A la periodista Eleonora Delgado, corresponsal de El Nacional en San Cristóbal, le leo lo siguiente:
Personas no identificadas abrieron una página en Facebook para etiquetar con nombre y apellido y lugar de trabajo a funcionarios de la administración pública que simpatizaron con la candidatura de Henrique Capriles en las elecciones presidenciales del 14 de abril.
Cuestionan que quienes votaron por Capriles sean beneficiaros de misiones y cupos de estudio en universidades públicas creadas por el Gobierno nacional y compren alimentos en en Pdval o Mercal o consignen documentos para optar por una vivienda. “Publiquemos evidencias fotográficas de personal contratado de Dirección de Educación y Corposalud participando en actividades políticas de la oposición.
Aquí hay una gobernación bolivariana y al que no le guste la revolución que no se beneficie de ella”, eso advierte uno de los primeros mensajes.
En el perfil colocaron fotos y videos de marchas, concentraciones, cacerolazos, donde están los opositores, que ahora pasan a ser una suerte de ciudadanos de cuarta, execrados y condenados.
Esta es una referencia al caso Tachirense. Pero, en El Universal, nos hablan ya de Fetravargas -Federación de trabajadores de Vargas- instancia que se ha organizado para brindar asesoría legal a quienes han sido cesados en sus funciones. Acusan principalmente de despidos en la Gobernación de Vargas y en dependencias del Seniat, allá en el Estado Vargas.
Desde Margarita, El Sol de Margarita: “Sindicalistas denuncian despidos de obreros de la gobernación”.
El Diario El Correo del Caroní, en Ciudad Guayana, en su gran titular de hoy: “Bases sindicales del chavismo repudian la persecución política”. Sin embargo, no son casos aislados, es un hecho firme ya extendido a extendido toda a administración pública, y esa es la tónica, la característica del nuevo Gobierno del señor Maduro.
En El Universal: Estamos ratificando a un extraordinario compañero, Ricardo Molina un gran profesional de esta república. ¿Por qué se resalta la ratificación de Molina? Pues porque Molina es el que aparece en un video diciendo que no va a respetar las normas laborales, y va a raspar de ese Ministerio a todo aquel que no esté con la revolución.
De forma tal que hay venezolanos de primera -los que están con el Gobierno, con el régimen- y de segunda, tercera o cuarta, aquellos que se le oponen. Estos de segunda, tercera o cuarta, tienen problemas y tienen que respetar las leyes. Por ejemplo, hoy, en El Norte de Barcelona, destacan que los restaurantes en la zona norte del Estado van a tener que cerrar durante dos días consecutivos porque si no, no pueden cumplir con la Ley Orgánica del Trabajo. Bueno, eso es para ustedes señores de la empresa privada -y cuando se dice empresa privada, es bueno entender que el privado es usted, privado es todo lo que no sea Gobierno-. Pero el Ministro Molina no tiene problema, él no respeta la Ley Orgánica del Trabajo, no respeta absolutamente nada, y lo peor es que se llena la boca diciéndolo. Y al ser ratificado por Maduro se da a entender, a las claras, que estamos hablando de lo que será la política de este régimen. Una política de separación, un apartheid político sencillamente, inadmisible.
¿Piensan el señor Maduro y quienes le acompañan en esta gestión gubernamental que ese tipo de actitud puede tener éxito? ¿De verdad creen que así se puede avanzar en el país? ¿Por cuánto tiempo creen que puedan mantener esta política tan peligrosa y suicida?
Me parece obvio lo que están haciendo, con dos finalidades: 1.- Por parte de los que ocupan cargos de directores o gerentes en empresas del estado, el botar a los empleados que no votaron por Maduro, les hace ganar puntos con este impropio modelo de “jala mecatismo”. 2. De esta forma se está generando el precedente de que el que vote en contra, está botado. ¿Será que el gobierno está pensando en que se repetirán las elecciones presidenciales a corto plazo?
EG