Algunos diarios de la mañana de hoy destacan la posición de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, con sede en Ginebra El Nacional titula: “ONU responsabiliza al Estado de los fallecidos en Uribana”. Responsabilizar al Estado, en este caso, es responsabilizar al Gobierno. Responsabilizar al Gobierno es responsabilizar a la señora Iris Valera.
Sin embargo, el vicepresidente Nicolás Maduro, quien está al frente del Gobierno en este momento, ha dicho que respalda plenamente a Iris Valera por “el gigantesco esfuerzo que hace para humanizar el sistema penitenciario”. Podrá hacer un esfuerzo gigantesco, pero sin ningún éxito. Y una cosa es que usted tenga voluntad –algo que en el caso de la señora Valera ya uno hasta lo pone en duda– y otra cosa es que usted logre las metas. Es la diferencia entre ser un funcionario, un ejecutivo eficiente y otro incapaz. La señora Valera, lamentablemente, está en la segunda categoría.
La señora Valera, siempre estridente, siempre escandalosa, responsabilizó a los medios por el estallido en Uribana. Ya hemos repasado en esta semana y en la anterior el tema de “si hubo o no hubo requisa”. Ella lo niega, fue Globovisión el que destapó todo, el Impulso, etcétera, etcétera. Sin embargo, algunos acusan, por ejemplo, de la masacre, de la tragedia que ocurrió allí, al retardo procesal.
Cuarenta de los sesenta fallecidos, estaban allí por culpa del retardo procesal. Otros responsabilizan de la masacre a las armas largas, a las armas de guerra allí en la cárcel. ¿Cómo entran esas armas de guerra a todas las cárceles de Venezuela? Sobre todo si esas armas de guerra no se venden libremente en una armería. Son armas que importa la Fuerza Armada Nacional para su uso exclusivo. ¿Cómo entonces es que un FAL o una granada terminan en manos de un presidiario?
Y esto nos lleva a lo que realmente preocupa en la mañana de hoy. Dice El Nacional: “El delito organizado penetró el sector militar venezolano”. El Índice Anticorrupción del Sector Defensa en Gobiernos, presentado por Transparencia Internacional Reino Unido, se afirma que hay pruebas de que en Venezuela la delincuencia penetró las estructuras militares y que altos oficiales han participado en la venta de armas ilegales”. Allí es donde hay que apuntar entonces.
Una crónica firmada por Diana Lozano Perafán dice: Hay pruebas de que en Venezuela la delincuencia organizada ha penetrado el sector militar y de que tales hechos ocurren con la participación de funcionarios de alto rango del Ministerio de la Defensa… Se han recibido informes y denuncias de la participación del personal del Ministerio de la Defensa en la venta de armas ilegales. Hay varias acusaciones de intervención de oficiales de alto rango en hechos de corrupción que siguen sin investigación. No existe legislación para facilitar la denuncia de irregularidades, o proteger a los denunciantes, y hay poca o ninguna transparencia con respecto al número de personal y sus tasas de pagos y prestaciones.
Además de esto, en la nota hay otra consideración en este informe que viene desde Londres: Se evidencia la ausencia de procedimientos formales para facilitar los nombramientos de ascensos, los cuales dependen de la afiliación política y no por mérito.
La delincuencia organizada, por lo visto, penetró en el sector defensa. La delincuencia ha penetrado, lamentablemente, muchas de nuestras instituciones públicas, y en esto es bueno detenerse un instante en la crónica estremecedora de Jon Lee Anderson, en la revista The New Yorker, a propósito de la Torre de David, donde se evidencia que la frontera entre la delincuencia y el gobierno ya prácticamente no existe.
