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La flota pesquera venezolana y la industria procesadora de productos del mar se fueron a pique por las importaciones masivas aupadas desde el Gobierno. Por ironía, el tiro bajo la línea de flotación se lo dieron oficiales militares encargados de velar por la soberanía nacional. Una empresa subsidiaria de la caja de ahorros del Ejército importó atún y otros bienes. El negocio se blindó con acceso garantizado a divisas del Estado a tasas preferenciales y alianzas con la nueva clase empresarial.
POR: ROBERTO DENIZ / armando.info
El negocio preferido de los militares venezolanos en la autodenominada Revolución Bolivariana es el de los alimentos. El origen de esa preferencia podría remontarse al año 2004, cuando Hugo Chávez creó el Ministerio de Alimentación. Desde entonces, el despacho y sus empresas adscritas han estado comandadas, casi en exclusividad, por los uniformados. Con el sucesor de Chávez desde 2013 en la presidencia, Nicolás Maduro, eso se ha mantenido hasta el punto de que el año pasado ascendió al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, a la condición de jefe de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, un plan con el que buscaba superar -hasta ahora, infructuosamente- la escasez crónica de alimentos, entre otros productos de consumo básico, que sufren los venezolanos desde hace años. Pero el binomio entre militares y alimentos ha sido tal que durante años una empresa espejo de la caja de ahorros del ejército importó y comercializó atún enlatado gracias a los dólares y al trato preferencial que recibió en la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
Desde 2003, cuando Hugo Chávez impuso por razones políticas un régimen severo de control de cambios, Cadivi era el organismo encargado de asignar los montos de monedas extranjeras que empresas, privadas o públicas, o individuos solicitaban para sus negocios. Al administrar las divisas en medio de un enrevesado sistema de tasas de cambios diversas y para un país sediento de importaciones, sus responsables tuvieron oportunidades casi ilimitadas de participar en esquemas de corrupción. Cerrado en 2013 por el presidente Maduro, al ente lo acusan connotados ex funcionarios del chavismo de ser la ventana por la que se fugaron miles de millones de dólares.
Cadivi también llegó a estar gobernada por militares. Fue así los entonces coroneles del ejército Manuel Barroso (ascendido a General en 2015) y Víctor Flores Correa, presidente y vicepresidente de Cadivi, respectivamente, allanaron el camino para que sus compañeros de armas de la Caja de Ahorros del Ejército Bolivariano (Caejerb) consiguieran divisas baratas a través de Inversora Caejer, una compañía subsidiaria pero con la autonomía de cualquier sociedad privada.
Inversora Caejer nació el 21 de febrero de 2008 y fue registrada por el presidente de Caejerb, el entonces coronel del ejército Antonio Rafael Gutiérrez Campos. La simbiosis entre la caja de ahorros y la compañía se mantiene: quien cumple el rol de presidente de una, también preside la otra. Desde diciembre de 2012 el entonces coronel, ex edecán de Chávez y hoy general de brigada, Alfredo Román Parra Yarza, está a cargo de ambas responsabilidades, de acuerdo al registro mercantil de Inversora Caejer.
La información pública revela que la extinta Cadivi liquidó a Inversora Caejer casi 10,5 millones de dólares hasta 2012, el último año en que los venezolanos gozaron la abundancia de la bonanza petrolera y vieron la última reelección de Chávez como presidente de la República. Luego, el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), institución que reemplazó a Cadivi desde finales de 2013, le liquidó entre enero y el 5 de septiembre de 2014 otros 10,7 millones de dólares. Para el momento de esta segunda racha de desembolsos ya el país se precipitaba en la crisis económica y se hacían sentir los recortes en las asignaciones de divisas para el sector privado. Pero para los militares no había restricciones.
Lo entregado a Inversora Caejer en esos nueve meses de 2014 superó, por ejemplo, lo pagado a trasnacionales como Bimbo, Chrysler o Johnson & Johnson; a farmacéuticas como Laboratorios Farma o Laboratorios Valmor e, incluso, a grandes operadores de telecomunicaciones como la filial venezolana de la española Telefónica. Aunque desconocida en el mundo empresarial, Inversora Caejer aflora como un gran actor de las importaciones al sistematizar la data del Registro Nacional de Contratistas (RNC) y buscar relaciones con el ámbito militar. Allí figura como contratante de Caejerb y con una nómina de apenas 15 empleados.
Atún verde oliva
El nombre de Inversora Caejer también se repite en los cientos de folios que forman el expediente judicial de la única investigación penal del Ministerio Público sobre las supuestas irregularidades cometidas en Cadivi. Es la causa contra Francisco Mariano Navas Lugo, también coronel del ejército y ex gerente de importaciones y seguimiento de exportaciones de Cadivi, y su primo José Daniel Stekman, ambos detenidos desde 2013.
Ni siquiera las sospechas que ya despertaba en 2012 entre las autoridades fueron obstáculo para que la empresa militar ganara la batalla del atún. Fue una victoria clamorosa para una empresa que nació como una probable distorsión de lo que es el fin natural de una caja de ahorros.
Cuatro años después de registrada, en 2012, Cadivi autorizó a Inversora Caejer alrededor de 8,3 millones de dólares para importar atún “aleta amarillo entero”, “pescado entero congelado a granel big eye”, “lomo de atún en aceite”, así como otros productos del mar que estarían destinados al servicio de alimentación del ejército.
De acuerdo a los papeles incluidos en el expediente del Ministerio Público, los proveedores de esas mercancías fueron las empresas ecuatorianas Maviga Inc, PacFisch y Conservas Isabel, así como la panameña Queen Fish.
Las solicitudes de divisas para importar esos alimentos apenas fueron una parte de las peticiones que la compañía presentó ante Cadivi para importar desde máquinas de ordeñar, videocámaras y “unidades de alimentación estabilizada (UPS)” hasta aparatos de radionavegación, todas adquiridas a empresas como SMB Entreprises Inc, Global Merchandise Distributors Inc o JD & FB Equipment and Supllies LLC, registradas en Florida, Estados Unidos, y pertenecientes a venezolanos. Las solicitudes sumaron casi 60 millones de dólares y encendieron la alarma de las propias autoridades administradoras del sistema cambiario. “En los meses subsiguientes comienzan a generarse una cantidad importante de solicitudes, específicamente 71, cuyos rubros y montos llamaron rápidamente la atención del área de análisis toda vez que aparentemente no se correspondían con la frecuencia, monto y rubros manejados por la institución”, detalla el informe contenido en el expediente judicial.
La ausencia de cifras oficiales de 2013 –las autoridades nunca publicaron datos relacionados con ese año- impide comprobar cuántas de las solicitudes aprobadas en 2012 fueron finalmente pagadas en el ejercicio siguiente, ya que en la extinta Cadivi podían transcurrir semanas y hasta meses entre la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) y la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD), esto es, el pago final de los dólares. Sí está claro, en cambio, que en 2014 los militares continuaron importando atún enlatado que terminó vendiéndose en supermercados privados con el sello Mar Caribe.
Además de Inversora Caejer, en la etiqueta que recubría las latas aparecían los nombres de otras dos importadoras del mismo producto: Importaciones Almora y Desarrollos Los Cocos Ranch. Se trata de una especie de rompecabezas empresarial que termina unido por el atún.
El dueño de Importaciones Almora es el empresario venezolano Adolfo Miguel Lovera Reyes. Esa no es la única compañía que lo une a Inversora Caejer. Lovera Reyes es también propietario de Importexal Corp, una sociedad registrada en Panamá en 2007 y que siete años después fue una de las proveedoras del atún ecuatoriano para los militares. Así consta en registros del movimiento portuario elaborado por la Cámara de Comercio de Puerto Cabello (CCPC) en base a la información que suministran las navieras. El 18 de junio de 2014 llegó al principal puerto del país el buque CMA CGM Alcázar, procedente del puerto de Manzanillo, en Panamá, con un cargamento de casi 121 toneladas de atún aleta amarilla congelado.
Lovera Reyes se define en su perfil de Linkedin como “socio-fundador” de Importexal Corp, pero la descripción de la compañía no incluye la comercialización de alimentos. “Empresa encargada de la logística y realización de proyectos de trading internacional que destaca por poseer clientes de gama privada y gubernamental que requieren comercializar en grandes cantidades rubros como: juguetes, útiles escolares, material de higiene y limpieza, entre otros”. En cualquier caso a la empresa le fue bien ya que de un capital inicial de 10.000 dólares saltó a 10 millones de dólares en 2016.
En esa misma red social, Lovera Reyes se exhibe como responsable de la marca de atún que comercializó Inversora Caejer, junto con su compañía Importaciones Almora. “Formada inicialmente para abastecer el mercado nacional y luego creada una marca de atún llamada Mar Caribe, comercializado de manera masiva a nivel nacional debido a su gran calidad”. En 2015 Importaciones Almora pasó a llamarse Group Almora 21 y se convirtió en una exportadora de alimentos que, entre otros productos, ofrece despachar desde el puerto de La Guaira el atún que antes importó y negoció con Inversora Caejer. La empresa nunca respondió a las peticiones de entrevistas para este reportaje.
Pese a lo publicado por el empresario, un decreto del Ministerio de Salud, publicado en la Gaceta Oficial 39.495 del 25 de agosto de 2010, confirma que la Cooperativa Turmero Azul 657987 obtuvo el registro sanitario para comercializar el atún de marca Mar Caribe “elaborado” por la empresa venezolana Conservas del Centro. Tanto la Cooperativa Turmero Azul 657987 como Conservas del Centro también están conectados con los protagonistas de esta historia: los militares de Inversora Caejer.
El “contralor” de Cooperativa Turmero Azul 657987 es Luis Medina Ramírez, un Mayor General del Ejército que a la postre terminó presidiendo la compañía estatal Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de Alimentación y responsable de planificar las compras públicas de alimentos en el exterior. Por su parte, los hermanos Faroh Cano, propietarios en Venezuela de Conservas del Centro, adquirieron en junio 2016 a la empacadora ecuatoriana Fishcorp, otra de las proveedoras del atún que en 2014 comercializó Inversora Caejer.
Negocio millonario
Bases de datos del comercio internacional como ImportGenius permiten cuantificar el valor de las importaciones de atún realizadas hace tres años por la compañía de la caja de ahorros del ejército. Sólo en 2014 Inversora Caejer realizó importaciones de atún por al menos unos 7,13 millones de dólares. Ese monto incluye la compra de alrededor de 1,25 millones de kilos del producto, sin los costos del flete y del seguro. En otras palabras, Inversora Caejer pagó 5,69 dólares por cada kilo de atún.
Un año después, en 2015, las compras de atún a Ecuador por parte de los militares sumaron, al menos, 1,8 millones de dólares por 300.000 kilos, a razón de 6,015 dólares por kilo, siguiendo con las estadísticas de ImportGenius. Aunque el Gobierno no ha divulgado las cifras de liquidación de divisas correspondientes a 2015 y 2016, en listados extraoficiales de ambos ejercicios no aparece Inversora Caejer.
Esa irrupción de Inversora Caejer en el negocio del atún coincidió con el súbito auge de las exportaciones de Ecuador para el mercado venezolano que, por una parte, despertaron sospechas entre las autoridades de ese país, y por la otra, dieron inicio al declive de la industria pesquera tradicional venezolana, que alguna vez estuvo entre las mayores del mundo. Partiendo de denuncias del Gremio de Industrias y Procesadores Atuneros, el Ministerio de Comercio de Ecuador llegó a reportar, incluso, que detrás del auge de la venta de atún a Venezuela a partir de 2011 hubo una “sobrevaloración de las exportaciones” y una “concentración del comercio en una sola empresa en desmedro de las tradicionales exportadoras”, según reseñó el portal Plan V.
En Venezuela la queja de los sindicatos y las organizaciones empresariales ha apuntado en la misma dirección. En varias oportunidades alertaron acerca de la inconveniencia de destinar divisas para importar el producto enlatado, mientras que líneas de producción de plantas venezolanas como la de atún Margarita, El Faro, Eveba, El Peñero, Arrecife y Oriente se paralizaban por falta de materia prima.
“Hacemos un llamado a las autoridades para que, en lugar de otorgar divisas a las empresas importadoras de atún enlatado, le otorguen las divisas a los proveedores de materia prima de la industria nacional, que es la que genera empleo y paga impuestos en el país”, expresó la Cámara Venezolana de la Industria de la Pesca (Cavenpesca) en un comunicado divulgado en mayo de 2015.
Aunque con capacidad para producir 240 millones de latas de atún cada año, las trabas impuestas por las autoridades y la imposibilidad para importar oportunamente los lomos de atún causaron un desplome. Por ello, en el escrito los empresarios se quejaban de que “desde finales del año pasado” el Ministerio de Alimentación “no ha aprobado los permisos de importación requeridos para poder reponer los inventarios de lomo de atún”, una suerte distinta a la que tuvo Inversora Caejer.
Dólares y trato preferencial en Cadivi
En el expediente judicial de la investigación del Ministerio Público sobre el caso de las irregularidades en Cadivi hay pistas para entender el auge de la empresa espejo de la caja de ahorros del ejército. “A principios del año 2010, la Caja de Ahorros del Ejército, quien recibía aportes provenientes tanto del personal activo adscrito a dicha institución, como de las colocaciones efectuadas en la bolsa, decidió efectuar importaciones de diversos productos como mecanismo de obtención de ingresos adicionales, razón por la cual manifestaron la intención de registrarse como usuario del Sistema Automatizado de Divisas”, dice el informe sobre Inversora Caejer.
El escrito precisa que en ese mismo año Inversora Caejer efectuó una primera solicitud de adquisición de divisas para importar “carne de bovino congelada”, pero la operación se anuló. Luego “solicitó ante el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, habilitación para efectuar importaciones bajo la modalidad de pago a la vista” y pese a obtenerla no continuó con el trámite por la falta de “garantía en moneda extranjera”.
Pero la solución estaba por llegar. “Como consecuencia de lo anterior, y en aras de obtener los privilegios y beneficios de las empresas del Estado, Inversora Caejer solicitó la inclusión en el Sistema Automatizado de la Comisión como usuario del sector público y consignó oficio número 5828 de fecha 14/8/2010, emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, siendo este requisito indispensable para realizar dicha inclusión”.
Esa fue la llave que abrió definitivamente las puertas de Cadivi y de los tan ansiados dólares preferenciales para los militares. La calificación como compañía pública garantizó celeridad en los trámites de compra de dólares o la omisión de recaudos exigidos a cualquier empresa privada, entre otros beneficios. “Para el año 2011 la Inversora Caejer realiza durante ese período siete solicitudes para importar equipos de computación y aparatos receptores de televisión con la finalidad de comercializarlos a precios solidarios hacia los miembros afiliados a la institución, así como atún, filetes de merluzas y filetes de pescado frescos, refrigerados o congelados en función de continuar con el abastecimiento al mismo servicio de alimentación del ejército”, refiere el informe.
Un año después se encendieron las alarmas de los entes de supervisión. A comienzos de 2012, refiere el informe contenido en el expediente judicial, el coronel del ejército, Asnoldo Prieto Chacín, presidente de la Caja de Ahorros del Ejército e Inversora Caejer, se reunió con el coronel Víctor Flores Correa, vicepresidente de administración y control de divisas de Cadivi, para obtener “la orientación necesaria para proseguir el proceso de importación por parte de la misma a fin de procurar mayores ingresos para beneficio de los asociados”, que son 11.000, en el caso de Caejerb. Allí se abrió el camino para que la caja de ahorros del ejército también se convirtiera en un gran importador de mercancías con dólares preferenciales.
