El caso de María Corina

  “Se le ven las costuras”, es una expresión beisbolística que alude al pitcher que está perdiendo efectividad, y que con cada lanzamiento que hace al home se le ven las costuras de la pelota. Por eso es muy fácil batearle. Es fácil descifrarlo. Cuando a un pitcher se le ven las costuras es importante que el manager lo saque cuanto antes si no quiere perder el juego.

  Pues a este régimen se le ven las costuras y de qué manera. La decisión contra Maria Corina Machado es tan burda, tan gruesa, tan torpe y hasta soez que definitivamente habla de un régimen atormentado y muy asustado.

  A Maria Corina Machado la inhabilita la Contraloría porque, aparentemente, no declaró cestatickets. Dice ella que jamás tuvo el beneficio de los tickets de alimentación cuando fue diputada, según declara en El Nacional: “Presenté la declaración jurada y he reportado impecablemente los ingresos que he tenido hasta abril de este año. Ahora votar será un acto de rebeldía contra una dictadura y recorreré el país con los candidatos de la MUD”. Y ayer ya dio una rueda de prensa, acompañada de toda la dirigencia opositora, especialmente de la MUD, con Chuo Torrealba alzándole el brazo en señal de solidaridad y victoria, y anunció que, a pesar de la inhabilitación, igual se va a postular.

  Por su parte, el Contralor Manuel Galindo dice: “Se encontraron inconsistencias en las prestaciones sociales y bonificaciones o dietas que ella, Maria Corina, cobró en la Asamblea Nacional cuando ejerció el cargo como diputada.” Especifica, además, que se trata de una inhabilitación administrativa, y que hay un lapso de 45 días para decidir si se puede postular o no a la Asamblea Nacional.

  En el portal Efecto Cocuyo citan las declaraciones del abogado constitucionalista Pedro Alfonso Delpino: “En primer lugar el Contralor no puede inhabilitar a nadie. Esto debe pasar primero por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, por lo tanto es una medida inconstitucional. La inhabilitación impuesta a la diputada es una aberración, tanto jurídica como política. El término Administración Pública es sinónimo del ejercicio de algún poder ejecutivo, trabajar para una gobernación, alcaldía, algún ministerio, la presidencia. Cargos que implican el manejo de fondos públicos. En la Asamblea nacional no se manejan fondos de este tipo.”

  Pero más allá de la cuestión jurídica, y ya que se trata de una decisión política, el Secretario General de la OEA, Almagro, ha dicho: “Las inhabilitaciones las hace el pueblo con los votos. Todo lo demás es forzar la situación política.”  Y eso, precisamente, es lo que está planteado.

  Ahora, si el contralor se preocupa por estas irregularidades con los tickets de alimentación, ¿qué tal si también se preocupa, por ejemplo, por el caso de los policamburistas en el régimen? Hay un trabajo interesantísimo de Transparencia Venezuela donde se reseña a los funcionarios que ejercen varios cargos en la administración pública: Simón Zerpa, Ricardo Molina Peñaloza, Dante Rivas, Carlos Erick Malpica Flores, José Vicente Rangel Avalos, entre otros, que cobran por aquí y cobran por allá. De Marleny Contreras, esposa del Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dicen: “Fue elegida como diputada por el Estado Miranda en las elecciones legislativas de 2010, cargo que desempeñó hasta marzo de 2015 cuando pasó a desempeñar funciones en el Ejecutivo Nacional con “permiso temporal“, figura no contemplada en ninguna ley para un parlamentario.” Pero de eso no se ocupa para nada el Contralor.

  ¿Quién toma estas medidas tan absurdas, tan estúpidas? ¿Quién es el que decide? ¿Fue una decisión autónoma del Contralor? Uno lo duda. Hay alguien más arriba, sentado en su escritorio en el punto más alto del régimen, que es el que dice: y ahora vamos hacer esto y ahora vamos hacer lo otro. Ese alguien, definitivamente, es el que está lanzando la bola y al que se le ven todas las costuras.