Publicado por infobae
Un artículo publicado por el periódico estadounidense argumenta que el gobierno de Nicolás Maduro está ganando la pelea contra la protesta pública y que las instituciones democráticas se aproximan a ceder ante el autoritarismo
24 de junio de 2017
Un artículo publicado por el periódico Wall Street Journal argumenta que la batalla por la democracia en Venezuela está llegando a su etapa final. Ya sin vuelta atrás, los últimos acontecimientos del gobierno de Nicolás Maduro arriesgan ceder las instituciones democráticas de un país que solía ser de los más ricos de América Latina a la corrupción y a la miseria.
La expresión más enfática de este proceso de transformación institucional fue la llamada del presidente venezolano a una Asamblea Constituyente prevista para el 30 de julio que prevé revisar la Constitución Nacional para que consejos comunales que apoyan al gobierno reemplacen las funciones tradicionales de los gobiernos estatales y el Congreso dominado por la oposición.
Irónicamente, los mismos problemas que amenazan la estabilidad del país, como la depresión económica, el conflicto social y el narcotráfico, son los mismos pretextos que utiliza el gobierno para promover sus movimientos políticos. Cuando Maduro convocó la apertura de la Constituyente, justificó su decisión como una medida necesaria para sobreponerse de manera pacífica a la depresión y a las manifestaciones diarias en las cuales ya murieron más de 90 civiles.
Si la asamblea de 545 miembros que establecerá la Constituyente se consolida, mantendrán poder absoluto sobre el país durante el proceso de revisión del acta constitutiva, que podría tardar años. Al mismo tiempo, se espera que la asamblea postergue las próximas elecciones presidenciales.
En este contexto, concluye David Smilde, un experto de Venezuela de la Universidad Tulane, “esta es la última batalla por la democracia en Venezuela”.
El ejército y el petróleo son las dos fuentes principales del poder en Venezuela. Cuando Hugo Chávez fue electo presidente en las elecciones de 1998, despidió a 19.000 empleados de la firma estatal Petróleos de Venezuela y los reemplazó por seguidores fieles a su mandato. Luego del corto y fallido golpe de estado en 2002, también despejó las barracas, entregando al ejército a la indoctrinación y entrenamiento a sus aliados en Cuba.
En los próximos años, se dispararon los precios del crudo y Chávez aumentó el gasto público descontroladamente. En vez de aprovechar las condiciones favorables de la economía global para ahorrar, no solo mantuvo un déficit presupuestario casi permanentemente, sino que también se endeudó con prestamistas de Wall Street, China y Rusia. Regaló miles de millones de dólares de petróleo a Cuba, Nicaragua e incluso a Boston y a Londres para jactarse de su abundancia sobre el recurso natural.
La cantidad de funcionarios públicos se duplicó a cinco millones y aumentó el creciente gasto gubernamental. La emisión de billetes causó una inflación inmanejable, por lo cual decidió congelar ciertos precios incluso a niveles inferiores al costo de producción. Compañías que se rehusaron a vender aún sufriendo pérdidas fueron confiscadas, lo cual agravó la escasez de productos y sometió a los consumidores a depender de importaciones.
Cuando el precio del petróleo comenzó a bajar en 2014, el país ya no pudo pagar por las importaciones, que han caído de USD 66.000 millones en 2012 a unos USD 15.500 millones este año.
Para fines de este año, la economía de Venezuela se reduciría alrededor de un tercio en los últimos cuatro años, una caída similar a la de Cuba luego de la disolución de la Unión Soviética.
“El objetivo final de Maduro es convertir a Venezuela en Cuba. Y no vamos a aceptar ser puestos en esa jaula”, dijo Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional dominada por la oposición.
Según el Fondo Monetario Internacional, se estima que la inflación rondará el 720% en 2017 y superará el 2.000% el año que viene. La escasez de recursos es tan aguda que tres de cada cuatro venezolanos han bajado un promedio de ocho kilos el año pasado, según una encuesta conducida por universidades venezolanas.
“El gobierno está desesperado porque sabe que la próxima elección presidencial será su última”, dijo César Miguel Rondón, un popular conductor de radio cuyo pasaporte fue confiscado recientemente cuando intentó viajar a Miami con su familia para un viaje de negocios. “Soy un rehén en mi propio país”, agregó.
Desde que comenzaron las protestas diarias en las calles el 1 de abril, la persecución política por parte del gobierno es cada vez más imponente. Su número de prisioneros políticos ha aumentado a 391, casi cuatro veces más que el año previo, según el grupo de derechos humanos Foro Penal. Últimamente, el gobierno ha concentrado sus esfuerzos en intentar de remover a la fiscal general del país, Luisa Ortega Diaz, de su puesto desde que se opuso a la Constituyente de Maduro, un caso que está siendo procesado por el Tribunal Supremo de Justicia.
Además, al gobierno lo eclipsan varias acusaciones de narcotráfico y de corrupción que involucra a la familia del mismo presidente. Dos sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, aún esperan su sentencia en Nueva York luego de ser declarados culpables de importar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos a través de Honduras. Los cargos por narcotráfico también comprometen al Ministro de Interior, Néstor Reverol, el vicepresidente Tareck El Aissimi y al presidente de la Corte Suprema, Maikel José Moreno Pérez. Todos los acusados se han declarado inocentes y apuntan a una trama estadounidense para desestabilizar al país.
Como sus cargos en el poder son lo único que mantienen al gobierno de Maduro lejos de una cárcel en Estados Unidos, algunos analistas argumentan que las mencionadas acusaciones en realidad agravan la crisis venezolana.
“La relación del régimen con la delincuencia y el narcotráfico es lo que hace más difícil que renuncien el poder”, opinó Harold Trinkunas, un experto en Venezuela de la Universidad de Stanford. “Muchos tienen que preocuparse de que si pierden sus cargos, serán colocados en un avión rumbo a EE.UU”.
La Administración de Trump ha criticado la Constituyente de Maduro y llama al “respeto por las normas y procesos democráticos”. También instó que Venezuela libere a sus prisioneros políticos, que respeten al Congreso controlado por la oposición y que “celebren elecciones libres y democráticas”.
En cuanto a las denuncias por corrupción, el ex Ministro de Planificación, Jorge Giordani, que renunció a su cargo en 2014 disgustado por el gobierno, dijo en 2015 que de alrededor de un billón de dólares de importes recibidos durante los años chavistas, dos tercios habían sido distribuidos a trabajadores a través de subsidios y transferencias en efectivo. Lo restante, que equivalen a más de USD 300.000 millones, “cayó a través de las grietas”.
Alberto Barrera, autor de una biografía de Chávez que ahora vive en Ciudad de México, piensa que el momento en que él y la oposición deberán bajar los brazos y abandonar la lucha está cada vez más cerca.
“Me pregunto cuándo despertaré y me daré cuenta: ‘Nos vencieron’. Que todo ha terminado y que el país que conocí se ha ido”, dijo.
