Por: Ismael Pérez Vigil
Es momento de tocar temas espinosos sin falsos moralismos, la juramentación ante la ANC es uno de ellos, algo para lo que deben estar preparados los alcaldes opositores que resulten electos el 10 de diciembre próximo… y sobre todo los que votaremos por ellos.
Es un lugar común decir que vivimos bajo una dictadura. Definamos entonces el concepto. Cuando caracterizo a este régimen de “dictadura” no quiero entrar en profundas disquisiciones teóricas, analizando conceptos como “autoritarismo”, “totalitarismo”, “partido único o hegemónico” o conceptos similares, mantengo el término en un nivel “coloquial”. Por eso lo más simple para mí –situación que era mucho más clara y evidente para todos con HChF– es que nos enfrentamos a un “dictador”; es decir, a un individuo, que concentra el poder, que no rinde cuentas a nadie, que está por encima de instituciones, leyes y Constitución. Sea que califiquemos este régimen como autoritario, totalitario o dictadura, simple o militar –y si bien hay matices y diferencias entre cada uno de esos conceptos– las consecuencias prácticas para enfrentarlo son muy similares.
Uno de nuestros problemas es que en la práctica política no reconocemos que vivimos bajo una dictadura y asumimos conductas que son contradictorias con lo que afirmamos respecto del régimen dictatorial; me explico. Este régimen, en tanto que dictadura, se apuntala en los poderes del estado que domina: el Judicial, el Electoral y el Ciudadano; y ahora, por carecer de control sobre el Poder Legislativo, creó, de manera fraudulenta el 30 de julio pasado, una especie de institución absolutista, que es la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Todo esto da forma a la dictadura, es la dictadura, es su fuerza y el poder que ha creado; contra esto es que nos enfrentamos, contra todas y cada una de sus partes.
Comparto que es necesario documentar las irregularidades que se cometen a todos los niveles, para preservar la memoria y dejar constancia jurídica e histórica de ellas a nivel nacional e internacional; pero pensar y argumentar “indignadamente” que se viola la constitución, que el “orden jurídico” está siendo violado por la dictadura, no debe ser lo que guie nuestra acción política concreta, pues de eso se trata la dictadura, es su esencia: adaptar el “orden jurídico” a sus necesidades y eso debe ser para nosotros un simple “dato” de la realidad y nuestro objetivo es enfrentarlo, no permitir que nos asombre, que nos absorba explicándolo pues lo convertimos en obstáculo para avanzar.
A la agresión dictatorial, violatoria de las leyes, la respuesta no puede ser abrir la boca y constatar con estupor y extrañeza que “están violando la ley”, hay que actuar de manera más práctica.
Por ejemplo, afortunadamente los ciudadanos, los vecinos, han decidido en muchos municipios que ellos no tienen nada que hacer con las disputas de la MUD y los anti MUD, que no cederán gratuitamente esos espacios y están proponiendo candidatos o apoyando para alcaldes los que los partidos de manera abierta –o solapadamente, bajo cuerdas– están lanzando.
Cómo reprochar a la sociedad civil organizada que no se resigne a que la dictadura cope todos los espacios y alcaldías y haya emprendido la tarea de promover el voto y lanzar o apoyar candidatos a alcalde en una serie de municipios en donde es posible impedir que esas alcaldías pasen a manos de la dictadura. ¿Son todos los “vecinos” traidores, cómplices, vendidos o “cohabitan” con el régimen? Claramente han dicho que promoviendo la votación y sobre todo cuidando las mesas y denunciando, impidiendo o dificultando irregularidades se puede evitar que estas afecten los resultados electorales, al menos en una buena cantidad de municipios urbanos.
Pero –y aquí viene el trago amargo que hay que afrontar– debe estar preparada esa sociedad civil y los votantes de esos municipios para que, a los alcaldes que resulten electos, el aparato de la dictadura/ANC, actuando como la dictadura que es, les imponga como condición para asumir el cargo, que la “juramentación” se realice ante esa instancia. Eso no debería sorprender a nadie, ni producir los deplorables efectos que se suscitaron cuando los gobernadores de oposición electos el 15-O se juramentaron ante la ANC. La juramentación de los gobernadores ante la ANC, lo dijimos en su momento, sin duda fue un error político; sobre todo una incoherencia política, porque la posición durante la campaña fue otra: que no habría juramentación ante la ANC; pero ahora hay que replantearse las cosas y no cometer el error de decir que “de esta agua no beberé”.
Los alcaldes opositores que resulten triunfantes en los comicios del 10 de diciembre, además de juramentarse ante sus respectivos Concejos Municipales, como establece la ley, –e invitar al pueblo a que presencie esa juramentación– deben estar dispuestos a hacer valer el cargo que les otorgue la voluntad popular, enfrentando cualquier alternativa abusiva de parte de la dictadura y su órgano absolutista decimonónico, la ANC, que tratará de impedir que los alcaldes asuman sus cargos poniendo como condición que se juramenten ante ella. Nadie debe sorprenderse por esto y debemos, maquiavélicamente, preparar a los votantes para que ocurra esta vicisitud y estar dispuestos a acompañar a nuestros alcaldes, hasta la ANC si es preciso, cuando ocurra esa circunstancia.
No se trata de que el fin justifique los medios, pero sí de que el que quiere el fin, debe poner los medios necesarios para lograrlo. Mientras no tengamos la fuerza para hacer otra cosa, si no se está dispuesto a eso, es mejor adoptar una cómoda política abstencionista, disfrutar de un día de playa o de un domingo de parrilla familiar y olvidarnos de elecciones, derecho al voto, futuro y democracia.
