaje a la muerte de esos inocentes es acompañado por la de miles de adultos y ancianos fallecidos por carencia de remedios y alimentos sin que nadie los cuente; que muchos cardiólogos venezolanos en su ansia por salvar vidas instalan en cardiópatas marcapasos recién sacados de cadáveres; que se muere frecuentemente en hospitales por máquinas de hemodiálisis infectadas, equipos de radioterapia defectuosos o fuera de uso, antibióticos inexistentes o vencidos, falta de inyectadoras e inexistencia de antiretrovirales, anticancerígenos u opiáceos; que especialistas en paliativos se van del país por no soportar más la muerte de pacientes terminales entre atroces dolores a falta de morfinas? ¿Habrá ido alguna vez a una farmacia, disfrazado, el Presidente de la República a verle la cara a octogenarios hipertensos a quienes informan por quinta o décima vez que no hay losartán, o se le habrá aparecido alguna noche el fantasma de Annette A., aquella abuela de Puerto La Cruz que hace poco, desesperada por no conseguir medicamentos para la nieta discapacitada, le metió un tiro para en seguida suicidarse?

Tal vez alguna gente de poder entre en razón, reactive su corteza prefrontal para devolver la palabra a su razón moral y logre se abran de par en par, con urgencia y sin prejuzgar de nada, las compuertas de los canales humanitarios; por ejemplo reduciendo de veinte mil barriles diarios los inmorales envíos de petróleo a los amigotes caribeños para traerle con el ahorro un jumbo diario de remedios a los venezolanos.