Por: Héctor Faúndez
Hace más de doscientos años, cuando los gobernados eran meros 
súbditos de un monarca con poderes absolutos, este último podía disponer de las vidas y de los bienes de los primeros; la Revolución Francesa cambió eso, al transformar al súbdito en ciudadano, poner límites al ejercicio del poder estatal y conferir derechos a los ciudadanos. A partir de ese momento, se sustituyó la arbitrariedad por la ley, y las dádivas por el respeto a los derechos iguales de todos. En las relaciones entre el gobernante y los ciudadanos, el perdón pasó a tener un espacio muy reducido, reservado para el indulto de las penas a que se hubiera condenado a un delincuente, pero en los términos regulados por el derecho. En una sociedad democrática no hay espacio para el capricho, y las franquicias y las dispensas reales han sido remplazadas por los derechos que tiene el individuo frente al Estado. Sin embargo, en la Venezuela chavista, se percibe que quienes ejercen el poder se sienten amos y señores de sus vasallos, que tienen que agradecer la magnanimidad de quien se cree la encarnación de Luis XIV.
Menciono lo anterior porque, durante su alegre imperio, Hugo Rafael I perdonó a quienes habían firmado solicitando la revocación de su mandato, a cambio de que se arrepintieran y “repararan” sus firmas. Además, este régimen también ha perdonado a algún tránsfuga de la política que, luego de haber estado con la revolución, se ha pasado a la oposición y de nuevo a la revolución, y que ha estado dispuesto a revisar sus teorías jurídicas sobre el artículo 350 de la Constitución, sobre los estados de emergencia, o sobre la independencia de los poderes públicos. Mientras Carlos Genatios debe permanecer en el exilio por haber escrito un artículo de opinión, Didalco Bolívar ha recuperado la confianza del régimen por haber cambiado de opinión. También han sido perdonados los corruptos y los narcotraficantes que, más bien, han sido premiados con altos cargos en la administración pública.
En esta lista de castigos, a veces perdonados, no tuvo la misma suerte Antonio Ledezma, que se atrevió a ganar la Alcaldía Mayor, ni tampoco el general Baduel, que tuvo la tentación de aspirar a la Presidencia de la República cuando ese cargo todavía era ocupado por el comandante eterno. Tampoco se ha perdonado a los estudiantes que se han atrevido a alzar la voz en contra de la arbitrariedad en el ejercicio del poder, o al abogado Marcelo Crovato, preso por ejercer su profesión.
Después de decidir la expropiación de las fincas de quienes habían participado en protestas cívicas, el gobernador del Táchira anunció que esa medida quedaba sin efecto y que se les perdonaba. ¡Perdonados por ejercer el derecho a manifestar! ¡Perdonados por actuar en el marco de la Constitución! Obviamente, después de este gesto magnánimo de uno de los íconos del chavismo, se espera que esos agricultores y ganaderos no vuelvan a reincidir en el ejercicio de sus derechos; de lo contrario, todo el peso del capricho de quienes nos gobiernan caerá sobre ellos.
En democracia, el castigo por el Estado solo puede ser la consecuencia de un delito previamente tipificado por la ley, y el ejercicio de un derecho nunca puede ser objeto de represalias. Pero la distinción entre vasallos y ciudadanos no ha calado en la mente de los hombres nuevos. Para ellos, tampoco es relevante que la Constitución consagre derechos individuales, cuyo ejercicio no reviste carácter delictivo ni puede generar algún tipo de responsabilidades o dar paso a sanciones.
Resulta sorprendente que, más de dos siglos después de la Revolución Francesa, el “socialismo del siglo XXI” todavía se niegue a reconocer los derechos individuales y, como un gesto propio del poder real, excepcionalmente, no castigue a quienes los ejercen.
Hace más de doscientos años, cuando los gobernados eran meros súbditos de un monarca con poderes absolutos, este último podía disponer de las vidas y de los bienes de los primeros; la Revolución Francesa cambió eso, al transformar al súbdito en ciudadano, poner límites al ejercicio del poder estatal y conferir derechos a los ciudadanos. A partir de ese momento, se sustituyó la arbitrariedad por la ley, y las dádivas por el respeto a los derechos iguales de todos. En las relaciones entre el gobernante y los ciudadanos, el perdón pasó a tener un espacio muy reducido, reservado para el indulto de las penas a que se hubiera condenado a un delincuente, pero en los términos regulados por el derecho. En una sociedad democrática no hay espacio para el capricho, y las franquicias y las dispensas reales han sido remplazadas por los derechos que tiene el individuo frente al Estado. Sin embargo, en la Venezuela chavista, se percibe que quienes ejercen el poder se sienten amos y señores de sus vasallos, que tienen que agradecer la magnanimidad de quien se cree la encarnación de Luis XIV.
Menciono lo anterior porque, durante su alegre imperio, Hugo Rafael I perdonó a quienes habían firmado solicitando la revocación de su mandato, a cambio de que se arrepintieran y “repararan” sus firmas. Además, este régimen también ha perdonado a algún tránsfuga de la política que, luego de haber estado con la revolución, se ha pasado a la oposición y de nuevo a la revolución, y que ha estado dispuesto a revisar sus teorías jurídicas sobre el artículo 350 de la Constitución, sobre los estados de emergencia, o sobre la independencia de los poderes públicos. Mientras Carlos Genatios debe permanecer en el exilio por haber escrito un artículo de opinión, Didalco Bolívar ha recuperado la confianza del régimen por haber cambiado de opinión. También han sido perdonados los corruptos y los narcotraficantes que, más bien, han sido premiados con altos cargos en la administración pública.
En esta lista de castigos, a veces perdonados, no tuvo la misma suerte Antonio Ledezma, que se atrevió a ganar la Alcaldía Mayor, ni tampoco el general Baduel, que tuvo la tentación de aspirar a la Presidencia de la República cuando ese cargo todavía era ocupado por el comandante eterno. Tampoco se ha perdonado a los estudiantes que se han atrevido a alzar la voz en contra de la arbitrariedad en el ejercicio del poder, o al abogado Marcelo Crovato, preso por ejercer su profesión.
Después de decidir la expropiación de las fincas de quienes habían participado en protestas cívicas, el gobernador del Táchira anunció que esa medida quedaba sin efecto y que se les perdonaba. ¡Perdonados por ejercer el derecho a manifestar! ¡Perdonados por actuar en el marco de la Constitución! Obviamente, después de este gesto magnánimo de uno de los íconos del chavismo, se espera que esos agricultores y ganaderos no vuelvan a reincidir en el ejercicio de sus derechos; de lo contrario, todo el peso del capricho de quienes nos gobiernan caerá sobre ellos.
En democracia, el castigo por el Estado solo puede ser la consecuencia de un delito previamente tipificado por la ley, y el ejercicio de un derecho nunca puede ser objeto de represalias. Pero la distinción entre vasallos y ciudadanos no ha calado en la mente de los hombres nuevos. Para ellos, tampoco es relevante que la Constitución consagre derechos individuales, cuyo ejercicio no reviste carácter delictivo ni puede generar algún tipo de responsabilidades o dar paso a sanciones.
Resulta sorprendente que, más de dos siglos después de la Revolución Francesa, el “socialismo del siglo XXI” todavía se niegue a reconocer los derechos individuales y, como un gesto propio del poder real, excepcionalmente, no castigue a quienes los ejercen.
