El discurso oficial hace trampa. Dice que el Congreso y el Gobierno norteamericano están sancionando al pueblo venezolano, a la patria de Bolívar. Hemos insistido en que tal visión del asunto es falsa, el Congreso no ha determinado sanciones contra el pueblo de Venezuela, ni siquiera contra el gobierno venezolano. Las sanciones son puntualmente contra 56 funcionarios.
La Voz de América, la radio oficial del gobierno norteamericano, da a conocer este documento que hoy publica El Nacional:
“El Departamento de Estado de Estados Unidos aclaró que las sanciones aprobadas por el Congreso, de ser firmadas, -todavía Obama no ha firmado- se aplicarán a los funcionarios venezolanos que participaron en la represión de las manifestaciones políticas que ocurrieron en Venezuela a principios de este año.
“La ley incluiría el bloqueo de activos en Estados Unidos de individuos que han perpetrado o son responsables de ordenar o dirigir significativa violencia o graves abusos contra los derechos humanos de las personas relacionadas con las protestas antigubernamentales de febrero de 2014. Estas medidas se centrarían en las personas, no en el pueblo venezolano.
“Seguimos trabajando estrechamente con el Congreso y otros actores de la región para apoyar un mayor espacio político en Venezuela, y asegurar que el gobierno hace honor al compromiso compartido del hemisferio con la democracia”.
Ahora, ¿quiénes son esos 56 funcionarios? Se han oido algunos nombres: Rodríguez Torres, quien era el Ministro del Interior para la fecha; el General Carvajal también está incluido, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz. Y, según dicen, muchos nombres desconocidos que, tal como corren los rumores, serían testaferros de altos personeros del gobierno. Ya veremos cuando se revele la lista oficialmente.
En el caso de las personas desconocidas para la opinión pública, habrá que hacer averiguaciones para conocer el monto y origen de sus fortunas. Pero en cuanto a los funcionarios públicos la cuestión es sencilla y está a la vista: todos sabemos cuanto ganan. Las preguntas, entonces, han de dirigirse en otro sentido: ¿el salario del diputado tal, o de la jueza equis, o del general fulano, o del fiscal mengano, por citar algunos ejemplos, les da como para tener propiedades y voluminosas cuentas en dólares en los Estados Unidos? Propiedades lujosas, según el decir del senador Marco Rubio.
Si la respuesta es negativa, hay que destapar la cloaca. Si, en efecto, hay funcionarios públicos cuyos ingresos no les da para semejantes lujos, ¿de dónde, entonces, sacaron el dinero, cómo justifican la fortuna para tener esas propiedades? Propiedades que, de Obama firmar la ley, serán embargadas, congeladas todas las cuentas bancarias y eliminadas las visas.
El gobierno insiste en que todo esto es contra el pueblo venezolano. No, el pueblo venezolano es muy distinto. El pueblo venezolano, cada día más pobre y lleno de penurias, no tiene dólares ni tiene nada, ni en Miami ni aquí.
