La crisis de salud que atraviesa Venezuela no puede ser vista desde
una perspectiva distinta a la de derechos humanos. Sin embargo, encuadrar lo que nos ocurre desde esta mirada no implica solamente relacionar la crisis a la obligación que tiene el Estado venezolano de garantizar el derecho a la salud, tal y como dispone la Constitución Nacional. Aquí hay algo más.
Estamos ante una acción deliberada del Estado de impedir el acceso de la población a medicinas e insumos médicos, bien sea por negarse a cumplir con el compromiso de liquidar las divisas para el pago de deuda a proveedores, por la disminución de las importaciones directas del Estado de insumos y medicinas, o por negarse a recibir ayuda humanitaria de otros países u organismos internacionales. En cualquiera de los casos, hay una intencionalidad evidente. Llegamos a un punto en el que sólo la entrada inmediata de medicamentos ya elaborados garantizará la vida de miles de personas que esperan, porque fabricarlos en Venezuela tomará de 4 a 6 meses. En otras palabras, un donativo desde el exterior es la única vía posible hoy. Lo han dicho las organizaciones de la sociedad civil y los mismos pacientes: la decisión de recibir la ayuda está en manos del alto gobierno. Tan sólo la palabra de Nicolás Maduro bastará para que lleguen los medicamentos e insumos que significarán el tránsito entre la vida y la muerte de miles de venezolanas y venezolanos. Pero la palabra no llega.
Pensar que se trata solamente de improvisación e ineptitud no explica la profundidad de la crisis. Desde el chavismo está planteado un cambio de modelo. Abundan en documentos oficiales la expresión “transición al socialismo,” lo que nos habla del paso de un modelo de relaciones productivas capitalistas a un esquema socialista. Y ello implica cambiar las estructuras, particularmente aquellas que producen bienes. Pero agreguemos otra dimensión: la guerra económica según la cual las farmacéuticas (y las transnacionales de productos de aseo personal y de alimentos), de acuerdo con el gobierno, han decidido producir cada vez menos para crear escasez y zozobra entre la población con fines desestabilizadores. Esta “guerra” – podríamos inferir – es una que se libra entre un Estado que trata de cambiar el modelo económico y un empresariado que se niega a que ello ocurra. En cualquiera de los escenarios, las víctimas son las personas, esa población civil que busca desesperadamente alimentos, medicinas e insumos médicos. La escasez y la muerte serían entonces para el régimen meros daños colaterales. Un precio necesario para lograr un objetivo político: mantenerse en el poder para garantizar que el cambio de un modelo a otro se materialice.
La pregunta central sería, partiendo del supuesto negado de que en efecto las empresas no están produciendo medicamentos como parte de una guerra económica, ¿dónde queda la obligación del Estado venezolano de proteger a sus habitantes de los efectos de esa guerra? Y por efectos estamos hablando de personas fallecidas y del empeoramiento de las condiciones de salud general de todo el país. Así, la situación planteada nos lleva a poner luz no sobre el concepto de soberanía, importante pero también predilecto de numerosos regímenes criminales y opresores, sino sobre la deber que tienen los Estados de proteger. En la Declaración del Milenio de 2005, adoptada en el marco de la ONU, ese principio quedó recogido al haber afirmado los Estados su responsabilidad primordial de proteger a sus poblaciones de genocidios, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad. También declararon su disposición a tomar acciones oportunas y decididas, en concordancia con la Carta de la ONU y en cooperación con organizaciones regionales relevantes, cuando las autoridades nacionales de manera manifiesta dejan de proteger a sus poblaciones.
En la mañana del jueves 7 de abril, el periodista José Domingo Blanco “Mingo” preguntaba en su espacio radial por qué al gobierno no le importa la crisis de salud, a lo que su entrevistado, el Dr. Huniades Urbina, respondió que no se entiende lo que ocurre, y cándidamente agregó “es que es casi un genocidio.” Sí bien el genocidio se refiere a actos cuyo fin es destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, lo que el Dr. Urbina aludió en esencia fue la naturaleza criminal de la crisis. Aunque parezca una exageración, quizás una acción sistemática y deliberada por parte del Estado contra su población como la que estamos presenciando, pudiera ser interpretada como un crimen de lesa humanidad. El Estatuto de Roma, documento fundacional de la Corte Penal Internacional de La Haya, define como crímenes de lesa humanidad aquellos actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque, incluyendo, entre otros, el asesinato, el exterminio, la tortura y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
Porque si no ¿en cuál categoría del derecho internacional pudiéramos colocar a un Estado que, con un control único y férreo de las divisas, impide de manera sistemática el acceso de su población a medicamentos esenciales para salvar vidas, oculta las cifras epidemiológicas, hostiga y amenaza a quienes denuncian la grave situación del sector salud, reduce la inversión e importaciones de insumos y medicamentos esenciales y hace caso omiso a la necesidad de emprender campañas de concientización y otras acciones de orden público para la prevención y el control de enfermedades como el Zika, a pesar de sus gravísimas implicaciones? ¿Estamos en presencia de una nueva modalidad de agresión de un Estado contra sus habitantes, donde no existe institución alguna con la independencia suficiente para hacer valer derechos fundamentales– en este caso el derecho a la salud – como bien lo dejó en evidencia la decisión de un tribunal que negó la solicitud de medida preventiva por la escasez de medicamentos esenciales a niños, niñas y adolescentes introducida por la organización no-gubernamental CECODAP?
El Secretario General de la ONU ha señalado que el primer pilar de la responsabilidad de proteger se basa en las obligaciones de los Estados con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, pero también al derecho internacional humanitario, al derecho penal internacional y al derecho de los refugiados. La crisis de salud no es sólo una violación a los derechos humanos de venezolanos y venezolanas; estamos ante un crimen atroz que atenta contra la integridad física, mental y emocional de la población, y cuyas repercusiones nacionales y regionales pudieran ser inusitadas ante la mirada paciente de la comunidad internacional.
Mientras tanto, el daño colateral se mide en 600 niños y niñas que esperan ser operadas del corazón en el Hospital J.M. de los Ríos, 61.000 personas con VIH/SIDA que esperan por tratamiento, 5.000 mujeres con cáncer de mama que no consiguen medicamentos esenciales de forma continua, 4443 pacientes con hemofilia y otros problemas hematológicos para quienes no hay insumos, 10.000 personas con problemas de salud mental que no reciben atención y un número indeterminado de familias a quienes se les ha hecho entrega de su familiar con condiciones psiquiátricas porque en los centros de salud mental no hay medicamentos para tratarles, además de un incontable número de mujeres en edad reproductiva que no conseguimos pastillas anticonceptivas y de personas de todas las edades que no encuentran medicamentos para la hipertensión. Pero estas no son cifras. Son vidas, son posibilidades, son historias que el régimen se niega a escuchar. Dudar de la naturaleza criminal de este acto voluntario y sostenido de indolencia y crueldad es desconocer a un régimen que nació con sangre en las manos y que se ha procurado métodos sofisticados de control social y represión para mantenerse en el poder tras un barniz de democracia. Resolver la crisis de salud no es discrecional al Estado. Es su obligación. No hacerlo es una violación a los derechos humanos de la población venezolana. Pero impedir el goce del derecho a la salud sistemática y deliberadamente es un crimen cuyas repercusiones deberían ser vistas desde la perspectiva del derecho penal internacional.
….solo una pregunta me resta por hacer……NO HAY SOLUCIÓN A ESTO..NINGÚN ORGANISMO INTERNACIONAL PUEDE COLABORAR A SOLUCIONAR ESTO?.. QUIERE DECIR QUE MORIREMOS MAS PERSONAS ANTE LA VISTA DEL MUNDO…ASÍ …TAN FÁCILMENTE..!!..