Publicado en El Comercio
El socialismo del siglo XXI ha perdido toda legitimación
democrática. Atrás han quedado los días cuando su fundador, el finado líder galáctico Hugo Chávez, se vanagloriaba de ganar elección tras elección gracias al apoyo popular que se supo granjear mediante una robusta chequera petrolera y un verbo caritativo y populista. Su embrujo desorientó a más de un incauto mandatario regional y los petrodólares que entonces fluían a borbotones se encargaron de doblegar la voluntad de otros tantos.
Tras más de tres lustros en el poder, el experimento chavista ha sumido a Venezuela en la peor de las miserias, desvastado a un país rico en recursos naturales, diezmado una industria petrolera que alguna vez fue un paradigma mundial y convertido a sus ciudadanos en seres acorralados por la escasez, el hambre, la inseguridad y la ausencia de futuro. No satisfecha con tamaña obra de destrucción, la nomenclatura que gobierna ha decidido asfixiar la poca institucionalidad democrática que quedaba vigente.
La figura del referendo revocatorio (RR) fue incorporada en la actual Constitución por el difunto presidente Hugo Chávez. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) optó por poner en marcha el mecanismo revocatorio dando inicio a un largo calvario para cumplir los requisitos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) iba diseñando sobre la marcha para retardar su convocatoria. Aun así, la MUD insistió y aceptó las fechas del 26, 27 y 28 de octubre propuestas por el propio CNE para recolectar el consentimiento del 20% de las personas inscritas en el padrón electoral en los estados.
Sin embargo, ante lo que se anunciaba como un tsunami de tres días de repudio al gobierno y al primer mandatario, el oficialismo decidió recurrir a varios tribunales de provincia –sin ninguna jurisdicción electoral– para impugnar el 1% de las firmas que había recogido previamente la MUD para dar inicio al proceso revocatorio. El CNE no tardó unas horas para suspender “hasta nuevo aviso” todo el proceso revocatorio.
Se abre así una nueva etapa en la lucha por la recuperación democrática de Venezuela. El gobierno sabe que no tiene apoyo popular, todas las encuestas indican un rechazo mayoritario hacia su gestión –incluso en su base de apoyo tradicional– y el disenso entre los partidarios de la primera hora es público y creciente. Por eso ha decidido huir hacia adelante, acelerar la marcha hacia el precipicio y obturar todo resquicio de institucionalidad democrática.
Los principales líderes de la oposición están bajo constante amenaza. Al gobernador del estado de Miranda y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, y al secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, se les ha dictado prohibición de salida del país. El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, es constantemente amenazado por el propio primer mandatario, quien, además, se negó a presentar el presupuesto para el 2017 ante la asamblea como es su deber constitucional.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha denunciado una vez más la deriva antidemocrática del gobierno, pero está por verse si los países en la región estarán dispuestos a activar la Carta Democrática Interamericana. La situación ha cambiado en el continente y son cada vez más los gobiernos –notablemente el del Perú– que han manifestado su preocupación por la situación en Venezuela. Ojalá y esa preocupación se convierta en un ánimo para poner en marcha los mecanismos de presión como la Carta Democrática. Por eso es tan importante el reciente comunicado de 15 países miembros de la OEA sobre la situación en Venezuela.
La MUD ha reiterado su llamado a resistir pacíficamente la nueva embestida del oficialismo. Los días que vienen serán muy complicados, la oposición democrática ha llevado a cabo una larga lucha por salvar la democracia y defender la libertad. Por momentos lo ha hecho íngrima y sola y, ahora más que nunca, requiere el apoyo de las fuerzas democráticas en la región.
La encrucijada de Venezuela es también de la región.
