Publicado en El Comercio
La incorporación del referendo revocatorio en la Constitución
venezolana fue promovida, con la vehemencia que le era característica, por el difunto presidente Hugo Chávez. En las redes sociales circula un video donde argumenta la necesidad de darle al pueblo la oportunidad de sancionar, a mitad de mandato, la labor de sus gobernantes. Eran otros tiempos, los altos precios del petróleo permitían su labor clientelar y el carisma del comandante se encargaba de cimentar el relato de una gesta bolivariana y revolucionaria a favor de los humildes. En realidad, sembró las cargas de profundidad populistas que luego dinamitarían la vida económica y social del país.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido el peor en la historia de Venezuela. Su gestión ostenta la más alta inflación del planeta, hay una escasez de productos básicos y de medicinas dignas de posguerra, cientos de personas mueren en manos del hampa, hay desnutrición en los niños y un vacío en los estómagos de sus padres. Hambre y desolación son sus señas de identidad. Pero la oligarquía roja que gobierna el país está blindada frente a la realidad, vive en permanente negación sin la menor voluntad de cambiar de rumbo.
Lejos de asumir el mensaje que le envió la sociedad en las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015 –un triunfo contundente de la oposición–, el gobierno pretende anular a la Asamblea Nacional (AN) valiéndose de los poderes públicos que le son afines para desconocer sus atributos constitucionales.
Frente a tan terribles circunstancias, la oposición representada en la Mesa de la Unidad Democática (MUD) decidió ejercer su derecho constitucional a revocar el mandato del presidente Maduro e inició los trámites para activarlo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Lo que debería ser un mecanismo normal, transparente, se ha convertido en una carrera de obstáculos para la oposición, ante la rapidez de las máximas autoridades del CNE para añadir requisitos y la lentitud para procesarlos cuando son cumplidos por la MUD.
Así, se le exigió la recolección de un grupo de firmas no menor de 1% del padrón electoral, lo que corresponde a 198 mil autógrafos con huella dactilar incluida, que no era necesario stricto sensu. Lejos de facilitar la tarea, el CNE se encargó de dificultarla situando los puntos de recolección de firmas en lugares distantes, de difícil acceso (algunos dignos de esas competencias televisivas de sobrevivencia). Aun así la gente salió a firmar y se superó con creces el número de rúbricas requeridas. A paso de tortuga con artritis, el CNE tardó semanas en dar la certificación de que se había cumplido con el requisito innecesario. Ahora corresponde recolectar un 20% de firmas para dar inicio al proceso revocatorio. Una etapa más.
Los más obcecados portavoces del partido de gobierno ya han cantado fraude, proferido todo tipo de amenazas y asegurado que este año no habrá referendo revocatorio. La presión de la MUD, y notoriamente la del gobernador y ex candidato presidencial Enrique Capriles, no ha perdido fuerza y sigue insistiendo en que se realice este año, lo cual de lograrse y ganarse implicaría la salida del presidente y la convocatoria de elecciones anticipadas.
Si el gobierno logra postergar hasta el año que viene el referendo revocatorio, continuaría en el poder aun con el presidente revocado, ya que su vicepresidente asumiría las labores de primer mandatario hasta el final del mandato. Un logro pírrico, vista la dimensión de la crisis.
Mientras más se empeñe el presidente Maduro en postergarlo, más largo será su vía crucis revocatorio. Según la últimas encuestas, muy pocos quieren que siga en el cargo.
