Por: Asdrúbal Aguiar
Tengo objeciones o acaso serias dudas sobre la pertinencia del constitucionalmente desfasado – a propósito, y por órdenes de la dictadura – proceso electoral que tendrá lugar para la “elección” de gobernadores en Venezuela. Pero acerca de la crisis terminal o del desencanto con la democracia que acusan amplias capas de las sociedades invertebradas en el mundo occidental, originado en el fundamentalismo electoral sin anclajes éticos ni forjador de un vivir buenamente para alcanzar el buen vivir, me referiré con amplitud en la próxima columna. Lo hago, también, por respeto a quienes, de buena fe y sobre una base de legitimidad practican la democracia para no olvidar su credo en tiempos de dictadura, y acudirán a las urnas el próximo 15 de octubre.
Luego de un largo espacio de trivialización electoral, de repetir actos de votación de modo continuo para limitar los espacios de sosiego, para que la gente no alcance a pensar o forjar un entorno político real, un espacio público para la deliberación y el juicio responsables, la revolución, una vez como Nicolás Maduro secuestra el poder en calidad de pro-cónsul cubano y con abierto desprecio por el orden constitucional de sucesión a la muerte de Hugo Chávez Frías, se ha encargado de destruir el valor del voto.
La razón no huelga. Ha perdido toda adhesión popular a su causa luego de la destrucción que hiciese de las fuentes del bienestar nacional, permitiendo el peculado como política de Estado, y engulléndose a la misma población con un monstruo de dos cabezas: Buscando dominarla a través del hambre y las carencias, y sujetándola mediante la violencia expansiva de un aparato estatal coludido, en su orgía criminal, con los cárteles del narcotráfico.
Luego del golpe de Estado constituyente, mediante el que se le impone al país una suerte de soviet designado a dedo por el dictador y aprobado por aquellos a quienes él también escoge a su arbitrio, su régimen pasa la línea roja y de no retorno desconociendo el principio del voto universal, directo y secreto. ¡Y es que le abruma, le causa pánico que las mayorías que lo padecen y bregan por su final, acudan o se hagan presentes en sus votaciones puertas adentro! Eso hacen ahora y otra vez, a propósito de las elecciones regionales convocadas, al quedar al descubierto lo más perverso de la venalidad pública, a saber, el maridaje entre el Poder Electoral sirviente de la dictadura y la Sala Electoral del espurio Tribunal Supremo de Justicia a fin de que el tarjetón electoral sea una colcha de retazos que confunda a los electores “enemigos”; mostrando las candidaturas válidas junto con las sustituidas, facilitar la anulación de votos e impedir que el candidato opositor seleccionado en primarias alcance la victoria.
No es expresión filatera en su propósito decir y sostener que, tarde o temprano, incluso bajo un régimen de justicia transicional, las rectoras del actual Consejo Supremo Electoral habrán de rendir cuentas por sus crímenes; no sólo y en propiedad los electorales que de suyo son delitos, sino los que resultan o son la consecuencia de la destrucción del hecho electoral ejecutada por ellas; como cuando le cierran el camino al referendo revocatorio de Maduro, suspenden las elecciones que sólo ahora convocan con retraso interesado, y le permiten al mismo dictador secuestrar la soberanía popular – apropiársela – para bajo su dictado crear la prostituida y señalada constituyente.
La cuestión mal se reduce al plano de lo moral, a la responsabilidad que tiene toda persona cuando formula y pone en práctica sus convicciones, que otros pueden calificar de incorrectas y, al término, han sido postuladas con responsabilidad. Los ejemplos distintos sobran y los enuncia Ronald Workin en su Justicia para erizos (2014): “Un científico que no verifica sus cálculos carece de responsabilidad intelectual; un escritor que no hace copias de respaldo de sus archivos carece de responsabilidad práctica; quien vive a la deriva carece de responsabilidad ética, y un ciudadano que vota a una candidata a la vicepresidencia porque le parece sensual carece de responsabilidad moral. Un líder político [en suma] que hace entrar en guerra a su país con una información de inteligencia lisa y llanamente inadecuada [o que, frustra deliberadamente, como el caso de las rectoras electorales, el voto como medio de pacificación] es irresponsable en los cuatro sentidos” señalados.
No se discute, pues, la inmoralidad manifiesta del comportamiento de Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D’Amelio. Aludo a la responsabilidad penal internacional objetiva que sobre ellas pesa, luego de constatar la ONU e investigar la OEA que en Venezuela – observadas las consecuencias de los hechos que se generaran con el actuar de éstas, bajo la dirección del dictador – han ocurrido violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, en otras palabras, se han ejecutado crímenes de lesa humanidad.
La muerte del voto o la reducción de sus garantías ha estado acompañada, como se constata, de una política de Estado que deja a su vera asesinatos, torturas y encarcelamientos políticos sistemáticos, que se suman a otros anteriores, teniendo por víctimas propiciatorias a todos quienes se oponen a Maduro, como los 140 jóvenes ejecutados por sus Guardias Nacionales.
La jurisprudencia sobre la materia abona – allí está el célebre fallo Arancibia de la Corte Suprema de Justicia argentina – sobre comportamientos similares a los de las rectoras, pues “dentro de la clasificación de los crímenes contra la humanidad, también se incluye el formar parte de una organización destinada a cometerlos, con conocimiento de ello… [y] el formar parte de un grupo dedicado a perpetrar estos hechos, independientemente del rol funcional que se ocupe, [lo que] también es un crimen contra la humanidad”.
Registrarlo esto es un deber, para que la memoria se haga verdad y la verdad demande la justicia, sin que puedan morigerarla negociaciones como las de República Dominicana.
