Por: Antonio Pasquali
Hegemonía: término siempre execrable, Gramsci incluido, por sus sesgos
mandones y antidemocráticos. El hombre se vuelve animal político al desarrollar su capacidad de inter-comunicarse; toda manipulación de sus comunicaciones es un intento de coaccionar su estar con el otro, de homogeneizarlo con propósitos de ingeniería social. En el caso nacional, la búsqueda oficial de una hegemonía en comunicaciones es delito. El artículo 58 de la Constitución estatuye clarísimamente que “la comunicación es libre y plural”; “libre” como no controlable a priori y “sin limitación de fronteras” (Declaración Universal de 1946); “plural” como no-hegemonizable por oligarquías políticas o mercantiles, para que todos disfruten, con justicia distributiva, de un mismo derecho de emitir y recibir.
El intento chavista de monopolizar la comunicación consta de un poderoso sistema emisor propio, y de un perverso e incesante esfuerzo por “pulverizar” el poder emisor del “enemigo”.
Su pars contruens, frenéticamente consagrada a la intoxicación ideológica, es un rotundo fracaso; sus audiencias y lectorías son de un dígito bajo; la entrega de radios y TV a la Fuerza Armada, una barrabasada anticonstitucional; el marketing del difunto Chávez, una impudicia (incluye ahora una irreverente paráfrasis del Padre Nuestro). Su costo es elevadísimo: 1.700 millones adicionales el pasado semestre, de los cuales 1.430 para publicidad oficial, más que el presupuesto de su ministerio. Añádanse las indigestas cadenas presidenciales (7.500 minutos desde enero) y las “cuñas” impuestas a los medios por el infame artículo 10 de la Ley Resorte.
Su pars destruens no es un fracaso; el flexible empleo de amedrentamiento, agresión, venta forzosa, multa, ensañamiento legal, retiro de concesión o de publicidad, inducción de autocensura, blackout electrónico, bloqueo de emisor internacional, carencia inducida de papel y cientos de violaciones anuales de la libertad de expresión, están a un paso de lograr el silenciamiento total de la oposición. Tres majors locales: la Cadena Capriles, Globovisión, El Universal, neutralizados en pocos meses; siempre más escasos los medios y productores que defienden las últimas trincheras del pluralismo. Los medios privados siguen superando numéricamente los públicos, proclama el régimen; pero el pluralismo no es un concepto numérico sino cualitativo, no se cuenta por emisoras sino por la densidad de “voces múltiples” (diría McBride), de las que ya casi no quedan.
El proyecto hegemónico del chavismo avanza, sin encontrar casi resistencia, también por caminos paralelos: Misión Miranda, Canaimita, textos escolares del régimen. Los beneficios previstos en la Ley de Protección al Trabajador Cultural no los disfrutarán, dicen sus autores, “quienes hablen mal de Venezuela…”. El pasado 26/08 Maduro juramentó la “Comisión de Agitación, Propaganda y Comunicación” del PSUV, otro zombi criollo, esta vez del Agitprop creado en los años veinte por Plejánov y Lenin (léase http://es.wikipedia.org/wiki/Agitprop). De estos días es el llamado “Proyecto Guisandes”, un cohete destinado a pulverizar ese nido de estorbosos demócratas que es el Colegio Nacional de Periodistas. Está basado en una imposible identificación de “comunicación humana” con “profesión de comunicar”; declara equipolentes la formación “por disciplina académica”, por “autodisciplina” y por “experticia” (¡sic!); sentencia con ínfulas filosóficas que la colegiación impuesta a los periodistas “es contraria a la inteligencia, la razón y el orden natural de las cosas”, pero unas líneas más adelante, en su artículo 1, crea el “Colegio Nacional del Comunicador Social” (el colegio “bueno”, del régimen, ¡increíble pero cierto!); su artículo 12 obliga al dueño del medio a publicar los textos “tal como fueron procesados por el comunicador social”, y sus artículos 15 a 18 otorgan al régimen un peligroso poder discrecional. Es la bota hegemónica chavista desfigurando con violadoras patadas la insoportable belleza del artículo 58: “La comunicación es libre y plural”.
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